Acuerdo de la Cámara de Diputados
El siguiente acuerdo fue aprobado por 81 votos contra 47 en la cámara de diputados chilena el 22 de agosto de 1973. En él se explicitan los actos antiliberales, antidemocráticos y anticonstitucionales de Salvador Allende, al que aún siguen algunos considerando un demócrate ejemplar.
Considerando:
1º Que es
condición esencial para la existencia de un Estado de Derecho que los
Poderes Públicos, con pleno respeto al principio de independencia
recíproca que los rige, encuadren su acción y ejerzan sus atribuciones
dentro de los marcos que la Constitución y las leyes les señalan, y que
todos los habitantes del país puedan disfrutar de las garantías y
derechos fundamentales que les asegura la Constitución Política del
Estado;
2º Que la juridicidad del Estado chileno es patrimonio del pueblo que
en el curso de los años ha ido plasmando en ella el consenso
fundamental para su convivencia y atentar contra ella es, pues,
destruir no sólo el patrimonio cultural y moral de nuestra nación sino
que, en la práctica, negar toda posibilidad de vida democrática;
3º Que son estos valores y principios los que se expresan en la
Constitución Política del Estado que, de acuerdo a su artículo 2º,
señala que la soberanía reside esencialmente en la nación y que las
autoridades no pueden ejercer más poderes que los que ésta les delegue
y, en el artículo 3º, se deduce que un Gobierno que se arrogue derechos
que el pueblo no le ha delegado, incurre en sedición;
4º Que el actual Presidente de la República fue elegido por el Congreso
Pleno previo acuerdo en torno a un estatuto de garantías democráticas
incorporado a la Constitución Política, el que tuvo como preciso objeto
asegurar el sometimiento de la acción de su Gobierno a los principios y
normas del Estado de Derecho, que él solemnemente se comprometió a
respetar;
5º Que es un hecho que el actual Gobierno de la República, desde sus
inicios, se ha ido empeñando en conquistar el poder total, con el
evidente propósito de someter a todas las personas al más estricto
control económico y político por parte del Estado y lograr de ese modo
la instauración de un sistema totalitario, absolutamente opuesto al
sistema democrático representativo, que la Constitución establece;
6º Que, para lograr este fin, el Gobierno no ha incurrido en
violaciones aisladas de la Constitución y de la ley, sino que ha hecho
de ellas un sistema permanente de conducta, llegando a los extremos de
desconocer y atropellar sistemáticamente las atribuciones de los demás
Poderes del Estado, violando habitualmente las garantías que la
Constitución asegura a todos los habitantes de la República, y
permitiendo y amparando la creación de poderes paralelos, ilegítimos,
que constituyen un gravísimo peligro para la nación, con todo lo cual
ha destruido elementos esenciales de la institucionalidad y del Estado
de Derecho;
7º Que, en lo concerniente a las atribuciones del Congreso Nacional,
depositario del Poder Legislativo, el Gobierno ha incurrido en los
siguientes atropellos:
a) Ha usurpado al Congreso su principal función, que es la de legislar,
al adoptar una serie de medidas de gran importancia para la vida
económica y social del país, que son indiscutiblemente materia de ley,
por decretos de insistencia dictados abusivamente o por simples
resoluciones administrativas fundadas en "resquicios legales", siendo
de notar que todo ello se ha hecho con el propósito deliberado y
confeso de cambiar las estructuras del país, reconocidas por la
legislación vigente, por la sola voluntad del Ejecutivo y con
prescindencia absoluta de la voluntad del legislador;
b) Ha burlado permanentemente las funciones fiscalizadoras del Congreso
Nacional al privar de todo efecto real a la atribución que a éste le
compete para destinar a los Ministros de Estado que violan la
Constitución o la ley o cometen otros delitos o abusos señalados en la
Carta Fundamental, y
c) Por último, lo que tiene la más extraordinaria gravedad, ha hecho
"tabla rasa" de la alta función que el Congreso tiene como Poder
Constituyente, al negarse a promulgar la reforma constitucional sobre
las tres áreas de la economía, que ha sido aprobada con estricta
sujeción a las normas que para ese efecto establece la Carta
Fundamental;
8º Que, en lo que concierne al Poder Judicial, ha incurrido en los siguientes desmanes:
a) Con el propósito de minar la autoridad de la magistratura y de
doblegar su independencia, ha capitaneado una infamante campaña de
injurias y calumnias contra la Excma. Corte Suprema y ha amparado
graves atropellos de hecho contra las personas y atribuciones de los
jueces;
b) Ha burlado la acción de la justicia en los casos de delincuentes que
pertenecen a partidos y grupos integrantes o afines del Gobierno, ya
sea mediante el ejercicio abusivo del indulto, o mediante el
incumplimiento deliberado de órdenes de detención;
c) Ha violado leyes expresas y ha hecho "tabla rasa" del principio de
separación de los Poderes, dejando sin aplicación las sentencias o
resoluciones judiciales contrarias a sus designios y, frente a las
denuncias que al respecto ha formulado la Excma. Corte Suprema, el
Presidente de la República ha llegado al extremo inaudito de arrogarse
en tesis el derecho de hacer un "juicio de méritos" a los fallos
judiciales, determinando cuándo éstos deben ser cumplidos;
9º Que, en lo que se refiere a la Contraloría General de la República
--un organismo autónomo esencial para el mantenimiento de la
juridicidad administrativa-- el Gobierno ha violado sistemáticamente
los dictámenes y actuaciones destinados a representar la ilegalidad de
los actos del Ejecutivo o de entidades dependientes de él;
10º Que entre los constantes atropellos del Gobierno a las garantías y
derechos fundamentales establecidos en la Constitución, pueden
destacarse los siguientes:
a) Ha violado el principio de igualdad ante la ley, mediante
discriminaciones sectarias y odiosas en la protección que la autoridad
debe prestar a las personas, los derechos y los bienes de todos los
habitantes de la República, en el ejercicio de las facultades que dicen
relación con la alimentación y subsistencia y en numerosos otros
aspectos, siendo de notar que el propio Presidente de la República ha
erigido estas discriminaciones en norma fundamental de su Gobierno, al
proclamar desde el principio que él no se considera Presidente de todos
los chilenos;
b) Ha atentado gravemente contra la libertad de expresión, ejerciendo
toda clase de presiones económicas contra los órganos de difusión que
no son incondicionales adeptos del Gobierno; clausurando ilegalmente
diarios y radios; imponiendo a estas últimas "cadenas" ilegales;
encarcelando inconstitucionalmente a periodistas de oposición;
recurriendo a maniobras arteras para adquirir el monopolio del papel de
imprenta, y violando abiertamente las disposiciones legales a que debe
sujetarse el Canal Nacional de Televisión, al entregarlo a la dirección
superior de un funcionario que no ha sido nombrado con acuerdo del
Senado, como lo exige la ley, y al convertirlo en instrumento de
propaganda sectaria y de difamación de los adversarios políticos;
c) Ha violado el principio de autonomía universitaria y el derecho que
la Constitución reconoce a las Universidades para establecer y mantener
estaciones de televisión, al amparar la usurpación del Canal 9 de la
Universidad de Chile, al atentar por la violencia y las detenciones
ilegales contra el nuevo Canal 6 de esa Universidad, y al obstaculizar
la extensión a provincias del Canal de la Universidad Católica de Chile;
d) Ha estorbado, impedido y, a veces, reprimido con violencia el
ejercicio del derecho de reunión por parte de los ciudadanos que no son
adictos al régimen, mientras ha permitido constantemente que grupos a
menudo armados, se reúnan sin sujeción a los reglamentos pertinentes y
se apoderen de calles y caminos para amedrentar a la población;
e) Ha atentado contra la libertad de enseñanza, poniendo en aplicación
en forma ilegal y subrepticia, a través del llamado Decreto de
Democratización de la Enseñanza, un plan educacional que persigue como
finalidad la concientización marxista;
f) Ha violado sistemáticamente la garantía constitucional del derecho
de propiedad, al permitir y amparar más de 1.500 "tomas" ilegales de
predios agrícolas, y al promover centenares de "tomas" de
establecimientos industriales y comerciales para luego requisarlos o
intervenirlos ilegalmente y constituir así, por la vía del despojo, el
área estatal de la economía; sistema que ha sido una de las causas
determinantes de la insólita disminución de la producción, del
desabastecimiento, el mercado negro y el alza asfixiante del costo de
la vida, de la ruina del erario nacional y, en general, de la crisis
económica que azota al país y que amenaza el bienestar mínimo de los
hogares y compromete gravemente la seguridad nacional;
g) Ha incurrido en frecuentes detenciones ilegales por motivos
políticos, además de las ya señaladas con respecto a los periodistas, y
ha tolerado que las víctimas sean sometidas en muchos casos a
flagelaciones y torturas;
h) Ha desconocido los derechos de los trabajadores y de sus
organizaciones sindicales o gremiales, sometiéndolos, como en el caso
de El Teniente o de los transportistas, a medios ilegales de represión;
i) Ha roto compromisos contraídos para hacer justicia con trabajadores
injustamente perseguidos como los de Sumar, Helvetia, Banco Central, El
Teniente y Chuquicamata; ha seguido una arbitraria política de
imposición de las haciendas estatales a los campesinos, contraviniendo
expresamente la Ley de Reforma Agraria; ha negado la participación real
de los trabajadores de acuerdo a la Reforma Constitucional que les
reconoce dicho derecho; ha impulsado el fin de la libertad sindical
mediante el paralelismo político en las organizaciones de los
trabajadores;
j) Ha infringido gravemente la garantía constitucional que permite
salir del país, estableciendo para ello requisitos que ninguna ley
contempla.
11º Que contribuye poderosamente a la quiebra del Estado de Derecho, la
formación y mantenimiento, bajo el estímulo y la protección del
Gobierno, de una serie de organismos que son sediciosos porque ejercen
una autoridad que ni la Constitución ni la ley les otorgan, con
manifiesta violación de lo dispuesto en el artículo 10 Nº 16 de la
Carta Fundamental, como por ejemplo, los Comandos Comunales, los
Consejos Campesinos, los Comités de Vigilancia, las JAP, etc.;
destinados todos a crear el mal llamado "Poder Popular", cuyo fin es
sustituir a los Poderes legítimamente constituidos y servir de base a
la dictadura totalitaria, hechos que han sido públicamente reconocidos
por el Presidente de la República en su último Mensaje Presidencial y
por todos los teóricos y medios de comunicación oficialistas;
12º Que en la quiebra del Estado de Derecho tiene especial gravedad la
formación y desarrollo, bajo el amparo del Gobierno, de grupos armados
que, además de atentar contra la seguridad de las personas y sus
derechos y contra la paz interna de la Nación, están destinados a
enfrentarse contra las Fuerzas Armadas; como también tiene especial
gravedad el que se impida al Cuerpo de Carabineros ejercer sus
importantísimas funciones frente a las asonadas delictuosas perpetradas
por grupos violentistas afectos al Gobierno. No pueden silenciarse, por
su alta gravedad, los públicos y notorios intentos de utilizar a las
Fuerzas Armadas y al Cuerpo de Carabineros con fines partidistas,
quebrantar su jerarquía institucional e infiltrar políticamente sus
cuadros;
13º Que al constituirse el actual Ministerio, con participación de
altos miembros de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, el
Excmo. señor Presidente de la República lo denominó "de seguridad
nacional" y le señaló como tareas fundamentales las de "imponer el
orden político" e "imponer el orden económico", lo que sólo es
concebible sobre la base del pleno restablecimiento y vigencia de las
normas constitucionales y legales que configuran el orden institucional
de la República;
14º Que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros son y deben ser,
por su propia naturaleza, garantía para todos los chilenos y no sólo
para un sector de la Nación o para una combinación política. Por
consiguiente, su presencia en el Gobierno no puede prestarse para que
cubran con su aval determinada política partidista y minoritaria, sino
que debe encaminarse a restablecer las condiciones de pleno imperio de
la Constitución y las leyes y de convivencia democrática indispensable
para garantizar a Chile su estabilidad institucional, paz civil,
seguridad y desarrollo;
15º Por último, en el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 39 de la Constitución Política del Estado
LA CAMARA DE DIPUTADOS ACUERDA:
PRIMERO: Representar a S.E. el Presidente de la República y a los
señores Ministros de Estado y miembros de las Fuerzas Armadas y del
Cuerpo de Carabineros, el grave quebrantamiento del orden
constitucional y legal de la República que entrañan los hechos y
circunstancias referidos en los considerandos Nºs 5 a 12 precedentes;
SEGUNDO: Representarles, asimismo, que, en razón de sus funciones, del
juramento de fidelidad a la Constitución y a las leyes que han prestado
y, en el caso de dichos señores Ministros, de la naturaleza de las
instituciones de las cuales son altos miembros y cuyo nombre se ha
invocado para incorporarlos al Ministerio, les corresponde poner
inmediato término a todas las situaciones de hecho referidas, que
infringen la Constitución y las leyes, con el fin de encauzar la acción
gubernativa por las vías del Derecho y asegurar el orden constitucional
de nuestra patria y las bases esenciales de convivencia democrática
entre los chilenos;
TERCERO: Declarar que, si así se hiciere, la presencia de dichos
señores Ministros en el Gobierno importaría un valioso servicio a la
República. En caso contrario, comprometerían gravemente el carácter
nacional y profesional de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de
Carabineros, con abierta infracción a lo dispuesto en el artículo 22 de
la Constitución Política y con grave deterioro de su prestigio
institucional, y
CUARTO: Transmitir este acuerdo a S.E. el Presidente de la República y
a los señores Ministros de Hacienda, Defensa Nacional, Obras Públicas y
Transportes y Tierras y Colonización.