9 de Mayo de 2008

La ironía no vale, querido. Mira el concepto de discriminación positiva y verás que está hecho precisamente para escudarse contra críticas como la tuya. Por ahí no los pillarás nunca. Hay que hacerles frente de forma frontal, valga la redundancia, porque ellos dicen que debido a la discriminación histórica contra la mujer el hecho de que el paro aumente más entre ellos que entre ellas es un caso de justicia. Hay que buscar otras vías para cuestionar su discurso.

Tómate lo que quieras, Rallo. Por lo de la perspicacia.

Creo haber descubiero un factor adicional para explicar la diferencias entre sexos de esa tasa de variación del paro al leer la “Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres”(http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/23/pdfs/A12611-...). Recomiendo su lectura (aunque, sea un farragoso coñazo) para percibir en toda su extensión los estremecedores postulados de esta vesania contra la libertad. Confieso que no había leído ese engendro, que las huestes zapateristas han denominado Ley, y me había quedado solo con lo de la paridad aproximada en las listas electorales, lo de unos cuantos puestos para mujeres en los consejos de administración de empresas, el permiso (retribuido por la Seguridad Social) de paternidad y tal. Eso solo es la parte amable, por decirlo suave e irónicamente.

Aunque lleva poco tiempo formalmente en vigor, ahora pienso que el título de este hilo puede ser una consecuencia, al menos en parte, de la intimidación que ha introducido en las relaciones laborales esa Ley. Si en un principio los defensores de esas medidas entendieron que estas medidas solo podían vincular a la organización del Estado, esa contención ha saltado por los aires. Se ha introducido, la presunción de que el despido de una mujer es discriminatorio (y, por lo tanto, nulo). Por lo menos inicialmente, no debe sorprender que los empresarios escojan preferentemente a los hombres para los despidos por causas económicas, dado que la muy probable declaración de nulidad del de una mujer comportaría los tremendos costes atribuidos a esa declaración judicial: readmisión inmediata en el puesto de trabajo y pago de los salarios dejados de percibir durante la tramitación del procedimiento judicial. Dada la regulación del despido, estoy seguro de que entre el improcedente y el nulo, no hay color para los empresarios.

Durante la pasada campaña electoral, ZP y su camarilla, con toda la trompetería de sus medios de comunicación afines, se jactaban de haber promulgado esta Ley. Pues bien, estos señores han dinamitado ese postulado de la igualdad de los individuos ante la Ley (objetivo siempre precario, pero, como mínimo, guía al fín y al cabo). En consecuencia, desde mi punto de vista, el texto de esa Ley es inconstitucional de cabo a rabo. Pero, a estas alturas, ¿a quién le importa en la nomenclatura española cumplir las reglas de un Estado de derecho? De quedar algo en España, ya solo queda un Estado arbitrario como hidra proteica.