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Bitácora de José Carlos Rodríguez

El presidente del Tribubal Supremo de los Estados Unidos más famoso es sin duda John Marshall. Le guiaban dos ideas principales: la defensa de los derechos de propiedad y la extensión del poder central (federal) frente a los derechos de los Estados.

Esta doble posición ideológica se reflejó perfectamente en su decisión McCulloch vs Maryland, en la que decretó que era inconstitucional que los Estados gravaran con impuestos los bienes y las instituciones federales.

El Estado de Maryland exigía el cobro de impuestos sobre los bancos que emitieran notas, cosa que hacía, claro está, la delegación de Baltimore del Banco de los Estados Unidos (precedente de la Reserva Federal). Al frente de esta delegación estaba McCulloch, que llevó la pretensión del Estado de Maryland a los tribunales, alegando que ese impuesto era inconstitucional. Marshall, en su sentencia (1819) daba la razón a McCulloch, con unas palabras que no me resisto a citar en inglés: That the power to tax involves the power to destroy; that the power to destroy may defeat and render useless the power to create. En español no queda tan eufónico: Que el poder de gravar impuestos implica el poder de destruir; que el poder de destruir puede vencer y hacer inútil el poder de crear.

Bien, pues todo esto para decir que el poder de imponer, que es el de destruir, no solo se aplica a las iniciativas del poder central. Lógicamente, también influye a las empresas. Sobre todo a las empresas. Digo esto a cuenta de una noticia que ha pasado desapercibida, pero que puede tener mucha relevancia:

Los inspectores de Hacienda denuncian que el Gobierno intenta controlar los expedientes de las grandes empresas

La Organización de Inspectores de Hacienda del Estado ha denunciado el intento del Gobierno de ejercer un control político en la decisión de actas de disconformidad con cuotas superiores a los 6 millones de euros, lo que sólo afectaría a las grandes empresas. Así lo prevé el Reglamento de la Ley General Tributaria que, según los inspectores, “limita” las facultades legales de los inspectores jefe y establece la intervención obligatoria de una Comisión Consultiva, "ajena" a la Inspección de Hacienda, que tendría la última palabra. (más).

Si uno hace la ley fiscal lo suficientemente complicada y se reserva el derecho de gestionar los expedientes de las empresas grandes, lo que tiene entre manos es un poder inmenso. Esta medida elimina un obstáculo más para ese poder: los funcionarios. Libre de la atadura de la mera aplicación de las normas fiscales por los inspectores, el Gobierno puede ahora hacer y deshacer en la compleja relación de las empresas con su ladrón. El mensaje es siempre el mismo: el que se mueve no sale en la foto.