España

La Falange propone incluir en el Código Penal un delito de apología del separatismo. Existe en nuestro actual Código un precedente de delito de opinión. El artículo 607.2 establece penas de uno a dos años de prisión para los casos de apología del genocidio. En la práctica, este tipo penal se creó para reprimir a quienes negasen públicamente el Holocausto judío. Creemos que las actuales circunstancias políticas, con los desafíos constantes de instituciones autonómicas a la Unidad de España, justifican sobradamente la inclusión de este delito de opinión. Creemos que la negación pública de la existencia de la nación española por parte de cargos electos que cobran sus sueldos del bolsillo de los contribuyentes españoles causa mucha más alarma social que la negación del Holocausto, y además, supone una amenaza real para el futuro de España. Todo lo cual justificaría sobradamente la inclusión de un artículo como el que sigue:

"El que por cualquier medio, con la intención de separar de la nación española una parte de su territorio, alentase a otros a hacerlo o negase la existencia histórica de España como nación, será castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años.

Si el que incurriese en alguna de las conductas previstas en el párrafo anterior fuese cargo público de cualquiera de las administraciones del Estado, será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años y con inhabilitación absoluta a perpetuidad.”

Igualmente estimamos imprescindible aumentar el castigo por el delito de ultraje a la bandera, que actualmente es sólo de multa, por otro de prisión de uno a dos años.

Creemos que el actual Estado de las Autonomías debe ser claramente reconducido a un marco más administrativo y menos político. La administración central del Estado debe recuperar todas las competencias transferidas a las CC.AA. en materia de Educación y Orden Público con la correspondiente disolución de todos los cuerpos de policía autonómicos.

El Estado debe atreverse a suspender cuantas veces haga falta el régimen de las autonomías que incumplan las leyes o desafíen la autoridad del gobierno central.