España

Me atendré sólo a esta cláusula. Obsérvese que, si se sigue escrupulosamente el procedimiento previsto para la reforma de la Constitución y el resultado fuera un texto según el cual la nueva constitución eliminara el reconocimiento de “la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles” el proyecto del Parlamento de Cataluña podría aprobarse con ese “ARTICLE 1” tal y como está redactado sin que las cosas llegaran a ser más graves de los que son, que lo son mucho.

Puesto que se trata de una reforma de “Titulo preliminar” no sólo debe aplicarse el capítulo 167, que hace por sí mismo imposible la aprobación, como no se diera una difícilmente imaginable traición del Partido Popular a sus votantes en un tema clave para ellos (traición que probablemente abocaría a su desaparición), sino una aplicación del artículo 168, que supone una disolución de las Cortes actuales.

ANTE TODO. ¿Por qué es posible pensar en que hay un proyecto de avanzar en el proceso del golpe de Estado?

Primero, por la tradición golpista del PSOE.

Segundo, por la calidad moral de sus miembros, demostrada por activa y por pasiva en los últimos treinta años, a la vista de todo el mundo.

Tercero, porque el hecho de que un partido, que ha demostrado de forma tan ostentosa su deleznable calidad moral, haya ganado las elecciones es un indicio de la descomposición de la Nación española, indicio del que gentes como Rodríguez Zapatero y sus secuaces han debido tomar buena nota.

Cuarto, porque el partido de Maragall es el partido de Rodríguez Zapatero y hay que suponer que se han puesto de acuerdo previamente.

Quinto y principal, porque no puedo imaginar a Rodríguez Zapatero dispuesto a disolver las Cortes y por tanto intentará pasar por encima del orden constitucional.

Sexto, por la subida del sueldo de los militares más allá de toda medida.

Séptimo, porque considero que el primer paso de este golpe de Estado que barrunto, golpe de Estado a cámara lenta, tuvo ya lugar y fue el proceso, que comprende los atentados y las subsiguientes elecciones, desarrollado entre los días 11 y 14 de marzo de 2004. Efectivamente. Los que pensamos que las actuales Cortes son el resultado de un proceso electoral irregular y que carecen de legitimidad política no podemos aceptar, fuera de la fuerza mayor impuesta por nuestra indefensión y el ejercicio de la violencia o la amenaza del ejercicio de la violencia por el Gobierno resultante, como consecuencia de la obediencia que le vienen prestando las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no podemos aceptar, decía, ninguna disposición de las actuales Cortes ni del Gobierno resultante como legítimas, incluso si se ajustan a la Constitución y las leyes. Naturalmente esto implica al Rey (artículo 61 de la Constitución) y no tiene marcha atrás; implica también a las Fuerzas Armadas (artículo 8) y tampoco tiene marcha atrás.