España

2º. El Estatut rompe el sistema de financiación autonómica basado en la Constitución y en la Lofca. El actual sistema multilateral articulado a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera se ve sustituido por una Comisión Mixta para Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat que negociaría la aportación de Cataluña al conjunto del Estado y cuya presidencia sería rotatoria, un esquema que refleja el espíritu confederal -pacto entre Estados soberanos- del Estatut, incompatible con la Constitución y con la teoría y práctica de cualquier modelo federal existente en el mundo. El parecido con el Plan Ibarretxe no puede ser más claro.

3º. El Estatut acaba con el principio de solidaridad interterritorial.Al pactar bilateralmente su aportación a las arcas estatales, es Cataluña la que decide su contribución, dentro de un esquema propio de tratado internacional -relación España-UE- incompatible con la existencia de un Estado cuya política de solidaridad es concebida como un bien público que se distribuye desde el Estado.

4º. El Estatut considera como propios los fondos procedentes de la UE para su territorio. España recibe esos ingresos como Estado miembro de la UE y los reparte de acuerdo con el interés general. Desde esta óptica, el Estatut vuelve a atribuir a la Generalitat competencias estatales, privando al Estado de uno de los escasos mecanismos de cohesión social que existen en un país cuyo gasto público está gestionado en un 68% por las Administraciones periféricas. Es otra expresión más de esa visión confederal que preside el Estatut.

5º La Generalitat se arroga un derecho de veto sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) mediante una comisión por ella presidida que decidirá sobre las inversiones estatales de Cataluña, de modo que si no se invierte lo que la Generalitat pide y donde lo pide, el proyecto de PGE no podría ser presentado a las Cortes Generales, lo cual es una completa irracionalidad tanto desde una óptica política como económica.

6º La Generalitat pretende compartir con el Estado la supervisión e inspección de las entidades financieras que operan en Cataluña y de las cajas de ahorro catalanas cuando actúen fuera del Principado, rompiendo la unidad del sistema financiero español. Además, se arroga competencia exclusiva sobre las cajas de ahorro en Cataluña, lo que augura un férreo control político de las mismas.