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Montilla, imputado por corrupcion por delito......urbanistico
Enviado por el día 11 de Abril de 2004 a las 16:15
Nos han vendido que la burbuja había sido propiciada por el PP haciendo favores a sus amigos... y resulta que a las primeras de cambio nos enteramos que uno de nuestros ínclitos ministrables ministrados, José Montilla, está imputado por corrupción por un delito inmobiliario. El artículo de El Mundo de hoy habla de los diputados y senadores imputados en causas judiciales: 5 del PSOE y 3 del PP. Lean:
Cinco senadores y tres diputados tienen causas judiciales pendientes
El futuro ministro de Industria, José Montilla, se encuentra imputado por un presunto fraude urbanístico en Cornellà, donde es alcalde
MADRID.- Los votantes han elegido en los comicios del 14-M a cinco senadores y tres diputados, entre ellos el futuro ministro de Industria, José Montilla, que tienen pendientes causas judiciales o fueron implicados en asuntos de corrupción política. La lista de congresistas con antecedentes afecta a los dos partidos mayoritarios, PSOE y PP, e, incluso, algunos de los elegidos presentan sentencias condenatorias.
La sombra del diputado canario Dimas Martín y de otros políticos que fueron inhabilitados se proyecta sobre los ocho senadores y diputados elegidos. Se pueden repetir las mismas experiencias de políticos que fueron inhabilitados o se vieron obligados a dimitir por casos judiciales que afectan a etapas anteriores.
Martín cumple en la cárcel una condena de tres años, impuesta por el Tribunal Supremo por un delito de cohecho, lo que motivó su suspensión como presidente del Cabildo de Lanzarote; Jesús Gil tuvo que abandonar la Alcaldía de Marbella tras ser inhabilitado por el caso de las camisetas y Herminio Trigo dejó la Alcaldía de Córdoba tras ser condenado por prevaricación.
EL MUNDO, tras analizar una a una las candidaturas de todos los partidos políticos y cruzar los datos con los antecedentes de los candidatos de las 17 comunidades autónomas, más Ceuta y Melilla, ha hallado ocho casos de parlamentarios que pueden tener problemas judiciales en un futuro. Estos son los senadores y diputados afectados:
José Montilla Aguilera. PSC. Diputado por Barcelona y futuro ministro de Industria, Comercio y Turismo en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Número uno de la lista más votada con 1.260.637 votos. En julio de 2003, CiU pidió su dimisión en la Presidencia de la Diputación de Barcelona hasta que los tribunales no resolvieran un presunto fraude urbanístico en Cornellà de Llobregat donde sigue siendo alcalde, asunto por el que está imputado. Un ciudadano de esa localidad catalana se querelló contra el Ayuntamiento porque, según él, dicha Corporación lo había estafado en la venta de unos terrenos para la sede del PSC del Baix Llobregat. Al parecer, el denunciante había acordado un precio beneficioso para los socialistas a cambio de que el Consistorio le recalificara unos terrenos colindantes. El Ayuntamiento no cumplió el pacto, una vez vendido el inmueble, y el afectado presentó una querella. Montilla se negó a dimitir y aclaró: «Si cada vez que hay una acusación contra un político éste tuviera que dimitir, habría dimisiones todos los días». La causa sigue abierta.
Cándido Rodríguez Losada. PSOE. Senador por Orense. Ha sido elegido en cuarto lugar con 62.449 votos. Se enfrenta a una querella presentada en Venezuela por una filial de la conservera Calvo que le reclama cinco millones de dólares por estafa. La querella presentada contra Rodríguez, que posee la doble nacionalidad venezolana y española, ha sido admitida a trámite por la Fiscalía de Venezuela y se centra en la actividad mercantil del candidato en aquel país.
María Salom Coll. PP. Diputada por Islas Baleares. Ha encabezado la lista de los populares que ha obtenido 214.570 sufragios, 30.000 más que el PSOE. Salom fue investigada en el caso del túnel de Sóller por el que tuvo que dimitir el presidente balear Gabriel Cañellas, debido a la financiación irregular del PP de las Islas. No llegó a sentarse en el banquillo ni fue condenada, pero las investigaciones policiales pudieron demostrar que había participado indirectamente en una trama de financiación irregular.El PP balear aceptó 50 millones de pesetas de la empresa Túnel de Sóller meses después de que el Consejo Insular le adjudicara el proyecto. La cantidad fue dividida en cheques de cinco millones y la diputada elegida firmó la apertura de una cuenta bancaria a nombre de la sociedad Meydis Baleares, el 1 de agosto de 1989, en la que se ingresaron 400.000 pesetas. Entonces era diputada autonómica y presidenta de la Comisión de Hacienda del Consejo Insular de Mallorca. Trescientos militantes del PP de Baleares exigieron al partido la dimisión de Salom y otros cargos, pero desde Madrid pararon la revuelta.
Juan José Palacios Rojo. PSOE. Senador por Guadalajara. Ha sido el cuarto senador más votado con 48.937 sufragios por la provincia castellano-manchega y el primero de los candidatos socialistas. Siendo gerente del Hospital Universitario de Guadalajara fue condenado en 1996 por el Juzgado número 2 de Guadalajara por «intromisión ilegítima en el honor» del médico Julio Mayo, sentencia que fue ratificada por la Audiencia Provincial. Con posterioridad fue nombrado por el Gobierno de José Bono delegado de Sanidad. En la actualidad, tiene recurrida la sentencia ante Tribunal Supremo. El senador fue condenado tras acusar públicamente a su compañero de hospital de algo que, después, se demostró que no era cierto.
Alicia Castro Masaveu. PP. Diputada por Asturias. Ha encabezado la lista más votada del Principado, obteniendo 300.791, 5.000 votos más que el PSOE. La oposición la acusó de crear una sociedad para operar en el mercado del suelo cuando era teniente alcalde y concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Oviedo y la investigación sigue abierta.
Pascual Azorín Soriano. PSOE. Senador por Alicante. El cuarto más votado con 352.726 votos. El alcalde de Elda y presidente de los socialistas valencianos está imputado en una causa que sigue el Juzgado de Instrucción número 3 de Elda por «cohecho, prevaricación y fraude». Según las investigaciones, Azorín adjudicó en 1999 la construcción de un pabellón de deportes a una constructora alicantina cuando ésta no presentaba la mejor oferta. A cambio, el Ayuntamiento obtuvo varios millones de pesetas que repartió entre sociedades deportivas. La querella fue presentada por el PP de Elda después de que el alcalde se negara a constituir una comisión de investigación. Azorín declaró ante el Juzgado en junio de 2003.
Jaime Reinares. PP. Senador por Asturias. Ha sido el segundo senador más votado con 286.334 votos. El teniente alcalde de Economía de Oviedo declaró como testigo ante el juez como presidente de la mesa de contratación que adjudicó la obra del auditorio en 1998 al arquitecto Rafael Beca. La adjudicación fue después revocada por el TSJ de Asturias, dando la razón a otro aspirante al proyecto al considerar que la adjudicación había sido arbitraria.Las fuerzas de la oposición, PSOE e IU, calificaron los hechos de prevaricación y la polémica sigue abierta.
José Javier Corominas Rivera. PSOE. Senador por Cáceres. Segundo más votado con 126.393. El Juzgado de Instrucción número 1 de Badajoz admitió a trámite en septiembre de 2002 una querella interpuesta por la Asociación de Damnificados del Cerro de Reyes contra él cuando era consejero de Vivienda, Urbanismo, y Transporte de la Junta de Extremadura por un presunto delito de «falsedad documental, malversación de fondos públicos y prevaricación».Por su condición de aforado su caso lo sigue el TSJ de Extremadura.
Cinco senadores y tres diputados tienen causas judiciales pendientes
El futuro ministro de Industria, José Montilla, se encuentra imputado por un presunto fraude urbanístico en Cornellà, donde es alcalde
MADRID.- Los votantes han elegido en los comicios del 14-M a cinco senadores y tres diputados, entre ellos el futuro ministro de Industria, José Montilla, que tienen pendientes causas judiciales o fueron implicados en asuntos de corrupción política. La lista de congresistas con antecedentes afecta a los dos partidos mayoritarios, PSOE y PP, e, incluso, algunos de los elegidos presentan sentencias condenatorias.
La sombra del diputado canario Dimas Martín y de otros políticos que fueron inhabilitados se proyecta sobre los ocho senadores y diputados elegidos. Se pueden repetir las mismas experiencias de políticos que fueron inhabilitados o se vieron obligados a dimitir por casos judiciales que afectan a etapas anteriores.
Martín cumple en la cárcel una condena de tres años, impuesta por el Tribunal Supremo por un delito de cohecho, lo que motivó su suspensión como presidente del Cabildo de Lanzarote; Jesús Gil tuvo que abandonar la Alcaldía de Marbella tras ser inhabilitado por el caso de las camisetas y Herminio Trigo dejó la Alcaldía de Córdoba tras ser condenado por prevaricación.
EL MUNDO, tras analizar una a una las candidaturas de todos los partidos políticos y cruzar los datos con los antecedentes de los candidatos de las 17 comunidades autónomas, más Ceuta y Melilla, ha hallado ocho casos de parlamentarios que pueden tener problemas judiciales en un futuro. Estos son los senadores y diputados afectados:
José Montilla Aguilera. PSC. Diputado por Barcelona y futuro ministro de Industria, Comercio y Turismo en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Número uno de la lista más votada con 1.260.637 votos. En julio de 2003, CiU pidió su dimisión en la Presidencia de la Diputación de Barcelona hasta que los tribunales no resolvieran un presunto fraude urbanístico en Cornellà de Llobregat donde sigue siendo alcalde, asunto por el que está imputado. Un ciudadano de esa localidad catalana se querelló contra el Ayuntamiento porque, según él, dicha Corporación lo había estafado en la venta de unos terrenos para la sede del PSC del Baix Llobregat. Al parecer, el denunciante había acordado un precio beneficioso para los socialistas a cambio de que el Consistorio le recalificara unos terrenos colindantes. El Ayuntamiento no cumplió el pacto, una vez vendido el inmueble, y el afectado presentó una querella. Montilla se negó a dimitir y aclaró: «Si cada vez que hay una acusación contra un político éste tuviera que dimitir, habría dimisiones todos los días». La causa sigue abierta.
Cándido Rodríguez Losada. PSOE. Senador por Orense. Ha sido elegido en cuarto lugar con 62.449 votos. Se enfrenta a una querella presentada en Venezuela por una filial de la conservera Calvo que le reclama cinco millones de dólares por estafa. La querella presentada contra Rodríguez, que posee la doble nacionalidad venezolana y española, ha sido admitida a trámite por la Fiscalía de Venezuela y se centra en la actividad mercantil del candidato en aquel país.
María Salom Coll. PP. Diputada por Islas Baleares. Ha encabezado la lista de los populares que ha obtenido 214.570 sufragios, 30.000 más que el PSOE. Salom fue investigada en el caso del túnel de Sóller por el que tuvo que dimitir el presidente balear Gabriel Cañellas, debido a la financiación irregular del PP de las Islas. No llegó a sentarse en el banquillo ni fue condenada, pero las investigaciones policiales pudieron demostrar que había participado indirectamente en una trama de financiación irregular.El PP balear aceptó 50 millones de pesetas de la empresa Túnel de Sóller meses después de que el Consejo Insular le adjudicara el proyecto. La cantidad fue dividida en cheques de cinco millones y la diputada elegida firmó la apertura de una cuenta bancaria a nombre de la sociedad Meydis Baleares, el 1 de agosto de 1989, en la que se ingresaron 400.000 pesetas. Entonces era diputada autonómica y presidenta de la Comisión de Hacienda del Consejo Insular de Mallorca. Trescientos militantes del PP de Baleares exigieron al partido la dimisión de Salom y otros cargos, pero desde Madrid pararon la revuelta.
Juan José Palacios Rojo. PSOE. Senador por Guadalajara. Ha sido el cuarto senador más votado con 48.937 sufragios por la provincia castellano-manchega y el primero de los candidatos socialistas. Siendo gerente del Hospital Universitario de Guadalajara fue condenado en 1996 por el Juzgado número 2 de Guadalajara por «intromisión ilegítima en el honor» del médico Julio Mayo, sentencia que fue ratificada por la Audiencia Provincial. Con posterioridad fue nombrado por el Gobierno de José Bono delegado de Sanidad. En la actualidad, tiene recurrida la sentencia ante Tribunal Supremo. El senador fue condenado tras acusar públicamente a su compañero de hospital de algo que, después, se demostró que no era cierto.
Alicia Castro Masaveu. PP. Diputada por Asturias. Ha encabezado la lista más votada del Principado, obteniendo 300.791, 5.000 votos más que el PSOE. La oposición la acusó de crear una sociedad para operar en el mercado del suelo cuando era teniente alcalde y concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Oviedo y la investigación sigue abierta.
Pascual Azorín Soriano. PSOE. Senador por Alicante. El cuarto más votado con 352.726 votos. El alcalde de Elda y presidente de los socialistas valencianos está imputado en una causa que sigue el Juzgado de Instrucción número 3 de Elda por «cohecho, prevaricación y fraude». Según las investigaciones, Azorín adjudicó en 1999 la construcción de un pabellón de deportes a una constructora alicantina cuando ésta no presentaba la mejor oferta. A cambio, el Ayuntamiento obtuvo varios millones de pesetas que repartió entre sociedades deportivas. La querella fue presentada por el PP de Elda después de que el alcalde se negara a constituir una comisión de investigación. Azorín declaró ante el Juzgado en junio de 2003.
Jaime Reinares. PP. Senador por Asturias. Ha sido el segundo senador más votado con 286.334 votos. El teniente alcalde de Economía de Oviedo declaró como testigo ante el juez como presidente de la mesa de contratación que adjudicó la obra del auditorio en 1998 al arquitecto Rafael Beca. La adjudicación fue después revocada por el TSJ de Asturias, dando la razón a otro aspirante al proyecto al considerar que la adjudicación había sido arbitraria.Las fuerzas de la oposición, PSOE e IU, calificaron los hechos de prevaricación y la polémica sigue abierta.
José Javier Corominas Rivera. PSOE. Senador por Cáceres. Segundo más votado con 126.393. El Juzgado de Instrucción número 1 de Badajoz admitió a trámite en septiembre de 2002 una querella interpuesta por la Asociación de Damnificados del Cerro de Reyes contra él cuando era consejero de Vivienda, Urbanismo, y Transporte de la Junta de Extremadura por un presunto delito de «falsedad documental, malversación de fondos públicos y prevaricación».Por su condición de aforado su caso lo sigue el TSJ de Extremadura.