España
Estos foros están cerrados. Podéis debatir en Red Liberal.
Nou Estatut: un reparto imposible de la tarta
Enviado por el día 27 de Octubre de 2005 a las 01:23
EL ESTATUT: UN REPARTO IMPOSIBLE DE LA TARTA
Todos tenemos derecho a soñar. Cada cual, en lo que más le guste. Y a vivir de ello, si se puede y quiere. Así es la democracia, como diría nuestro Presidente. Unos pueden estar encantados de la Cataluña y de la España que tenemos. Otros pueden soñar con una nación catalana soberana, asociada a un estado español plurinacional. Y, algunos, por qué no, en la España preconstitucional. Por soñar que no quede. Y por vivir de los sueños de otros, tampoco.
Pero lo que no parece tan normal es que el Gobierno de la Generalitat, CIU, ERC y el PSC hayan dedicado un año y medio de su tiempo y de los presupuestos de todos a hinchar el globo de un Estatut pensado para una Cataluña y una España imaginarias. Para, inmediatamente y en sede parlamentaria, proclamar que “podemos habernos equivocado, muy probablemente”. Porque la realidad es que la Constitución, como todos los estatutos vigentes, lo que consagra es el Estado Autonómico, pero no el estado plurinacional que presupone el Estatut, por lo menos en lo que al ámbito financiero se refiere.
Y lo que aún parece menos normal, dentro de la lógica del común de los mortales, es que Zapatero haya sido el gran impulsor de un Estatut imposible –un término que me parece más objetivo que el de inconstitucional, que se presenta tan elástico y subjetivo, en función del interés de quien emite el juicio-, que pone en discusión los cimientos mismos del Estado que juró salvaguardar, en una especie de extraño revival autodestructivo que, por lo menos aparentemente, nos retrotrae a escenarios tan ajenos al pragmatismo de los gobernantes europeos que, para encontrar algún precedente equivalente, hay que irse hasta episodios tan lejanos como el de la Revolución Cultural China. Siempre que no estemos ante una simple operación de encantamiento encaminada a distraer al personal, en medio de una alambicada estrategia electoral.
Porque lo que hay en nuestra Constitución, por mucho que pueda no gustar, es el “café para todos” inventado por Adolfo Suárez y recogido en el Título Octavo de la misma. En el que se establece qué debe descentralizarse: sanidad, educación, agricultura, pesca, cultura, etc.; y cómo debe descentralizarse: bajo los principios de autonomía financiera, de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre los españoles. Aunque también es cierto que la Constitución no regula, de manera expresa, el alcance exacto de los mecanismos concretos de financiación del sistema autonómico que en la misma se recoge. De aquí que en todas las prevenciones que se hacen al Estatut desde el Gobierno central aparezca, siempre, la coletilla de que las modificaciones servirán para hacerlo respetuoso con el interés general, además de con la Constitución.
Todos tenemos derecho a soñar. Cada cual, en lo que más le guste. Y a vivir de ello, si se puede y quiere. Así es la democracia, como diría nuestro Presidente. Unos pueden estar encantados de la Cataluña y de la España que tenemos. Otros pueden soñar con una nación catalana soberana, asociada a un estado español plurinacional. Y, algunos, por qué no, en la España preconstitucional. Por soñar que no quede. Y por vivir de los sueños de otros, tampoco.
Pero lo que no parece tan normal es que el Gobierno de la Generalitat, CIU, ERC y el PSC hayan dedicado un año y medio de su tiempo y de los presupuestos de todos a hinchar el globo de un Estatut pensado para una Cataluña y una España imaginarias. Para, inmediatamente y en sede parlamentaria, proclamar que “podemos habernos equivocado, muy probablemente”. Porque la realidad es que la Constitución, como todos los estatutos vigentes, lo que consagra es el Estado Autonómico, pero no el estado plurinacional que presupone el Estatut, por lo menos en lo que al ámbito financiero se refiere.
Y lo que aún parece menos normal, dentro de la lógica del común de los mortales, es que Zapatero haya sido el gran impulsor de un Estatut imposible –un término que me parece más objetivo que el de inconstitucional, que se presenta tan elástico y subjetivo, en función del interés de quien emite el juicio-, que pone en discusión los cimientos mismos del Estado que juró salvaguardar, en una especie de extraño revival autodestructivo que, por lo menos aparentemente, nos retrotrae a escenarios tan ajenos al pragmatismo de los gobernantes europeos que, para encontrar algún precedente equivalente, hay que irse hasta episodios tan lejanos como el de la Revolución Cultural China. Siempre que no estemos ante una simple operación de encantamiento encaminada a distraer al personal, en medio de una alambicada estrategia electoral.
Porque lo que hay en nuestra Constitución, por mucho que pueda no gustar, es el “café para todos” inventado por Adolfo Suárez y recogido en el Título Octavo de la misma. En el que se establece qué debe descentralizarse: sanidad, educación, agricultura, pesca, cultura, etc.; y cómo debe descentralizarse: bajo los principios de autonomía financiera, de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre los españoles. Aunque también es cierto que la Constitución no regula, de manera expresa, el alcance exacto de los mecanismos concretos de financiación del sistema autonómico que en la misma se recoge. De aquí que en todas las prevenciones que se hacen al Estatut desde el Gobierno central aparezca, siempre, la coletilla de que las modificaciones servirán para hacerlo respetuoso con el interés general, además de con la Constitución.
Re: Nou Estatut: un reparto imposible de la tarta
Enviado por el día 27 de Octubre de 2005 a las 01:26
(II. continuacion)
Mientras que lo que dice el Estatut, en su artículo 202, es que: “La financiación de la Generalitat se rige por los principios de autonomía financiera, solidaridad, coordinación y transparencia en las relaciones entre las administraciones públicas…..”. En el artículo 204, que “Corresponde a la Generalitat la gestión, la recaudación, la liquidación y la inspección de todos los impuestos estatales soportados en Cataluña.”. Y, en el artículo 208, que “una parte del rendimiento de los impuestos cedidos a Cataluña (todos se asimilan a cedidos) se atribuye al Estado para la financiación de sus servicios.....”.
Y es aquí donde se produce, a nuestro entender, una ruptura –entre otras posibles, ajenas a esta reflexión, limitada al ámbito financiero- entre el marco constitucional y el marco financiero que se estable en el Estatut, cuando en éste se determina que la coordinación será bilateral entre la Generalitat y el Estado, y que la solidaridad será “entre territorios” y no entre españoles. Y, sobre todo, cuando es el Estatut el que establece que la autonomía financiera de la Generalitat se extiende desde la gestión y recaudación de todos los impuestos que se pagan en Cataluña, hasta la fijación de una cuota de retorno al Estado, en la que se incluye una supuesta solidaridad interterritorial a determinar bilateralmente. Lo que nada tiene que ver con el principio de autonomía previsto en la Constitución para las Comunidades Autónomas de régimen común, que se limita a la autonomía que otorga a cada Comunidad en la gestión de sus ingresos y de sus gastos. Por lo que parece que no cabe que, ahora, se haga extensiva a los ingresos del Estado, siempre que la Constitución misma no sea previamente modificada, a tal efecto.
Mientras que lo que dice el Estatut, en su artículo 202, es que: “La financiación de la Generalitat se rige por los principios de autonomía financiera, solidaridad, coordinación y transparencia en las relaciones entre las administraciones públicas…..”. En el artículo 204, que “Corresponde a la Generalitat la gestión, la recaudación, la liquidación y la inspección de todos los impuestos estatales soportados en Cataluña.”. Y, en el artículo 208, que “una parte del rendimiento de los impuestos cedidos a Cataluña (todos se asimilan a cedidos) se atribuye al Estado para la financiación de sus servicios.....”.
Y es aquí donde se produce, a nuestro entender, una ruptura –entre otras posibles, ajenas a esta reflexión, limitada al ámbito financiero- entre el marco constitucional y el marco financiero que se estable en el Estatut, cuando en éste se determina que la coordinación será bilateral entre la Generalitat y el Estado, y que la solidaridad será “entre territorios” y no entre españoles. Y, sobre todo, cuando es el Estatut el que establece que la autonomía financiera de la Generalitat se extiende desde la gestión y recaudación de todos los impuestos que se pagan en Cataluña, hasta la fijación de una cuota de retorno al Estado, en la que se incluye una supuesta solidaridad interterritorial a determinar bilateralmente. Lo que nada tiene que ver con el principio de autonomía previsto en la Constitución para las Comunidades Autónomas de régimen común, que se limita a la autonomía que otorga a cada Comunidad en la gestión de sus ingresos y de sus gastos. Por lo que parece que no cabe que, ahora, se haga extensiva a los ingresos del Estado, siempre que la Constitución misma no sea previamente modificada, a tal efecto.
Re: Re: Nou Estatut: un reparto imposible de la tarta
Enviado por el día 27 de Octubre de 2005 a las 01:27
(III, continuacion)
A nuestro entender, el origen del problema que se plantea desde Cataluña –siempre que no acabe resultando que todo ello no es otra cosa que una gran escenificación mediática en la que cada uno: Zapatero, Maragall, Carod, Montilla, Mas o Rajoy, va a lo suyo, que poco o nada tiene que ver realmente con la financiación de la Generalitat-, está en que el sistema de financiación vigente no ha satisfecho nunca –tampoco sé si ello es posible- las demandas de autonomía financiera y de estabilidad presupuestaria de determinadas Comunidades Autónomas, entre otras la catalana, de manera destacada. Porque lo cierto es que el Estado Autonómico es lo que es: un Estado ampliamente descentralizado, cuya autonomía financiera no podrá ir más allá –por lo menos en tanto la Constitución no sea adecuadamente modificada- de lo que es la gestión de los recursos que fueron asignados, en su día, a cada Comunidad Autónoma: impuestos cedidos y participación en los ingresos del Estado, para que hiciese frente al coste de los servicios que le habían sido transferidos. Unos servicios que fueron originariamente valorados y acordados, en cada caso, por las respectivas Comisiones Mixtas de Valoración.
A nuestro entender, el origen del problema que se plantea desde Cataluña –siempre que no acabe resultando que todo ello no es otra cosa que una gran escenificación mediática en la que cada uno: Zapatero, Maragall, Carod, Montilla, Mas o Rajoy, va a lo suyo, que poco o nada tiene que ver realmente con la financiación de la Generalitat-, está en que el sistema de financiación vigente no ha satisfecho nunca –tampoco sé si ello es posible- las demandas de autonomía financiera y de estabilidad presupuestaria de determinadas Comunidades Autónomas, entre otras la catalana, de manera destacada. Porque lo cierto es que el Estado Autonómico es lo que es: un Estado ampliamente descentralizado, cuya autonomía financiera no podrá ir más allá –por lo menos en tanto la Constitución no sea adecuadamente modificada- de lo que es la gestión de los recursos que fueron asignados, en su día, a cada Comunidad Autónoma: impuestos cedidos y participación en los ingresos del Estado, para que hiciese frente al coste de los servicios que le habían sido transferidos. Unos servicios que fueron originariamente valorados y acordados, en cada caso, por las respectivas Comisiones Mixtas de Valoración.
Re: Re: Re: Nou Estatut: un reparto imposible de la tarta
Enviado por el día 27 de Octubre de 2005 a las 01:29
(IV continuacion)
Y el problema que plantea, ahora, una mayor demanda de recursos financieros como la que pretende el Estatut se acrecienta cuando resulta que la evolución posible del sistema de financiación vigente ya ha superado todo lo asumible, sin que, todavía, sea considerado suficiente. Porque la historia del sistema financiero vigente lo que nos dice es que empezó, a primeros de los ochenta, con una negociación anual de regateo en corto entre el Estado y cada Comunidad Autónoma concreta, para ver como se podía mejorar, en algo, la cantidad que resultaba de la simple corrección anual del coste de los servicios transferidos en aquel momento. Por lo que muy pronto –años 1985 1996- se vio la necesidad de objetivarlo, como única forma posible de superar el desgaste de una negociación anual generalizada del Estado con todas y cada una de las Comunidades Autónomas. Y fue, precisamente, este intento de objetivar el reparto de una tarta, que, básicamente, está constituida por el coste de los servicios transferidos, el que dio origen al primer modelo quinquenal de financiación, vigente para el periodo 1987-1991, en el que el reparto se hizo, ya, en función de variables socioeconómicas: población, superficie territorial, insularidad, etc., a las que se les aplicaron unos porcentajes adecuadamente escogidos para que el resultado final, obtenido para cada Comunidad Autónoma concreta, fuese muy próximo a lo que era, ya, el coste actualizado de sus servicios transferidos. De esa manera, se consiguió que las discusiones anuales, realizadas de forma bilateral, pasasen a ser quinquenales y, además, realizadas conjuntamente con todas las Comunidades Autónomas en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. De hecho, con ligeras variaciones, el modelo aprobado en 1986 se mantuvo en el que se aprobó para el quinquenio 1992-1996. Ello no obstante, en octubre de 1993, se acordó que una parte de lo que en el modelo vigente era la participación en los ingresos del Estado fuese sustituida por una participación del 15% en la recaudación de IRPF.
Y el problema que plantea, ahora, una mayor demanda de recursos financieros como la que pretende el Estatut se acrecienta cuando resulta que la evolución posible del sistema de financiación vigente ya ha superado todo lo asumible, sin que, todavía, sea considerado suficiente. Porque la historia del sistema financiero vigente lo que nos dice es que empezó, a primeros de los ochenta, con una negociación anual de regateo en corto entre el Estado y cada Comunidad Autónoma concreta, para ver como se podía mejorar, en algo, la cantidad que resultaba de la simple corrección anual del coste de los servicios transferidos en aquel momento. Por lo que muy pronto –años 1985 1996- se vio la necesidad de objetivarlo, como única forma posible de superar el desgaste de una negociación anual generalizada del Estado con todas y cada una de las Comunidades Autónomas. Y fue, precisamente, este intento de objetivar el reparto de una tarta, que, básicamente, está constituida por el coste de los servicios transferidos, el que dio origen al primer modelo quinquenal de financiación, vigente para el periodo 1987-1991, en el que el reparto se hizo, ya, en función de variables socioeconómicas: población, superficie territorial, insularidad, etc., a las que se les aplicaron unos porcentajes adecuadamente escogidos para que el resultado final, obtenido para cada Comunidad Autónoma concreta, fuese muy próximo a lo que era, ya, el coste actualizado de sus servicios transferidos. De esa manera, se consiguió que las discusiones anuales, realizadas de forma bilateral, pasasen a ser quinquenales y, además, realizadas conjuntamente con todas las Comunidades Autónomas en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. De hecho, con ligeras variaciones, el modelo aprobado en 1986 se mantuvo en el que se aprobó para el quinquenio 1992-1996. Ello no obstante, en octubre de 1993, se acordó que una parte de lo que en el modelo vigente era la participación en los ingresos del Estado fuese sustituida por una participación del 15% en la recaudación de IRPF.
Re: Re: Re: Re: Nou Estatut: un reparto imposible de la tarta
Enviado por el día 27 de Octubre de 2005 a las 01:30
(V continuacion)
Después, fruto de los llamados “acuerdos del Majestic”, entre Aznar y Pujol, vino el modelo que estuvo vigente durante el periodo 1997-2001, en el que, en aras a una pretendida corresponsabilidad fiscal de las Comunidades Autónomas -que no ha ido más allá de una mera declaración de intenciones para vestir el santo de unas necesidades crecientes de mayores ingresos-, una parte de lo que continuaba siendo la participación de las Comunidades Autónomas en los ingresos del Estado quedó sustituida por una participación del 15% en lo recaudado por IRPF e IVA en el territorio de cada comunidad concreta, unida a una cierta capacidad normativa en relación con el IRPF. Finalmente, en el modelo vigente para el periodo 2002-2006, dichas participaciones pasaron al 33%, en IRPF, y al 35%, en el caso del IVA, hasta llegar, con ello, al límite de lo que el sistema era capaz de asumir, sin que determinadas Comunidades Autónomas, como Madrid y Baleares, pasasen a tener saldos exageradamente positivos con el Estado, al ser superiores los ingresos que se deducían de dichas participaciones que los costes actualizados correspondientes a sus servicios transferidos.
Ciertamente, hay que reconocer que estos cambios han redundado en un aumento importante de los ingresos obtenidos por todas y cada una de las Comunidades Autónomas, al haber coincidido con unos años en los que lo recaudado por dichos impuestos ha superado ampliamente lo presupuestado. Aunque bien es cierto que dicho aumento no ha sido, todavía, suficiente para compensar la fuerte tendencia al alza de los gastos más o menos crecientes en que se han instalado las Comunidades Autónomas. Entre otras razones, además de unos costes sanitarios crecientes, por el hecho de que algunas de ellas han asumido gastos muy importantes, como los derivados de los medios de comunicación propios, que no estaban contemplados en los costes originarios de los servicios transferidos.
Ni que decir tiene que todo lo que hemos venido diciendo solamente se refiere a las Comunidades Autónomas de régimen común, del que queda excluido el País Vasco y Navarra, cuyo sistema de cupo establece algo así como estados financieramente independientes, excepción hecha de la Seguridad Social, y ajenos a cualquier tipo de solidaridad con el resto de España. Unos hechos que no dejan de resultar significativos, si de lo que se trata es de evaluar hasta donde la demanda de mayores cotas de autogobierno puede ser ilimitada. Algo así como si nos encontrásemos ante un problema que va creciendo a medida que parece que se va solucionando, como ya intuyó Ortega y Gasset que podía pasar con el Estatut de 1932.
Después, fruto de los llamados “acuerdos del Majestic”, entre Aznar y Pujol, vino el modelo que estuvo vigente durante el periodo 1997-2001, en el que, en aras a una pretendida corresponsabilidad fiscal de las Comunidades Autónomas -que no ha ido más allá de una mera declaración de intenciones para vestir el santo de unas necesidades crecientes de mayores ingresos-, una parte de lo que continuaba siendo la participación de las Comunidades Autónomas en los ingresos del Estado quedó sustituida por una participación del 15% en lo recaudado por IRPF e IVA en el territorio de cada comunidad concreta, unida a una cierta capacidad normativa en relación con el IRPF. Finalmente, en el modelo vigente para el periodo 2002-2006, dichas participaciones pasaron al 33%, en IRPF, y al 35%, en el caso del IVA, hasta llegar, con ello, al límite de lo que el sistema era capaz de asumir, sin que determinadas Comunidades Autónomas, como Madrid y Baleares, pasasen a tener saldos exageradamente positivos con el Estado, al ser superiores los ingresos que se deducían de dichas participaciones que los costes actualizados correspondientes a sus servicios transferidos.
Ciertamente, hay que reconocer que estos cambios han redundado en un aumento importante de los ingresos obtenidos por todas y cada una de las Comunidades Autónomas, al haber coincidido con unos años en los que lo recaudado por dichos impuestos ha superado ampliamente lo presupuestado. Aunque bien es cierto que dicho aumento no ha sido, todavía, suficiente para compensar la fuerte tendencia al alza de los gastos más o menos crecientes en que se han instalado las Comunidades Autónomas. Entre otras razones, además de unos costes sanitarios crecientes, por el hecho de que algunas de ellas han asumido gastos muy importantes, como los derivados de los medios de comunicación propios, que no estaban contemplados en los costes originarios de los servicios transferidos.
Ni que decir tiene que todo lo que hemos venido diciendo solamente se refiere a las Comunidades Autónomas de régimen común, del que queda excluido el País Vasco y Navarra, cuyo sistema de cupo establece algo así como estados financieramente independientes, excepción hecha de la Seguridad Social, y ajenos a cualquier tipo de solidaridad con el resto de España. Unos hechos que no dejan de resultar significativos, si de lo que se trata es de evaluar hasta donde la demanda de mayores cotas de autogobierno puede ser ilimitada. Algo así como si nos encontrásemos ante un problema que va creciendo a medida que parece que se va solucionando, como ya intuyó Ortega y Gasset que podía pasar con el Estatut de 1932.
Re: Re: Re: Re: Re: Nou Estatut: un reparto imposible de la tarta
Enviado por el día 27 de Octubre de 2005 a las 01:35
De lo que resulta, de todo lo hasta aquí expuesto, que el modelo de financiación actualmente vigente es algo así como un mecanismo que, aunque se presenta como muy elaborado y como salido de la pura abstracción intelectual, su función y justificación no es otra que el reparto objetivo y conjunto de una tarta, básicamente formada por los costes actualizados de los servicios transferidos al conjunto de las Comunidades Autónomas de régimen común, a los que se les han ido añadiendo correcciones al alza, como la que ha venido aparejada con la participación creciente en la recaudación de IRPF e IVA, entre otras. Pero, en cualquier caso, una tarta compartida por el conjunto de Comunidades Autónomas de régimen común, cuyas porciones particularizadas, perfectamente determinadas para cada una de ellas, son del todo imprescindibles, siempre que quiera asegurarse la continuidad en la prestación de sus servicios.
Porque lo que realmente sucede, aunque también es cierto que no es suficientemente conocido, es que los ingresos de las Comunidades Autónomas no son finalistas, sino que es cada Comunidad Autónoma la que decide como los quiere gastar, y cuales son las prioridades de gasto que quiere establecer en sus leyes presupuestarias. Que es lo mismo que decir que, dentro de un orden, cada comunidad decide qué quiere priorizar: la sanidad frente a la inversión en infraestructuras; o el fomento de la cultura frente a una mejora de la asistencia primaria, por ejemplo.
Pues bien, estas cosas tan elementales que se acaban de exponer, perfectamente conocidas por todos aquellos que han tenido un protagonismo mínimo en la elaboración del Estatut, han merecido, por lo que se ve, poca consideración. Por ser evidente que el diseño del ámbito financiero del Estatut ha sido concebido como si la financiación de Cataluña pudiese ser autónoma de la de las restantes Comunidades Autónomas, algo así como si viviéramos en un país imaginario. Hasta el punto que son numerosas las manifestaciones producidas por personas altamente cualificadas en relación con estas cuestiones en las que no han dudado en afirmar, públicamente, incluso en declaraciones casi institucionales, que el modelo de financiación previsto en el Estatut es perfectamente extrapolable a las demás Comunidades Autónomas. Cuando lo cierto es que, si el sistema previsto en el Estatut se extendiese a otras Comunidades con renta neta positiva, como Baleares y Madrid o Valencia, el sistema de financiación autonómica actualmente vigente caería en la más absoluta bancarrota, al no poder hacerse frente ni siquiera al pago de la nómina de sus funcionarios, en las Comunidades de renta neta negativa.
Porque lo que realmente sucede, aunque también es cierto que no es suficientemente conocido, es que los ingresos de las Comunidades Autónomas no son finalistas, sino que es cada Comunidad Autónoma la que decide como los quiere gastar, y cuales son las prioridades de gasto que quiere establecer en sus leyes presupuestarias. Que es lo mismo que decir que, dentro de un orden, cada comunidad decide qué quiere priorizar: la sanidad frente a la inversión en infraestructuras; o el fomento de la cultura frente a una mejora de la asistencia primaria, por ejemplo.
Pues bien, estas cosas tan elementales que se acaban de exponer, perfectamente conocidas por todos aquellos que han tenido un protagonismo mínimo en la elaboración del Estatut, han merecido, por lo que se ve, poca consideración. Por ser evidente que el diseño del ámbito financiero del Estatut ha sido concebido como si la financiación de Cataluña pudiese ser autónoma de la de las restantes Comunidades Autónomas, algo así como si viviéramos en un país imaginario. Hasta el punto que son numerosas las manifestaciones producidas por personas altamente cualificadas en relación con estas cuestiones en las que no han dudado en afirmar, públicamente, incluso en declaraciones casi institucionales, que el modelo de financiación previsto en el Estatut es perfectamente extrapolable a las demás Comunidades Autónomas. Cuando lo cierto es que, si el sistema previsto en el Estatut se extendiese a otras Comunidades con renta neta positiva, como Baleares y Madrid o Valencia, el sistema de financiación autonómica actualmente vigente caería en la más absoluta bancarrota, al no poder hacerse frente ni siquiera al pago de la nómina de sus funcionarios, en las Comunidades de renta neta negativa.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nou Estatut: un reparto imposible de la tarta
Enviado por el día 27 de Octubre de 2005 a las 01:36
(VII continuacion)
Porque es evidente que, de aprobarse el Estatut en los términos presentes, y de hacerse extensivo aunque solamente fuese a Baleares y Madrid o Valencia, la porción de tarta disponible para el conjunto de las Comunidades restantes quedaría tan mermada que el Estado vendría obligado a compensarles de las pérdidas producidas, y a promover, para ello, los aumentos de la presión fiscal que fuesen necesarios, por ser obvio que los recursos del Estado ni caen del cielo ni se obtienen de la nada. Y, en todo caso, una mayor presión fiscal que sería soportada por todos los ciudadanos españoles, incluidos aquellos que viven en los territorios de renta neta negativa, que, en nada, se verían beneficiados del aumento de la presión fiscal que acabarían soportando. Siempre que en el ámbito financiero del Estatut no se produzca el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, que parece haberse conseguido por Zapatero en lo que al carácter plurinacional del Estado se refiere. En caso contrario, y si el milagro no llegase a producirse, lo que quedaría es que todos los ciudadanos españoles pagarían más impuestos para que, en su caso, se beneficiasen, solamente, los residentes en las comunidades más ricas. Lo que no parece que sea excesivamente presentable, en términos de equidad, o de simple sentido común.
Llegados a este punto, parece obligado preguntarse cuales pueden haber sido las razones que han impulsado a altos responsables de partidos y de instituciones catalanas supuestamente progresistas, así como al mismísimo Presidente del Gobierno de la Nación, a hipotecar su crédito personal en un proyecto que no solamente es inviable en términos económicos, sino que, además, pretende reducir de manera unilateral una solidaridad interterritorial que ha existido siempre en nuestro país, y que no parece que haya frenado el progreso de ninguno de los territorios que lo conforman.
Sin duda, las razones que han llevado a la aprobación del Estatut serán muchas y distintas para cada uno de sus impulsores. Para CIU, no parece que sea exagerado presuponer que el proceso tiene sentido en si mismo, ya que ha puesto encima de la mesa, de una manera que puede pensarse por algunos como concluyente, que su reivindicación de mayores cotas de autonomía, así como su voluntad de conseguir un concierto para Cataluña, ahora, tienen el respaldo no solamente de amplias mayorías de ciudadanos, sino, también, la ratificación expresa de casi el 90% del Parlament. Algo así como un programa electoral que pueden presentar como de aceptación generalizada, inclusive por parte de sus mismos opositores. Lo que puede dar mucho de sí durante muchos años, además de ser muy fácil de vender. Porque a nadie le amarga un dulce. Y porque difícilmente podrá negarse a posteriori, sin entrar en la dislexia, por parte de aquellos mismos que lo habían aprobado en sede parlamentaria.
Porque es evidente que, de aprobarse el Estatut en los términos presentes, y de hacerse extensivo aunque solamente fuese a Baleares y Madrid o Valencia, la porción de tarta disponible para el conjunto de las Comunidades restantes quedaría tan mermada que el Estado vendría obligado a compensarles de las pérdidas producidas, y a promover, para ello, los aumentos de la presión fiscal que fuesen necesarios, por ser obvio que los recursos del Estado ni caen del cielo ni se obtienen de la nada. Y, en todo caso, una mayor presión fiscal que sería soportada por todos los ciudadanos españoles, incluidos aquellos que viven en los territorios de renta neta negativa, que, en nada, se verían beneficiados del aumento de la presión fiscal que acabarían soportando. Siempre que en el ámbito financiero del Estatut no se produzca el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, que parece haberse conseguido por Zapatero en lo que al carácter plurinacional del Estado se refiere. En caso contrario, y si el milagro no llegase a producirse, lo que quedaría es que todos los ciudadanos españoles pagarían más impuestos para que, en su caso, se beneficiasen, solamente, los residentes en las comunidades más ricas. Lo que no parece que sea excesivamente presentable, en términos de equidad, o de simple sentido común.
Llegados a este punto, parece obligado preguntarse cuales pueden haber sido las razones que han impulsado a altos responsables de partidos y de instituciones catalanas supuestamente progresistas, así como al mismísimo Presidente del Gobierno de la Nación, a hipotecar su crédito personal en un proyecto que no solamente es inviable en términos económicos, sino que, además, pretende reducir de manera unilateral una solidaridad interterritorial que ha existido siempre en nuestro país, y que no parece que haya frenado el progreso de ninguno de los territorios que lo conforman.
Sin duda, las razones que han llevado a la aprobación del Estatut serán muchas y distintas para cada uno de sus impulsores. Para CIU, no parece que sea exagerado presuponer que el proceso tiene sentido en si mismo, ya que ha puesto encima de la mesa, de una manera que puede pensarse por algunos como concluyente, que su reivindicación de mayores cotas de autonomía, así como su voluntad de conseguir un concierto para Cataluña, ahora, tienen el respaldo no solamente de amplias mayorías de ciudadanos, sino, también, la ratificación expresa de casi el 90% del Parlament. Algo así como un programa electoral que pueden presentar como de aceptación generalizada, inclusive por parte de sus mismos opositores. Lo que puede dar mucho de sí durante muchos años, además de ser muy fácil de vender. Porque a nadie le amarga un dulce. Y porque difícilmente podrá negarse a posteriori, sin entrar en la dislexia, por parte de aquellos mismos que lo habían aprobado en sede parlamentaria.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nou Estatut: un reparto imposible de la tarta
Enviado por el día 27 de Octubre de 2005 a las 01:37
(VIII continuacion)
No obstante, las cosas quedan mucho menos claras cuando la observación se sitúa sobre el PSC y el PSOE, y, sobre todo, cuando lo que se observa son las conductas políticas concretas de Maragall y Zapatero. El primero, porque no parece que tenga nada sustantivo a ganar, distinto a una mención honorífica en la historia de los estatutos de Cataluña, que no sea dejar la puerta abierta de par en par para que, alguien, se aplique a aquello de “a rey muerto rey puesto”, tanto en el PSC como en la Generalitat. Desde el momento que es obvio que se ha aprobado un imposible que no podrá prosperar, siempre que no sea después de haber sido desnaturalizado, en términos absolutos, hasta convertirlo en una caricatura de si mismo.
A su vez, en lo que se refiere a Zapatero, la bola de cristal aparece como un oasis de posibilidades tan ilimitadas como las que dicen haber visto sus apoyos de gobierno. Por lo que no sería descabellado pensar que nos encontramos ante una obsesión tan fuerte como equivocada de que el camino que le lleva a la mayoría absoluta pasa por unas elecciones anticipadas, producidas en coincidencia con una esperada tregua de ETA, y con una batalla de imagen en la que la excusa sería el Estatut, en la que el PP aparece en sus ensoñaciones a los ojos de todo el mundo como un partido que sólo piensa en enfrentar a unos contra otros, y en incendiar el país con mensajes apocalípticos. Y, en la acera de enfrente, una situación en la que el PSOE aparece ante los ojos del PP como alguien que se ha montado un lío de tal magnitud del que no podrá salirse, sin pasar por la oposición. Y que, para ello, bastará con dar hilo a la cometa de las ocurrencias y de los despropósitos. Lo que hace que el choque de trenes aparezca como inevitable, siempre que no se descubra, a tiempo, un chivo expiatorio adecuado, que, con sus ocurrencias desbordantes, permita que la vuelta del Estatut a la caja de Pandora -de la que, posiblemente, no debería haber salido nunca en los términos actuales- sea presentada como una actuación de alta responsabilidad política, de la que todos debamos sentirnos agradecidos en la persona de Zapatero. ¡Maragall, ojo con Montilla y con Iceta¡.
No obstante, las cosas quedan mucho menos claras cuando la observación se sitúa sobre el PSC y el PSOE, y, sobre todo, cuando lo que se observa son las conductas políticas concretas de Maragall y Zapatero. El primero, porque no parece que tenga nada sustantivo a ganar, distinto a una mención honorífica en la historia de los estatutos de Cataluña, que no sea dejar la puerta abierta de par en par para que, alguien, se aplique a aquello de “a rey muerto rey puesto”, tanto en el PSC como en la Generalitat. Desde el momento que es obvio que se ha aprobado un imposible que no podrá prosperar, siempre que no sea después de haber sido desnaturalizado, en términos absolutos, hasta convertirlo en una caricatura de si mismo.
A su vez, en lo que se refiere a Zapatero, la bola de cristal aparece como un oasis de posibilidades tan ilimitadas como las que dicen haber visto sus apoyos de gobierno. Por lo que no sería descabellado pensar que nos encontramos ante una obsesión tan fuerte como equivocada de que el camino que le lleva a la mayoría absoluta pasa por unas elecciones anticipadas, producidas en coincidencia con una esperada tregua de ETA, y con una batalla de imagen en la que la excusa sería el Estatut, en la que el PP aparece en sus ensoñaciones a los ojos de todo el mundo como un partido que sólo piensa en enfrentar a unos contra otros, y en incendiar el país con mensajes apocalípticos. Y, en la acera de enfrente, una situación en la que el PSOE aparece ante los ojos del PP como alguien que se ha montado un lío de tal magnitud del que no podrá salirse, sin pasar por la oposición. Y que, para ello, bastará con dar hilo a la cometa de las ocurrencias y de los despropósitos. Lo que hace que el choque de trenes aparezca como inevitable, siempre que no se descubra, a tiempo, un chivo expiatorio adecuado, que, con sus ocurrencias desbordantes, permita que la vuelta del Estatut a la caja de Pandora -de la que, posiblemente, no debería haber salido nunca en los términos actuales- sea presentada como una actuación de alta responsabilidad política, de la que todos debamos sentirnos agradecidos en la persona de Zapatero. ¡Maragall, ojo con Montilla y con Iceta¡.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nou Estatut: un reparto imposible de la tarta
Enviado por el día 27 de Octubre de 2005 a las 01:49
IX continuacion)
Finalmente, decir que aunque es cierto que el actual sistema autonómico no cubre las expectativas que se han ido creando por unos y por otros, y muchísimo menos en el caso de Cataluña, ello no justifica que tengamos que apuntarnos, porque sí, a una pretendida solución que es un imposible, como es sabido por todos. Que es lo que nos está diciendo, ahora, explícitamente Zapatero cuando afirma aquello de que es inevitable que se modifique la parte financiera del Estatut, incorporando al mismo alguna cosa tan extraña como aquello a lo que llama “una buena regla de responsabilidad fiscal”, que no debe ser muy distinto a decir, en sánscrito, que todo va a quedar igual: simplemente, subir la participación en IRPF lo que se baje en IVA. Un cambio de cromos que aparece como poca cosa, sobre todo si se compara con la grandilocuente supuesta transformación de toda la estructura del Estado, que se ha anunciado como objetivo principal a conseguir en la presente legislatura.
Finalmente, decir que aunque es cierto que el actual sistema autonómico no cubre las expectativas que se han ido creando por unos y por otros, y muchísimo menos en el caso de Cataluña, ello no justifica que tengamos que apuntarnos, porque sí, a una pretendida solución que es un imposible, como es sabido por todos. Que es lo que nos está diciendo, ahora, explícitamente Zapatero cuando afirma aquello de que es inevitable que se modifique la parte financiera del Estatut, incorporando al mismo alguna cosa tan extraña como aquello a lo que llama “una buena regla de responsabilidad fiscal”, que no debe ser muy distinto a decir, en sánscrito, que todo va a quedar igual: simplemente, subir la participación en IRPF lo que se baje en IVA. Un cambio de cromos que aparece como poca cosa, sobre todo si se compara con la grandilocuente supuesta transformación de toda la estructura del Estado, que se ha anunciado como objetivo principal a conseguir en la presente legislatura.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nou Estatut: un reparto imposible de la tarta
Enviado por el día 27 de Octubre de 2005 a las 01:50
(X continuacion)
Por lo que puede pensarse que, con carácter previo a cualquier propuesta de financiación nueva, el actual sistema debería analizarse en profundidad, introduciéndole, por un lado, mayores dosis de neutralidad, y aceptando, también, que no necesariamente la descentralización es buena per se. Al tiempo que, en base a ello, debería abrirse una discusión positiva sobre qué transferencias pueden haber sido motivo de pérdida en la eficiencia conjunta de los servicios prestados a los ciudadanos; a lo que debería seguirle una etapa de reflexión y de análisis para que las futuras propuestas que salgan de Cataluña no queden reducidas a que queremos más tarta, y que la queremos porque se nos ha ocurrido, después de tantos años sin haberlo descubierto, que los catalanes pensamos que ha llegado la hora de llevarnos un trozo más grande, aunque sea a costa de las nóminas de comunidades de renta neta negativa, y sin otro argumento que aquello que hemos oído “de que ya es hora para que cada territorio se acostumbre a vivir con sus propios recursos”. Sobre todo, cuando es fácilmente comprobable que, a pesar de la existencia de un sistema que, ahora, se pretende como tan inapropiado, resulta que las comunidades que, hoy, después de 25 años de autonomía, encabezan el ranking de renta territorial per cápíta continúan siendo las mismas que lo encabezaban cincuenta años antes. Al tiempo que cuesta entender tanto empeño en cambiar el reparto de una tarta, cuyas porciones están predeterminadas desde hace muchos años, y tanto olvido de un capítulo de los presupuestos que, por lo menos a priori, no aparece como predeterminado: la inversión pública en infraestructuras realizada por el Estado.
Por lo que puede pensarse que, con carácter previo a cualquier propuesta de financiación nueva, el actual sistema debería analizarse en profundidad, introduciéndole, por un lado, mayores dosis de neutralidad, y aceptando, también, que no necesariamente la descentralización es buena per se. Al tiempo que, en base a ello, debería abrirse una discusión positiva sobre qué transferencias pueden haber sido motivo de pérdida en la eficiencia conjunta de los servicios prestados a los ciudadanos; a lo que debería seguirle una etapa de reflexión y de análisis para que las futuras propuestas que salgan de Cataluña no queden reducidas a que queremos más tarta, y que la queremos porque se nos ha ocurrido, después de tantos años sin haberlo descubierto, que los catalanes pensamos que ha llegado la hora de llevarnos un trozo más grande, aunque sea a costa de las nóminas de comunidades de renta neta negativa, y sin otro argumento que aquello que hemos oído “de que ya es hora para que cada territorio se acostumbre a vivir con sus propios recursos”. Sobre todo, cuando es fácilmente comprobable que, a pesar de la existencia de un sistema que, ahora, se pretende como tan inapropiado, resulta que las comunidades que, hoy, después de 25 años de autonomía, encabezan el ranking de renta territorial per cápíta continúan siendo las mismas que lo encabezaban cincuenta años antes. Al tiempo que cuesta entender tanto empeño en cambiar el reparto de una tarta, cuyas porciones están predeterminadas desde hace muchos años, y tanto olvido de un capítulo de los presupuestos que, por lo menos a priori, no aparece como predeterminado: la inversión pública en infraestructuras realizada por el Estado.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nou Estatut: un reparto imposible de la tarta
Enviado por el día 27 de Octubre de 2005 a las 02:33
Señor Wellinton su analisis ha sido una operación aséptica totalmente, algunos intelectuales progres serían incapaces de asimilar tal cantidad de datos y afirmacionces contrastadas, pero si lo que se intuye es el engaño por parte del tripartito, de que cada palo aguante su vela, a mi entender su idea al igual que la del gobierno vasco es que ellos son los que tienen las empresas y la producción, pero hay un detalle que se parece obviar y es donde está el mercado, el mercado natural, por que si nos ponemos a inventar mercados resulta que no hay por los altos costes de sus productos, respecto a los otros competidores, el estatut entra dentro de una corriente socializante desde el terreno economico como contraposición a la globalización, y a la libertad economica, ese es el gran fraude, pensar que creando ese pseudo estado podrán vivir en el país de jauja, claro a costa del resto, pero qué ocurriria si el mercado natural dejase de existir?, hacia donde irian los productos de la pequeña y mediana empresa, tal vez todos salgamos perdiendo pero seguro que unos mas que otros pero ellos mas que nosotros.