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Hoy quería hablar del Tribunal Constitucional.
Enviado por el día 25 de Marzo de 2006 a las 14:41
Hoy quería hablar del Tribunal Constitucional.
Son muchos, tanto de derechas como de izquierdas , los que no acaban de interiorizar la alarma que algunos pregonamos a diario. Y no acaban de interiorizarla por considerar que el artículo 2º, sobre el que se edifica toda nuestra Constitución, está salvaguardado por una de las dos Instituciones a quien la propia Constitución le encomienda esa misión, es decir el Tribunal Constitucional.
Pero, ¿Qué garantías hay de que cuando un sistema democrático se corrompe por la acción deliberada del Poder Ejecutivo, que a la vez corrompe al Poder Legislativo, no acabe también contaminando al Poder Judicial?
En ‘sensu stricto’ , al Tribunal Constitucional le corresponde velar por la constitucionalidad, deteniendo y anulando las inconstitucionalidades, al igual que al Ministerio Fiscal le corresponde velar por la legalidad, ejerciendo la acusación penal y la defensa de la legalidad.
La comparación/asociación del TC con el MF que he hecho en el párrafo anterior no es espontánea , sino intencionada. Esta semana los incrédulos han podido observar con estupor un dato relevante: la corrupción de facto del Ministerio Fiscal.
El Fiscal General de Estado, más conocido como ‘Cándido el malo’, ha exhortado públicamente y sin ningún recato, a Jueces y Fiscales a que aparquen el Estado de Derecho.
Y la pregunta es: ¿Qué posibilidades hay de que esa misma corrupción que impregna al Ministerio Fiscal pueda reflejarse también en el Tribunal Constitucional?
Repasemos los antecedentes:
En junio del 2.0004, es decir, tres meses después del golpe terrorista del 11M y dos meses después de la toma de posesión del Gobierno surgido a los tres días de dicho golpe terrorista , el Tribunal Constitucional fue, por imperativo legal, renovado parcialmente. A propuesta del nuevo Gobierno se incorporaron dos Magistrados y a propuesta del CGPJ se incorporaron otros dos.
En esa misma fecha se procedía a la renovación de la Presidencia de dicho Tribunal, pues uno de los Magistrados renovados era su anterior Presidente , Jiménez de Parga.
Lo previsto, descontado , acordado y anunciado era que fuera nombrado Presidente Vicente Conde Martín de Hijas, que era el magistrado de mayor edad, y Vicepresidenta Mª Emilia Casas Baamonde.
La norma procedimental del TC establece que, en caso de empate, resuelve el voto de calidad de quién ejerce la presidencia.
Se realiza la votación y tal como estaba previsto surge el empate entre las dos candidaturas, luego, al aplicar la norma y por el voto de calidad, la Presidencia recaía en Vicente Martín de Hijas. Pero hete aquí que se solicita realizar una nueva votación y... ¡Oh, sorpresa! Por otra CASUALIDAD inexplicable de esta era en la que nos está tocando vivir, uno de los Magistrados cambia de forma imprevista el sentido de su voto y se rompe el empate a favor de Mª Emilia Casas
http://spaces.msn.com/e-pe/
Son muchos, tanto de derechas como de izquierdas , los que no acaban de interiorizar la alarma que algunos pregonamos a diario. Y no acaban de interiorizarla por considerar que el artículo 2º, sobre el que se edifica toda nuestra Constitución, está salvaguardado por una de las dos Instituciones a quien la propia Constitución le encomienda esa misión, es decir el Tribunal Constitucional.
Pero, ¿Qué garantías hay de que cuando un sistema democrático se corrompe por la acción deliberada del Poder Ejecutivo, que a la vez corrompe al Poder Legislativo, no acabe también contaminando al Poder Judicial?
En ‘sensu stricto’ , al Tribunal Constitucional le corresponde velar por la constitucionalidad, deteniendo y anulando las inconstitucionalidades, al igual que al Ministerio Fiscal le corresponde velar por la legalidad, ejerciendo la acusación penal y la defensa de la legalidad.
La comparación/asociación del TC con el MF que he hecho en el párrafo anterior no es espontánea , sino intencionada. Esta semana los incrédulos han podido observar con estupor un dato relevante: la corrupción de facto del Ministerio Fiscal.
El Fiscal General de Estado, más conocido como ‘Cándido el malo’, ha exhortado públicamente y sin ningún recato, a Jueces y Fiscales a que aparquen el Estado de Derecho.
Y la pregunta es: ¿Qué posibilidades hay de que esa misma corrupción que impregna al Ministerio Fiscal pueda reflejarse también en el Tribunal Constitucional?
Repasemos los antecedentes:
En junio del 2.0004, es decir, tres meses después del golpe terrorista del 11M y dos meses después de la toma de posesión del Gobierno surgido a los tres días de dicho golpe terrorista , el Tribunal Constitucional fue, por imperativo legal, renovado parcialmente. A propuesta del nuevo Gobierno se incorporaron dos Magistrados y a propuesta del CGPJ se incorporaron otros dos.
En esa misma fecha se procedía a la renovación de la Presidencia de dicho Tribunal, pues uno de los Magistrados renovados era su anterior Presidente , Jiménez de Parga.
Lo previsto, descontado , acordado y anunciado era que fuera nombrado Presidente Vicente Conde Martín de Hijas, que era el magistrado de mayor edad, y Vicepresidenta Mª Emilia Casas Baamonde.
La norma procedimental del TC establece que, en caso de empate, resuelve el voto de calidad de quién ejerce la presidencia.
Se realiza la votación y tal como estaba previsto surge el empate entre las dos candidaturas, luego, al aplicar la norma y por el voto de calidad, la Presidencia recaía en Vicente Martín de Hijas. Pero hete aquí que se solicita realizar una nueva votación y... ¡Oh, sorpresa! Por otra CASUALIDAD inexplicable de esta era en la que nos está tocando vivir, uno de los Magistrados cambia de forma imprevista el sentido de su voto y se rompe el empate a favor de Mª Emilia Casas
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Re: Hoy quería hablar del Tribunal Constitucional.
Enviado por el día 25 de Marzo de 2006 a las 14:42
¿Y qué se sabe de Doña Mª Emilia Casas Baamonde, además de que proceda de la rama de los Tribunales de \'lo Social’, motivo por la que se la consideraba la menos idónea para el cargo de Presidenta ?.
Pues tal como informó en su día LD, información que archivé a la espera de acontecimientos, “María Emilia Casas fue uno de los cuatro magistrados que en 1999 votó a favor del amparo de la denominada Mesa Nacional de Herri Batasuna contra la sentencia del Supremo que dictó su encarcelamiento. El 20 de marzo de 2004, el TC votó en contra de la impugnación del Plan Ibarretxe interpuesta por el anterior Gobierno. Casas fue una de las magistradas que lo favoreció junto al voto de Tomás Vives, Javier Delgado, Vicente Conde, Elisa Pérez Vera, Eugenio Gay y Pablo García Manzano. Los votos a favor partieron del entonces presidente , Manuel Jiménez de Parga, Pablo Cachón, Jorge Rodríguez Zapata, Guillermo Jiménez y Roberto García Calvo.
María Emilia Casas está casada con Jesús Leguina Villa, consejero del Banco de España y ex magistrado del Constitucional también a propuesta del PSOE en 1986. Fue asesor del PNV y del PSOE y realizó por encargo del Gobierno Vasco un dictamen jurídico en contra de la Ley de Armonización del Proceso Autonómico.”
¿Y por qué saco ahora este tema?
Pues por que esta semana Mª Emilia Casas ha pronunciado una frase que me ha causado alarma. Textualmente ha dicho:
“hay que despojar de emotividad el término nación”
Buenos días.
___________________________
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Pues tal como informó en su día LD, información que archivé a la espera de acontecimientos, “María Emilia Casas fue uno de los cuatro magistrados que en 1999 votó a favor del amparo de la denominada Mesa Nacional de Herri Batasuna contra la sentencia del Supremo que dictó su encarcelamiento. El 20 de marzo de 2004, el TC votó en contra de la impugnación del Plan Ibarretxe interpuesta por el anterior Gobierno. Casas fue una de las magistradas que lo favoreció junto al voto de Tomás Vives, Javier Delgado, Vicente Conde, Elisa Pérez Vera, Eugenio Gay y Pablo García Manzano. Los votos a favor partieron del entonces presidente , Manuel Jiménez de Parga, Pablo Cachón, Jorge Rodríguez Zapata, Guillermo Jiménez y Roberto García Calvo.
María Emilia Casas está casada con Jesús Leguina Villa, consejero del Banco de España y ex magistrado del Constitucional también a propuesta del PSOE en 1986. Fue asesor del PNV y del PSOE y realizó por encargo del Gobierno Vasco un dictamen jurídico en contra de la Ley de Armonización del Proceso Autonómico.”
¿Y por qué saco ahora este tema?
Pues por que esta semana Mª Emilia Casas ha pronunciado una frase que me ha causado alarma. Textualmente ha dicho:
“hay que despojar de emotividad el término nación”
Buenos días.
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Tribunal Constitucional.
Enviado por el día 25 de Marzo de 2006 a las 19:01
UNA JUEZ PROCLIVE AL NACIONALISMO
Jiménez traicionó el Pacto en el Tribunal Constitucional
De auténtica conjura se pueden calificar las maniobras urdidas por el PSOE en el Tribunal Constitucional para vetar el nombramiento de Vicente Conde como presidente del TC.
16 de junio de 2004.
María Emilia Casas Baamonde La magistrada era la candidata del sector progresista, frente al aspirante de los conservadores, Vicente Conde Martín de Hijas. La nueva presidenta sucede en el puesto a Manuel Jiménez de Parga, en principio por un periodo de tres años.
Los 12 magistrados componentes del Constitucional, todos en el pleno de ayer, son
1. Presidente María Emilia Casas Baamonde
2. Vicepresidente Guillermo Jiménez Sánchez
3. Vicente Conde Martín de Hijas (favorito en principio)
4. Javier Delgado Barrio
5. Roberto García Calvo
6. Eugenio Gay Montalvo
7. Elisa Pérez Vera
8. Jorge Rodríguez Zapata
9. Pascual Sala
10. Ramón Rodríguez Arribas
11. Manuel Aragón
12. Pablo Pérez Tremps
Dentro del tribunal se ha significado por su sensibilidad hacia las posiciones autonomistas, en contraste con otros magistrados, como el ex presidente Manuel Jiménez de Parga, que han puesto el acento en la defensa de las competencias del Estado.
El nombramiento de Casas fue auspiciado desde el PSOE, como el de Conde lo fue desde el PP.
Jiménez traicionó el Pacto en el Tribunal Constitucional
De auténtica conjura se pueden calificar las maniobras urdidas por el PSOE en el Tribunal Constitucional para vetar el nombramiento de Vicente Conde como presidente del TC.
16 de junio de 2004.
María Emilia Casas Baamonde La magistrada era la candidata del sector progresista, frente al aspirante de los conservadores, Vicente Conde Martín de Hijas. La nueva presidenta sucede en el puesto a Manuel Jiménez de Parga, en principio por un periodo de tres años.
Los 12 magistrados componentes del Constitucional, todos en el pleno de ayer, son
1. Presidente María Emilia Casas Baamonde
2. Vicepresidente Guillermo Jiménez Sánchez
3. Vicente Conde Martín de Hijas (favorito en principio)
4. Javier Delgado Barrio
5. Roberto García Calvo
6. Eugenio Gay Montalvo
7. Elisa Pérez Vera
8. Jorge Rodríguez Zapata
9. Pascual Sala
10. Ramón Rodríguez Arribas
11. Manuel Aragón
12. Pablo Pérez Tremps
Dentro del tribunal se ha significado por su sensibilidad hacia las posiciones autonomistas, en contraste con otros magistrados, como el ex presidente Manuel Jiménez de Parga, que han puesto el acento en la defensa de las competencias del Estado.
El nombramiento de Casas fue auspiciado desde el PSOE, como el de Conde lo fue desde el PP.
Tribunal Constitucional.
Enviado por el día 25 de Marzo de 2006 a las 19:03
MAGISTRADA A PROPUESTA DEL PSOE DESDE 1998
Era Vicente Conde Martín de Hijas el que partía como favorito para presidir ayer el Tribunal Constitucional. Al ser magistrado de mayor edad, a Conde sólo le hacían falta seis votos para ser elegido presidente. El pacto entre "conservadores" y "progresistas" convertía, en caso de empate, en presidente al magistrado de mayor edad. Pero la sorpresa saltó cuando, tras producirse el empate, se solicitó una nueva votación de desempate. En la segunda votación uno de los magistrados "conservadores" decidió votar a favor de la magistrada Casas que resultó elegida con siete votos a favor. Todas las miradas se posaron en ese instante en Guillermo Jiménez, que según fuentes solventes del Tribunal Constitucional fue quien decidió inclinar su voto en favor de la magistrada "progresista".
María Emilia Casas fue uno de los cuatro magistrados que en 1999 votó a favor del amparo de la denominada Mesa Nacional de Herri Batasuna contra la sentencia del Supremo que dictó su encarcelamiento.
Era Vicente Conde Martín de Hijas el que partía como favorito para presidir ayer el Tribunal Constitucional. Al ser magistrado de mayor edad, a Conde sólo le hacían falta seis votos para ser elegido presidente. El pacto entre "conservadores" y "progresistas" convertía, en caso de empate, en presidente al magistrado de mayor edad. Pero la sorpresa saltó cuando, tras producirse el empate, se solicitó una nueva votación de desempate. En la segunda votación uno de los magistrados "conservadores" decidió votar a favor de la magistrada Casas que resultó elegida con siete votos a favor. Todas las miradas se posaron en ese instante en Guillermo Jiménez, que según fuentes solventes del Tribunal Constitucional fue quien decidió inclinar su voto en favor de la magistrada "progresista".
María Emilia Casas fue uno de los cuatro magistrados que en 1999 votó a favor del amparo de la denominada Mesa Nacional de Herri Batasuna contra la sentencia del Supremo que dictó su encarcelamiento.
Tribunal Constitucional.
Enviado por el día 25 de Marzo de 2006 a las 19:22
Voy a intentar aproximarme al tema, poco a poco.
Hay un prólogo previo.
Primero. Es habitual decir que se “tiene confianza en «la justicia»” cuando se está siendo juzgado o se ha interpuesto una querella ante los tribunales. Yo no estoy siendo juzgado ni tengo ningún asunto con “la justicia”, que yo sepa. De todas formas, sea cual sea mi situación, hoy o mañana, yo sí que digo que no tengo ninguna confianza en la justicia, es decir, que no tengo ninguna confianza en el sistema judicial español, es decir, que no tengo ninguna confianza en las personas que forman los tribunales, ya sean jueces, magistrados, personas “de reconocida competencia” o lo que sea que sean. Espero que manifestar mi desconfianza en esas personas no sea constitutivo de delito. No digo que prevariquen ni que delincan de ningún modo. Digo que, de entrada, no merecen mi confianza ni mi aprecio y desearía que el sentimiento fuera recíproco. Espero no verme nunca delante de uno de ellos por nada serio (sólo he tenido que acudir al juzgado por razones menores de tráfico de vehículos, hasta el día de hoy).
Segundo. Vivimos en una partitocracia. Las noticias que leo en la prensa en relación con estos temas siempre hablan de “vocales progresistas” y “vocales conservadores”. Por tanto, después de leer esta documentación concienzudamente concluyo que todas las personas mencionadas representan allí a partidos políticos. En la medida en que yo pienso que representan a partidos políticos, pienso igualmente que se deben a ellos, que sus actuaciones dependerán de su adscripción política, de manera que las menciones a “órganos independientes” no van conmigo, no me las creo. Independiente soy yo, que a lo largo de mi vida he votado todo lo votable, que no debo nada a ningún político ni me siento a la mesa con ninguno, ni le estrecho la mano y no tengo otra motivación para votar que mis muy legítimos intereses, que son muy legítimos por dos razones:
1. Porque son míos.
Porque sigo la norma de no perjudicar conscientemente a nadie.
Hay un prólogo previo.
Primero. Es habitual decir que se “tiene confianza en «la justicia»” cuando se está siendo juzgado o se ha interpuesto una querella ante los tribunales. Yo no estoy siendo juzgado ni tengo ningún asunto con “la justicia”, que yo sepa. De todas formas, sea cual sea mi situación, hoy o mañana, yo sí que digo que no tengo ninguna confianza en la justicia, es decir, que no tengo ninguna confianza en el sistema judicial español, es decir, que no tengo ninguna confianza en las personas que forman los tribunales, ya sean jueces, magistrados, personas “de reconocida competencia” o lo que sea que sean. Espero que manifestar mi desconfianza en esas personas no sea constitutivo de delito. No digo que prevariquen ni que delincan de ningún modo. Digo que, de entrada, no merecen mi confianza ni mi aprecio y desearía que el sentimiento fuera recíproco. Espero no verme nunca delante de uno de ellos por nada serio (sólo he tenido que acudir al juzgado por razones menores de tráfico de vehículos, hasta el día de hoy).
Segundo. Vivimos en una partitocracia. Las noticias que leo en la prensa en relación con estos temas siempre hablan de “vocales progresistas” y “vocales conservadores”. Por tanto, después de leer esta documentación concienzudamente concluyo que todas las personas mencionadas representan allí a partidos políticos. En la medida en que yo pienso que representan a partidos políticos, pienso igualmente que se deben a ellos, que sus actuaciones dependerán de su adscripción política, de manera que las menciones a “órganos independientes” no van conmigo, no me las creo. Independiente soy yo, que a lo largo de mi vida he votado todo lo votable, que no debo nada a ningún político ni me siento a la mesa con ninguno, ni le estrecho la mano y no tengo otra motivación para votar que mis muy legítimos intereses, que son muy legítimos por dos razones:
1. Porque son míos.
Porque sigo la norma de no perjudicar conscientemente a nadie.
Tribunal Constitucional.
Enviado por el día 25 de Marzo de 2006 a las 19:24
Tercero. Que entiendo que la composición actual del Tribunal Constitucional es fundamental (como lo fue en el caso RUMASA). Según veo los reparos puestos al nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial (que nombra a dos miembros del Tribunal Constitucional) son tales que el hecho de que se de una mayoría “progresista” o “conservadora” es algo que está siempre “en el aire”. Leo que el Presidente del Consejo General del Poder Judicial es “conservador” y que la Presidenta del Tribunal Constitucional es “progresista”.
Por “conservador” entiendo afín al Partido Popular.
Por “progresista” entiendo afín al PSOE.
Entiendo que desde el proceso del 11-14 de marzo de 2004 estamos en un proceso de demolición del Estado de la Constitución del 78. Proceso llevado lentamente. Entiendo que se trata de hacerlo “con anestesia”, visto que los intentos de imponer una “democracia adjetivada” en 1934 y 1936 resultaron fallidos y han juzgado los promotores, para mí sin duda, que el fracaso se debió a que las tentativas se hicieron sin la “necesaria” anestesia. La independencia de facto para Cataluña es el paso decisivo. Si sale bien todo lo demás seguirá rodado.
Por lo que leo en el post, que he ido verificando en la medida en que es verificable, y por lo que me voy informando en “los medios” colijo que la clave está en el Tribunal Constitucional.
En Estrella Digital (http://www.estrelladigital.es/articulo.asp?sec=esp...) del Martes 15 de junio de 2004, leo:
Vocales del CGPJ tachan de "chapucera y frívola" la Ley Integral contra la Violencia a la Mujer. El CGPJ rechaza la propuesta de dictamen de esta normativa con los tres votos en contra de la mayoría conservadora y dos a favor de los progresistas. El Consejo también ha decidido pedir al Gobierno que le conceda más tiempo para preparar un nuevo informe. Consideran anticonstitucional que el texto se refiera en exclusiva a las mujeres y no a las víctimas de la violencia doméstica de otro sexo.
Por “conservador” entiendo afín al Partido Popular.
Por “progresista” entiendo afín al PSOE.
Entiendo que desde el proceso del 11-14 de marzo de 2004 estamos en un proceso de demolición del Estado de la Constitución del 78. Proceso llevado lentamente. Entiendo que se trata de hacerlo “con anestesia”, visto que los intentos de imponer una “democracia adjetivada” en 1934 y 1936 resultaron fallidos y han juzgado los promotores, para mí sin duda, que el fracaso se debió a que las tentativas se hicieron sin la “necesaria” anestesia. La independencia de facto para Cataluña es el paso decisivo. Si sale bien todo lo demás seguirá rodado.
Por lo que leo en el post, que he ido verificando en la medida en que es verificable, y por lo que me voy informando en “los medios” colijo que la clave está en el Tribunal Constitucional.
En Estrella Digital (http://www.estrelladigital.es/articulo.asp?sec=esp...) del Martes 15 de junio de 2004, leo:
Vocales del CGPJ tachan de "chapucera y frívola" la Ley Integral contra la Violencia a la Mujer. El CGPJ rechaza la propuesta de dictamen de esta normativa con los tres votos en contra de la mayoría conservadora y dos a favor de los progresistas. El Consejo también ha decidido pedir al Gobierno que le conceda más tiempo para preparar un nuevo informe. Consideran anticonstitucional que el texto se refiera en exclusiva a las mujeres y no a las víctimas de la violencia doméstica de otro sexo.
Tribunal Constitucional.
Enviado por el día 25 de Marzo de 2006 a las 19:53
De este y otros textos concluyo que la mayoría del CGPJ es “conservadora”.
Hay multitud de referencias a vocales “progresistas” y vocales “conservadores” en relación con el CGPJ pero no encuentro nada de nada en relación con el Tribunal Constitucional (¿sería desacato?, me pregunto; es muy curioso). Por métodos indirectos (votos particulares, artículos) deduzco algunas cosas, pero es claro que habría que ser un político informado para dar una respuesta. Por ejemplo, en http://noticias.juridicas.com/actual/20040616-1.ht... leo que “María Emilia Casas Baamonde”, Presidente del TC, “se alineó casi siempre en los últimos años con las posiciones del ex vicepresidente del Tribunal, Tomás Vives, catedrático de Derecho Penal, de renombre entre los magistrados progresistas”, y que “el Pleno del Tribunal Constitucional eligió por por mayoría absoluta como vicepresidente del Tribunal Constitucional al magistrado Guillermo Jiménez Sánchez”, y más adelante que “ha sido Vicedecano y Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla, Secretario General, Vicerrector y Rector de esta misma Universidad y Rector de la Universidad Hispanoamericana de Santa María de La Rábida” (me cuesta imaginar a un Rector que no sea de extrema izquierda, aunque teóricamente podría darse el caso; en todo caso yo nunca estrecharía la mano de un Rector). El asunto es complicado para un ciudadano de a pie, pero los indicios son muy malos.
¿Por qué los indicios son muy malos? Porque entiendo que los llamados “progresistas” son los que desean declararme apartida (o, lo que es casi peor, súbdito de la Comunidad Autónoma a cuya “espuria autoridad constituida” –palabras de Mao Tse-Tung- estoy sometido). Por tanto de la composición del Tribunal Constitucional va a depender mucho. En la propia http://www.tribunalconstitucional.es/TRIBUNAL.htm leo “Establecido por el Título IX de la Constitución española de 1978 (en adelante CE), el Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución. Único en su orden y con jurisdicción en todo el territorio nacional, ejerce las competencias definidas en el art. 161 CE. El Tribunal Constitucional es independiente de los demás órganos constitucionales y está sometido sólo a la Constitución y a su Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre (BOE 5.10).”
Hay multitud de referencias a vocales “progresistas” y vocales “conservadores” en relación con el CGPJ pero no encuentro nada de nada en relación con el Tribunal Constitucional (¿sería desacato?, me pregunto; es muy curioso). Por métodos indirectos (votos particulares, artículos) deduzco algunas cosas, pero es claro que habría que ser un político informado para dar una respuesta. Por ejemplo, en http://noticias.juridicas.com/actual/20040616-1.ht... leo que “María Emilia Casas Baamonde”, Presidente del TC, “se alineó casi siempre en los últimos años con las posiciones del ex vicepresidente del Tribunal, Tomás Vives, catedrático de Derecho Penal, de renombre entre los magistrados progresistas”, y que “el Pleno del Tribunal Constitucional eligió por por mayoría absoluta como vicepresidente del Tribunal Constitucional al magistrado Guillermo Jiménez Sánchez”, y más adelante que “ha sido Vicedecano y Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla, Secretario General, Vicerrector y Rector de esta misma Universidad y Rector de la Universidad Hispanoamericana de Santa María de La Rábida” (me cuesta imaginar a un Rector que no sea de extrema izquierda, aunque teóricamente podría darse el caso; en todo caso yo nunca estrecharía la mano de un Rector). El asunto es complicado para un ciudadano de a pie, pero los indicios son muy malos.
¿Por qué los indicios son muy malos? Porque entiendo que los llamados “progresistas” son los que desean declararme apartida (o, lo que es casi peor, súbdito de la Comunidad Autónoma a cuya “espuria autoridad constituida” –palabras de Mao Tse-Tung- estoy sometido). Por tanto de la composición del Tribunal Constitucional va a depender mucho. En la propia http://www.tribunalconstitucional.es/TRIBUNAL.htm leo “Establecido por el Título IX de la Constitución española de 1978 (en adelante CE), el Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución. Único en su orden y con jurisdicción en todo el territorio nacional, ejerce las competencias definidas en el art. 161 CE. El Tribunal Constitucional es independiente de los demás órganos constitucionales y está sometido sólo a la Constitución y a su Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre (BOE 5.10).”
Tribunal Constitucional.
Enviado por el día 25 de Marzo de 2006 a las 20:00
Dice: “es independiente de los demás órganos constitucionales”. No me lo creo y además repito, vivimos en una partitocracia en la que los partidos, al menos los relevantes, funcionan según el principio leninista del “centralismo democrático” o, en palabras de uno de los más autorizados edificadores del Régimen actual, Alfonso Guerra: “el que se mueve no sale en la foto”, que es lo mismo.
Este mismo político anunció la “muerte de Montesquieu”, es decir, del Estado de Derecho. Yo le doy la razón, creo que Alfonso Guerra dijo lo que él y su partido habían logrado con total sinceridad y ajustándose estrictamente a la verdad. Cierto que él diría que “la muerte de Montesquieu” no es la desaparición del Estado de Derecho sino, más bien, en la terminología actual, la consecución de una forma de “democracia” más avanzada: la “democracia avanzada”, mucho más democrática que la “democracia formal buguesa”, como ellos gustan de decir en sus cenáculos. Pero yo digo lo que digo, que es lo primero: “mataron a Montesquieu”, Aznar no hizo nada por volverlo a la vida, el Estado de Derecho murió y sigue muerto. El Estado con Derecho no ha muerto, pero es que es lo que tenemos desde la época romana (con el paréntesis de la Alta Edad Media).
Hay que pensar que el Partido Popular y los “vocales conservadores” de los órganos judiciales están por la continuidad de la Nación Española (puesto que los “progresistas españoles”, todos, están en contra). Hay que pensar que el Partido Popular y los “vocales conservadores” de los órganos judiciales están por las libertades individuales, las únicas para mí (puesto que los “progresistas españoles”, todos, están en contra). Hay que pensar que el Partido Popular y los “vocales conservadores” de los órganos judiciales están por la democracia no adjetivada (puesto que los “progresistas españoles”, todos, están en contra). Prefiero pensarlo así, pero mi convicción es débil, muy débil, y tengo argumentos que he expuesto en múltiples ocasiones y que voy ampliando conforme investigo en la web y en mi biblioteca.
Este mismo político anunció la “muerte de Montesquieu”, es decir, del Estado de Derecho. Yo le doy la razón, creo que Alfonso Guerra dijo lo que él y su partido habían logrado con total sinceridad y ajustándose estrictamente a la verdad. Cierto que él diría que “la muerte de Montesquieu” no es la desaparición del Estado de Derecho sino, más bien, en la terminología actual, la consecución de una forma de “democracia” más avanzada: la “democracia avanzada”, mucho más democrática que la “democracia formal buguesa”, como ellos gustan de decir en sus cenáculos. Pero yo digo lo que digo, que es lo primero: “mataron a Montesquieu”, Aznar no hizo nada por volverlo a la vida, el Estado de Derecho murió y sigue muerto. El Estado con Derecho no ha muerto, pero es que es lo que tenemos desde la época romana (con el paréntesis de la Alta Edad Media).
Hay que pensar que el Partido Popular y los “vocales conservadores” de los órganos judiciales están por la continuidad de la Nación Española (puesto que los “progresistas españoles”, todos, están en contra). Hay que pensar que el Partido Popular y los “vocales conservadores” de los órganos judiciales están por las libertades individuales, las únicas para mí (puesto que los “progresistas españoles”, todos, están en contra). Hay que pensar que el Partido Popular y los “vocales conservadores” de los órganos judiciales están por la democracia no adjetivada (puesto que los “progresistas españoles”, todos, están en contra). Prefiero pensarlo así, pero mi convicción es débil, muy débil, y tengo argumentos que he expuesto en múltiples ocasiones y que voy ampliando conforme investigo en la web y en mi biblioteca.
Tribunal Constitucional.
Enviado por el día 25 de Marzo de 2006 a las 20:08
Dicen que estamos en una “democracia avanzada”, es decir, que ya no hay democracia y que las próximas elecciones van a ser como las de la Polonia de Gomulka, el Méjico del PRI o la Venezuela de Chávez. Eso dicen, pero tampoco estoy convencido. Creo que ellos, los “progresistas”, saben que la cosa está en el aire. Pero de todas formas su propósito es claro, puesto que lo han expresado: conseguir la “democracia avanzada”. Tenemos muchos ejemplos: “democracia popular”, “democracia orgánica”, “democracia bolivariana”, “democracia cristiana”, “democracia funcional”, “democracia social”, “democracia comunitaria”, “democracia participativa”, en fin, el nick guinnes, la “Hija de la Estrella” de Masada nos puede ilustrar sobre mis fuentes. Animo a todos a consultarlas.
Veo pues dos cosas. Todo depende de:
a) La voluntad de Mariano Rajoy de actuar y movilizar a los españoles a favor de la continuidad de la Nación Española, las libertades individuales y la democracia.
b) La composición del Tribunal Constitucional.
c) La conducta de los magistrados del TC, dejando al margen quién los propusiera en su día, que puede inclinarse más por la propia Constitución, como es su deber, o por la “democracia avanzada”.
Nada de esto lo veo nada claro, lo que no quiere decir que me pronuncie en un sentido o en otro.
Veo pues dos cosas. Todo depende de:
a) La voluntad de Mariano Rajoy de actuar y movilizar a los españoles a favor de la continuidad de la Nación Española, las libertades individuales y la democracia.
b) La composición del Tribunal Constitucional.
c) La conducta de los magistrados del TC, dejando al margen quién los propusiera en su día, que puede inclinarse más por la propia Constitución, como es su deber, o por la “democracia avanzada”.
Nada de esto lo veo nada claro, lo que no quiere decir que me pronuncie en un sentido o en otro.
Tribunal Constitucional.
Enviado por el día 25 de Marzo de 2006 a las 20:45
Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (remite a la Constitución)
La Constitución Española de 1978
Artículo 159.
1. El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
2. Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con mas de quince años de ejercicio profesional.
3. Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un periodo de nueve años y se renovaran por terceras partes cada tres.
4. La condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible: con todo mandato representativo; con los cargos políticos o administrativos; con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos; con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal; y con cualquier actividad profesional o mercantil. En lo demás, los miembros del Tribunal Constitucional tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del poder judicial.
5. Los miembros del Tribunal Constitucional serán independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato.
El Tribunal Constitucional en Pleno elige de entre sus miembros, en votación secreta, a su Presidente y propone al Rey su nombramiento por tres años, pudiendo ser reelegido por una sola vez. Igual procedimiento se sigue para el nombramiento del Vicepresidente, al que corresponde la sustitución del Presidente en caso de vacante, ausencia u otro motivo legal.
La Constitución Española de 1978
Artículo 159.
1. El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
2. Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con mas de quince años de ejercicio profesional.
3. Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un periodo de nueve años y se renovaran por terceras partes cada tres.
4. La condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible: con todo mandato representativo; con los cargos políticos o administrativos; con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos; con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal; y con cualquier actividad profesional o mercantil. En lo demás, los miembros del Tribunal Constitucional tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del poder judicial.
5. Los miembros del Tribunal Constitucional serán independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato.
El Tribunal Constitucional en Pleno elige de entre sus miembros, en votación secreta, a su Presidente y propone al Rey su nombramiento por tres años, pudiendo ser reelegido por una sola vez. Igual procedimiento se sigue para el nombramiento del Vicepresidente, al que corresponde la sustitución del Presidente en caso de vacante, ausencia u otro motivo legal.
Tribunal Constitucional.
Enviado por el día 25 de Marzo de 2006 a las 21:21
PRESIDENTE: Doña María Emilia Casas Baamonde: 16.06.2004 -
VICEPRESIDENTE: Don Guillermo Jiménez Sánchez: 16.06.2004 -
COMPOSICIÓN
1. Doña María Emilia Casas Baamonde 16 de diciembre de 1998 Senado (PP, PSOE)
2. Don Vicente Conde Martín de Hijas 16 de diciembre de 1998 Senado (PP, PSOE)
3. Don Guillermo Jiménez Sánchez 16 de diciembre de 1998 Senado (PP, PSOE)
4. Don Javier Delgado Barrio 6 de noviembre de 2001 Congreso (PP, PSOE)
5. Doña Elisa Pérez Vera 6 de noviembre de 2001 Congreso (PP, PSOE)
6. Don Roberto García-Calvo y Montiel 6 de noviembre de 2001 Congreso (PP, PSOE)
7. Don Eugenio Gay Montalvo 6 de noviembre de 2001 Congreso (PP, PSOE)
8. Don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez 18 de diciembre de 2002 Senado (PP, PSOE)
9. Don Manuel Aragón Reyes 8 de junio de 2004 Gobierno (PSOE)
10. Don Pablo Pérez Tremps 8 de junio de 2004 Gobierno (PSOE)
11. Don Ramón Rodríguez Arribas 8 de junio de 2004 Consejo General del Poder Judicial
12. Don Pascual Sala Sánchez 8 de junio de 2004 Consejo General del Poder Judicial
VICEPRESIDENTE: Don Guillermo Jiménez Sánchez: 16.06.2004 -
COMPOSICIÓN
1. Doña María Emilia Casas Baamonde 16 de diciembre de 1998 Senado (PP, PSOE)
2. Don Vicente Conde Martín de Hijas 16 de diciembre de 1998 Senado (PP, PSOE)
3. Don Guillermo Jiménez Sánchez 16 de diciembre de 1998 Senado (PP, PSOE)
4. Don Javier Delgado Barrio 6 de noviembre de 2001 Congreso (PP, PSOE)
5. Doña Elisa Pérez Vera 6 de noviembre de 2001 Congreso (PP, PSOE)
6. Don Roberto García-Calvo y Montiel 6 de noviembre de 2001 Congreso (PP, PSOE)
7. Don Eugenio Gay Montalvo 6 de noviembre de 2001 Congreso (PP, PSOE)
8. Don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez 18 de diciembre de 2002 Senado (PP, PSOE)
9. Don Manuel Aragón Reyes 8 de junio de 2004 Gobierno (PSOE)
10. Don Pablo Pérez Tremps 8 de junio de 2004 Gobierno (PSOE)
11. Don Ramón Rodríguez Arribas 8 de junio de 2004 Consejo General del Poder Judicial
12. Don Pascual Sala Sánchez 8 de junio de 2004 Consejo General del Poder Judicial
Tribunal Constitucional.
Enviado por el día 25 de Marzo de 2006 a las 21:24
Elecciones Generales de 14 de marzo de 2004
NUEVA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
María Emilia Casas Baamonde: de la docencia al máximo poder judicial
ELMUNDO.ES
María Emilia Casas. (EFE)
MADRID.- La Presidencia del Tribunal Constitucional tiene por primera vez nombre de mujer: María Emilia Casas Baamonde. La vida de esta leonesa de 54 años, madre de cuatro hijos y de talante progresista, estaba más próxima a la docencia y a la escritura antes de 1998. Este año fue clave para ella, pues a finales del mismo se convertía en el magistrado más joven que llegaba al Tribunal Constitucional. PSOE y PP llegaban al acuerdo de renovación que estaba pendiente desde febrero del mismo año para sustituir a cuatro de sus miembros y ella fue la propuesta de los socialistas. Su candidatura fue aprobada por más de las tres quintas partes del Senado -204 votos a favor-. Licenciada en Derecho y discípula del catedrático emérito de Derecho del Trabajado de la Complutense, Manuel Alonso Olea, siempre ha estado muy ligada al mundo de la enseñanza. De hecho, es catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la misma universidad. Ha impartido clases en el Master en Gestión de Riesgos Laborales de la Universidad de Salamanca, y ha formado parte del consejo del Instituto Internacional de Ciencias Políticas y del de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas. También ha sido vicerrectora y ha pertenecido a la comisión gestora de la Universidad Carlos III. Las relaciones laborales han sido un elemento fundamental y muy vinculado a su carrera. En 1986 participaba en el Seminario Hispano-Italiano sobre Política de empleo y los intereses de los colectivos ante situaciones de desempleados, organizada por la Universidad Regional de Castilla La Mancha. En 1998 impartía la conferencia 'Tratamiento procesal de los procedimientos no jurisdiccionales de la solución de conflictos' en los Cursos de Verano de Torrelaguna. Pero su verdadero debut en este tema fue a finales de ese año, poco antes de convertirse en vocal del Constitucional, cuando, a petición del Gobierno, formaba parte del grupo de expertos en normativa laboral encargados de elaborar la ley reguladora del trabajo a tiempo parcial estable. Es autora de diversas publicaciones y ensayos, además de haber formado parte de los grupos de investigación de la Unión Europea sobre trabajo, empleo y seguridad social.
NUEVA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
María Emilia Casas Baamonde: de la docencia al máximo poder judicial
ELMUNDO.ES
María Emilia Casas. (EFE)
MADRID.- La Presidencia del Tribunal Constitucional tiene por primera vez nombre de mujer: María Emilia Casas Baamonde. La vida de esta leonesa de 54 años, madre de cuatro hijos y de talante progresista, estaba más próxima a la docencia y a la escritura antes de 1998. Este año fue clave para ella, pues a finales del mismo se convertía en el magistrado más joven que llegaba al Tribunal Constitucional. PSOE y PP llegaban al acuerdo de renovación que estaba pendiente desde febrero del mismo año para sustituir a cuatro de sus miembros y ella fue la propuesta de los socialistas. Su candidatura fue aprobada por más de las tres quintas partes del Senado -204 votos a favor-. Licenciada en Derecho y discípula del catedrático emérito de Derecho del Trabajado de la Complutense, Manuel Alonso Olea, siempre ha estado muy ligada al mundo de la enseñanza. De hecho, es catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la misma universidad. Ha impartido clases en el Master en Gestión de Riesgos Laborales de la Universidad de Salamanca, y ha formado parte del consejo del Instituto Internacional de Ciencias Políticas y del de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas. También ha sido vicerrectora y ha pertenecido a la comisión gestora de la Universidad Carlos III. Las relaciones laborales han sido un elemento fundamental y muy vinculado a su carrera. En 1986 participaba en el Seminario Hispano-Italiano sobre Política de empleo y los intereses de los colectivos ante situaciones de desempleados, organizada por la Universidad Regional de Castilla La Mancha. En 1998 impartía la conferencia 'Tratamiento procesal de los procedimientos no jurisdiccionales de la solución de conflictos' en los Cursos de Verano de Torrelaguna. Pero su verdadero debut en este tema fue a finales de ese año, poco antes de convertirse en vocal del Constitucional, cuando, a petición del Gobierno, formaba parte del grupo de expertos en normativa laboral encargados de elaborar la ley reguladora del trabajo a tiempo parcial estable. Es autora de diversas publicaciones y ensayos, además de haber formado parte de los grupos de investigación de la Unión Europea sobre trabajo, empleo y seguridad social.
Tribunal Constitucional.
Enviado por el día 25 de Marzo de 2006 a las 21:27
El Consejo General del Poder Judicial está integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo preside, y por veinte miembros (denominados Vocales) propuestos por el Congreso de los Diputados y por el Senado según la distribución que se expone a continuación:
• Cada una de las Cámaras del Parlamento español elige, por mayoría de tres quintos, a seis miembros (Vocales) entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales que serán propuestos para su nombramiento por el Rey de acuerdo con el siguiente procedimiento
a. Podrán ser propuestos los Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales que se hallen en servicio activo y no sean miembros del Consejo saliente o presten servicios en los órganos técnicos del mismo.
b. La propuesta será formulada al Rey por el Congreso de los Diputados y el Senado, correspondiendo a cada Cámara proponer seis Vocales, por mayoría de tres quintos de sus respectivos miembros, entre los presentados a las Cámaras por los Jueces y Magistrados conforme a lo previsto en el apartado siguiente señalado con la letra c).
c. Los candidatos serán presentados, hasta un máximo del triple de los doce puestos a proponer, por las asociaciones profesionales de Jueces y Magistrados o por un número de Jueces y Magistrados que represente, al menos, el 2 % de todos los que se encuentren en servicio activo. La determinación del número máximo de candidatos que corresponde presentar a cada asociación y del número máximo de candidatos que pueden presentarse con las firmas de Jueces y Magistrados se ajustará a criterios estrictos de proporcionalidad, de acuerdo con las siguientes reglas:
I. Los 36 candidatos se distribuirán en proporción al número de afiliados de cada asociación y al número de no afiliados a asociación alguna, determinando este último el número máximo de candidatos que pueden ser presentados mediante firmas de otros Jueces y Magistrados no asociados; todo ello, de acuerdo con los datos obrantes en el Registro constituido en el Consejo General del Poder Judicial conforme a lo previsto en el artículo 401 de la presente Ley Orgánica y sin que ningún Juez o Magistrado pueda avalar con su firma más de un candidato.
• Cada una de las Cámaras del Parlamento español elige, por mayoría de tres quintos, a seis miembros (Vocales) entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales que serán propuestos para su nombramiento por el Rey de acuerdo con el siguiente procedimiento
a. Podrán ser propuestos los Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales que se hallen en servicio activo y no sean miembros del Consejo saliente o presten servicios en los órganos técnicos del mismo.
b. La propuesta será formulada al Rey por el Congreso de los Diputados y el Senado, correspondiendo a cada Cámara proponer seis Vocales, por mayoría de tres quintos de sus respectivos miembros, entre los presentados a las Cámaras por los Jueces y Magistrados conforme a lo previsto en el apartado siguiente señalado con la letra c).
c. Los candidatos serán presentados, hasta un máximo del triple de los doce puestos a proponer, por las asociaciones profesionales de Jueces y Magistrados o por un número de Jueces y Magistrados que represente, al menos, el 2 % de todos los que se encuentren en servicio activo. La determinación del número máximo de candidatos que corresponde presentar a cada asociación y del número máximo de candidatos que pueden presentarse con las firmas de Jueces y Magistrados se ajustará a criterios estrictos de proporcionalidad, de acuerdo con las siguientes reglas:
I. Los 36 candidatos se distribuirán en proporción al número de afiliados de cada asociación y al número de no afiliados a asociación alguna, determinando este último el número máximo de candidatos que pueden ser presentados mediante firmas de otros Jueces y Magistrados no asociados; todo ello, de acuerdo con los datos obrantes en el Registro constituido en el Consejo General del Poder Judicial conforme a lo previsto en el artículo 401 de la presente Ley Orgánica y sin que ningún Juez o Magistrado pueda avalar con su firma más de un candidato.
Tribunal Constitucional.
Enviado por el día 25 de Marzo de 2006 a las 21:28
II. En el caso de que el número de Jueces y Magistrados presentados con el aval de firmas suficientes supere el máximo al que se refiere el apartado anterior, sólo tendrán la consideración de candidatos los que, hasta dicho número máximo, vengan avalados por el mayor número de firmas. En el supuesto contrario de que el número de candidatos avalados mediante firmas no baste para cubrir el número total de 36, los restantes se proveerán por las asociaciones, en proporción al número de afiliados; a tal efecto y para evitar dilaciones, las asociaciones incluirán en su propuesta inicial, de forma diferenciada, una lista complementaria de candidatos.
III. Cada asociación determinará, de acuerdo con lo que dispongan sus Estatutos, el sistema de elección de los candidatos que le corresponda presentar.
d. Entre los 36 candidatos presentados, conforme a lo dispuesto en la letra c) anterior, se elegirán en primer lugar 6 Vocales por el Pleno del Congreso de los Diputados, y una vez elegidos estos 6 Vocales, el Senado elegirá los otros 6 entre los 30 candidatos restantes.
• Cada Cámara del Parlamento elige además, por mayoría de tres quintos, cuatro miembros (Vocales) entre abogados y otros juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio en su profesión, que no sean miembros del Consejo saliente ni presten servicios en los órganos técnicos del mismo.
Vocales propuestos por El Congreso
Entre Jueces y Magistrados 6
Entre juristas de reconocida competencia 4
Totales 10
Vocales propuestos por El Senado
Entre Jueces y Magistrados 6
Entre juristas de reconocida competencia 4
Totales 10
TOTAL VOCALES
Entre Jueces y Magistrados 12
Entre juristas de reconocida competencia 8
Totales 20
III. Cada asociación determinará, de acuerdo con lo que dispongan sus Estatutos, el sistema de elección de los candidatos que le corresponda presentar.
d. Entre los 36 candidatos presentados, conforme a lo dispuesto en la letra c) anterior, se elegirán en primer lugar 6 Vocales por el Pleno del Congreso de los Diputados, y una vez elegidos estos 6 Vocales, el Senado elegirá los otros 6 entre los 30 candidatos restantes.
• Cada Cámara del Parlamento elige además, por mayoría de tres quintos, cuatro miembros (Vocales) entre abogados y otros juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio en su profesión, que no sean miembros del Consejo saliente ni presten servicios en los órganos técnicos del mismo.
Vocales propuestos por El Congreso
Entre Jueces y Magistrados 6
Entre juristas de reconocida competencia 4
Totales 10
Vocales propuestos por El Senado
Entre Jueces y Magistrados 6
Entre juristas de reconocida competencia 4
Totales 10
TOTAL VOCALES
Entre Jueces y Magistrados 12
Entre juristas de reconocida competencia 8
Totales 20
Tribunal Constitucional.
Enviado por el día 25 de Marzo de 2006 a las 21:33
Presidente
Propuesto por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial entre miembros de la carrera judicial o juristas de reconocida competencia 1
El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Será nombrado por el Rey a propuesta del Consejo General del Poder Judicial entre miembros de la carrera judicial o juristas de reconocida competencia, con más de quince años de antigüedad en su carrera o en el ejercicio de su profesión. Podrá ser reelegido y nombrado, por una sola vez, para un nuevo mandato. La propuesta del Consejo General del Poder Judicial se adoptará por mayoría de tres quintos de sus miembros en la propia sesión constitutiva del mismo.
El Vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial será propuesto por el pleno de este entre sus vocales, por mayoría de tres quintos de sus componentes, y nombrado por el Rey. El Vicepresidente sustituye al Presidente en los supuestos previstos en los supuestos de los supuestos de vacante, ausencia, enfermedad del Presidente, o por otro motivo legitimo.
Elecciones Generales de 14 de marzo de 2004
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (2001-)
PRESIDENTE:
– DON FRANCISCO JOSÉ HERNANDO SANTIAGO
VICEPRESIDENTE:
–DON FERNANDO SALINAS MOLINA
VOCALES:
– DON LUIS AGUIAR DE LUQUE
– DON JOSÉ ANTONIO ALONSO SUÝREZ
– DON AGUSTÝN AZPARREN LUCAS
– DON JUAN CARLOS CAMPO MORENO
– DOÑA MONSERRAT COMAS DE ARGEMIR CENDRA
– DON FERNANDO FERNÝNDEZ MARTÝN
– DOÑA MARÝA ÝNGELES GARCÝA GARCÝA
– DON JUAN PABLO GONZÝLEZ GONZÝLEZ
– DON FAUSTINO GUTIÉRREZ-ALVIZ CONRADI
– DON JAVIER LAORDEN FERRERO
– DON ENRIQUE LÓPEZ LÓPEZ
– DON JOSEP ALFONS LÓPEZ TENA
– DON JAVIER MARTÝNEZ LÝZARO
– DON JOSÉ MERINO JIMÉNEZ
– DON ENRIQUE MÝGUEZ ALVARELLOS
– DON FÉLIX PANTOJA GARCÝA
– DON ADOLFO PREGO DE OLIVER Y TOLIVAR
– DON JOSÉ LUIS REQUERO IBAÑEZ
– DON CARLOS RIOS IZQUIERDO
Propuesto por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial entre miembros de la carrera judicial o juristas de reconocida competencia 1
El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Será nombrado por el Rey a propuesta del Consejo General del Poder Judicial entre miembros de la carrera judicial o juristas de reconocida competencia, con más de quince años de antigüedad en su carrera o en el ejercicio de su profesión. Podrá ser reelegido y nombrado, por una sola vez, para un nuevo mandato. La propuesta del Consejo General del Poder Judicial se adoptará por mayoría de tres quintos de sus miembros en la propia sesión constitutiva del mismo.
El Vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial será propuesto por el pleno de este entre sus vocales, por mayoría de tres quintos de sus componentes, y nombrado por el Rey. El Vicepresidente sustituye al Presidente en los supuestos previstos en los supuestos de los supuestos de vacante, ausencia, enfermedad del Presidente, o por otro motivo legitimo.
Elecciones Generales de 14 de marzo de 2004
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (2001-)
PRESIDENTE:
– DON FRANCISCO JOSÉ HERNANDO SANTIAGO
VICEPRESIDENTE:
–DON FERNANDO SALINAS MOLINA
VOCALES:
– DON LUIS AGUIAR DE LUQUE
– DON JOSÉ ANTONIO ALONSO SUÝREZ
– DON AGUSTÝN AZPARREN LUCAS
– DON JUAN CARLOS CAMPO MORENO
– DOÑA MONSERRAT COMAS DE ARGEMIR CENDRA
– DON FERNANDO FERNÝNDEZ MARTÝN
– DOÑA MARÝA ÝNGELES GARCÝA GARCÝA
– DON JUAN PABLO GONZÝLEZ GONZÝLEZ
– DON FAUSTINO GUTIÉRREZ-ALVIZ CONRADI
– DON JAVIER LAORDEN FERRERO
– DON ENRIQUE LÓPEZ LÓPEZ
– DON JOSEP ALFONS LÓPEZ TENA
– DON JAVIER MARTÝNEZ LÝZARO
– DON JOSÉ MERINO JIMÉNEZ
– DON ENRIQUE MÝGUEZ ALVARELLOS
– DON FÉLIX PANTOJA GARCÝA
– DON ADOLFO PREGO DE OLIVER Y TOLIVAR
– DON JOSÉ LUIS REQUERO IBAÑEZ
– DON CARLOS RIOS IZQUIERDO
Tribunal Constitucional.
Enviado por el día 25 de Marzo de 2006 a las 21:34
Diario El País - FECHA: 21 - 01 - 2006
EL GOBIERNO Y LAS REFORMAS ESTATUTARIAS
Vocales progresistas piden al presidente del Poder Judicial que no vote sobre el Estatut
MANUEL ALTOZANO - Madrid
La minoría progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) solicitó ayer a su presidente, Francisco Hernando, que se abstenga o vote en contra del estudio sobre la reforma del Estatuto catalán redactado por el vocal conservador José Luis Requero.
http://www.lasemana.es/periodico/noticia.php?cod=1...
ESPAÑA número 229 del 5 al 11 de noviembre de 2001
CARGOS INSTITUCIONALES
Francisco José Hernando Santiago, nuevo presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo
Elena López Oliva.- Francisco José Hernando Santiago, de 65 años, es magistrado de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. Fue el candidato propuesto por el Partido Popular para el cargo y el miércoles resultó elegido por los veinte vocales del nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que presida este organismo y el Tribunal Supremo durante cinco años. Los veinte juristas elegidos por el Parlamento para integrar el nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) juraron su cargo el miércoles ante los Reyes en el Palacio de la Zarzuela, en una ceremonia a la que también asistió el presidente del Gobierno, José María Aznar. Posteriormente, celebraron una sesión constitutiva, que fue presidida por el vocal de mayor edad, Enrique Mígues, que actuó como presidente en funciones en este primer Pleno del Consejo, para elegir al nuevo presidente de la institución y del Supremo. El artículo 123 de la Constitución establece que la designación de este cargo se producirá "a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, en la forma que determine la ley". Por su parte, la Ley Orgánica del Poder Judicial decreta que para la elección del presidente del CGPJ y del Supremo se necesitan los votos de tres quintos de los veinte vocales (es decir, doce votos). Siguiendo lo establecido por la ley, la elección del candidato propuesto por el Partido Popular se presentaba problemática. La candidatura de Hernando Santiago era apoyada sólo por los diez vocales propuestos por el PP. Carecía entonces, de los doce votos precisos para elegirle. Ya que los vocales del Partido Socialista (PSOE) e Izquierda Unida (IU) intentaron que el PP presentara otro candidato, y al no conseguirlo, decidieron no apoyar la candidatura. Al final, votaron unánimemente la única candidatura propuesta, tras obtener el compromiso de que la vicepresidencia, que habitualmente corresponde a un vocal propuesto por la oposición, será para el consejero progresista Fernando Salinas, magistrado del Tribunal Supremo.