España

Los socialistas suelen argüir que el agua es un bien tan básico que no debería ser privatizado.

A diferencia de lo que los socialistas quieren hacernos creer, precisamente porque el agua es importante debiera ser privada.

El problema del agua no es su escasez, sino su falta de disponibilidad. Sólo contabilizando las reservas de agua dulce –es decir, sin incluir la posibilidad de desalinizar–, cada individuo podría consumir una media de 19.000 litros al día. En el mundo existe suficiente agua, pero no suficientes infraestructuras que la potabilicen y trasladen.

Los socialistas quieren hacernos creer que la privatización esconde una suerte de complot para, a través de unos precios de mercado prohibitivos, evitar que los pobres consuman el agua que necesitan los ricos para bañarse en sus piscinas y regar sus campos de golf.


Nada más lejos de la realidad. Primero, la propiedad colectiva del agua ocasiona el rápido desabastecimiento. Se llama a este fenómeno "la tragedia del agua comunal". Todos los individuos que extraigan agua de un mismo acuífero comunal tenderán a sobreexplotarlo, lo que en muchos casos provocará su deterioro y salinización.

Tercero, la propiedad privada y el consecuente precio estimulan a evitar los derroches de agua, tanto desde el punto de vista de la empresa como del cliente. Así, por un lado, las empresas que vendieran agua mantendrían su canalizaciones en buen estado, evitando fugas; por otro, los agricultores tenderían a economizar su uso.

El método por inundación gasta mucha más agua que el método por goteo, y resulta incluso menos efectivo; la cuestión es que el método por goteo requiere de una inversión inicial que nadie está dispuesto a efectuar mientras el agua sea gratis.


Segundo, sin derechos de propiedad sobre el agua nadie tiene incentivos para encontrar y explotar las aguas subterráneas; el Estado se arroga semejante competencia. Por mucho que una familia haya encontrado agua en una finca de su propiedad, no podrá establecer las canalizaciones pertinentes, porque dicha agua pertenece al Estado. Si, por ejemplo, se permitiera a los agricultores adquirir derechos de propiedad sobre el agua que transcurre por debajo de sus tierras, venderían los excedentes a las familias y a las industrias a través de la construcción de las necesarias infraestructuras.

Algunos cálculos estiman que el uso de agua podría reducirse a la mitad sin alterar la producción agrícola; en otras palabras, la mitad del agua que se usa en la agricultura no sirve para producir nada. De hecho, una reducción en el 10% del uso agrícola del agua doblaría las disponibilidades de agua potable.