España

Una de las características más relevantes del nacionalismo español al uso es la de combinar hábilmente lo que en Psicología se denomina la técnica del "poli bueno y el poli malo", es decir, intentar con métodos diferentes un mismo resultado. Ora nos fustigan con una dictadura fascista, ora nos engañan diciéndonos que estamos en democracia pero imponiéndonos de igual forma su lengua en la Justícia o en el Parlamento.
El españolismo combina con un éxito relativo el atávico odio anticatalán y antivasco con presuntas elucubraciones teóricas que intentan a la desesperada justificar lo injustificable: el imperialismo hispano sobre las naciones de raiz étnica no-castellanohablante del Estado.
Ejemplos tenemos a cientos y miles y en esta tarea cabe señalar que los hispanos han copiado con éxito las técnicas de fomento del odio étnico que ya pusiera en marcha la Serbia de Milosevic contra las naciones no-serbias de la extinta Federación Yugoslava. El mecanismo es sencillo: se trata de manipular de forma burda las notícias para presentarlas subjetivamente y siempre exponiendo como agravios contra la etnia dominante lo que no son más que intentos de sustraerse a parcelas de su dominación colonial.
Un ejemplo precioso lo tenemos hoy mismo en el ABC y en el siguiente artículo que transcribo, en el que se presenta el legítimo deseo de los catalanes que nuestra lengua pueda ser usada con normalidad en los juzgados - como lengua propia y oficial que es de Catalunya - como un ataque al español. Sin comentarios:

El parlamento catalán quiere «eliminar» el castellano como idioma principal de la Justicia
La Cámara controlada por PSC y ERC considera que la Justicia es «un reducto aislado y poco permeable al uso de las lenguas oficiales distintas al castellano»
MANUEL MARÝN/


MADRID. Tras las exigencias planteadas por los partidos nacionalistas más representativos al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero desde el mismo día en que el PSOE ganó las elecciones, algunos de ellos se han prodigado en polémicas iniciativas políticas para arrogarse un mayor grado de autogobierno en sus respectivas Comunidades. Es el caso, por ejemplo, de la exigencia del reconocimiento de las selecciones deportivas autonómicas o de que el catalán, el euskera o el gallego gocen de una expresa mención en la Constitución europea.

A instancias del Parlamento catalán -con mayoría del PSC y de ERC-, se ha dado otra vuelta de tuerca a esta estrategia que, de prosperar, afectaría de modo determinante al complejo mundo de los Tribunales, toda vez que se propone la «eliminación» del castellano como «lengua propia de la Administración de Justicia» o la supresión del carácter nacional de los cuerpos de funcionarios en este ámbito. Supone, en definitiva, una reedición, en la nueva escena política, de la vieja ambición nacionalista de lograr la «territorialización» o «descentralización» del Poder Judicial para su efectivo control por parte de las Comunidades.

El pasado 13 de abril, la Mesa del Congreso de los Diputados dio trámite a una proposición de ley presentada por el Parlamento de Cataluña para modificar varios preceptos de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) con el fin de que la Justicia deje de ser «un reducto aislado y poco permeable a la utilización de las lenguas oficiales distintas al castellano». Esta iniciativa ya ha sido tomada en consideración por el Congreso. «Es preciso -señala la exposición de motivos- dar una nueva redacción a los preceptos de la LOPJ que hacen referencia al conocimiento y uso de las lenguas oficiales por parte de los jueces, magistrados, secretarios judiciales y el conjunto del personal al servicio de la Administración de Justicia destinado en las Comunidades con lengua oficial propia».

La iniciativa plantea que si un juez, por ejemplo, solicita un destino voluntario o un traslado a un territorio con lengua propia, tendrá la obligación de conocerla para poder ejercer, algo que en este momento no ocurre y que si se produjera supondría un vuelco a la actual previsión legal. Si por el contrario tal destino es forzoso, el conocimiento de esa lengua será un mérito. Se trata, en definitiva, de convertir en un «requisito de capacidad» de preceptivo cumplimiento para algunos supuestos lo que ahora es simplemente un «mérito» de preferencia para todos.

«Obligar» a los secretarios judiciales

Semejante sería el régimen para los secretarios judiciales, quienes para participar en los concursos de traslado deberían cumplir con el «requisito de capacidad» de conocer el idioma correspondiente. Incluso, se pretende que el Ministerio de Justicia «obligue» a los secretarios judiciales a seguir «programas intensivos de formación» lingüística cuando su destino forzoso sea en una Comunidad con lengua propia. «Para equiparar el trato jurídico de las dos lenguas oficiales en cada Comunidad (...) -añade la propuesta- se elimina el principio según el cual el castellano es la lengua propia de la Administración de Justicia y lo sustituye por el principio general de que los jueces y demás funcionarios puedan utilizar cualquiera de las lenguas oficiales».

Sin embargo, el Parlamento catalán admite que «este carácter potestativo» tiene un límite: el propio ciudadano en su relación con la Justicia. La proposición de ley establece como principio general que cualquier proceso judicial «debe tramitarse en la lengua utilizada por las partes», pero si estas discrepan en lo que atañe al idioma, se hará «en la lengua propia de la Comunidad autónoma». Pese a ello, si una de las partes alega indefensión por no conocer el idioma en que un juez se dirige a él, se garantizaría que conociera sus documentos en el idioma escogido.

Fijar los horarios de trabajo

Respecto a la comunicación de las resoluciones judiciales para que, en su caso, sean examinadas o revisadas por «órganos jurisdiccionales centrales del Estado», la propuesta establece que deben ser éstos últimos los encargados de traducirlas y no el órgano que las emite. La propuesta también pone al mismo nivel al Ministerio de Justicia y las Comunidades con competencias en esta materia en lo tocante al establecimiento de los horarios y las jornadas de trabajo en los Juzgados, rebajando a un segundo plano el papel del Consejo General del Poder Judicial.

De otro lado, se propone suprimir el «carácter nacional» de los cuerpos de funcionarios de la Justicia, de forma que las Comunidades asuman esas «competencias legislativas», reduciendo la LOPJ a un mero «estatuto jurídico básico» de ese personal.


Nota: por cierto, ¿el periodista se llama Manuel Marín o es una "bromita" hispana?