España

Desde la declaración "de la tregua" se han producido más de medio centenar de actos de violencia callejera que dejan daños de casi 400.000 euros




Desde la declaración del alto el fuego de ETA se han producido más de medio centenar de acciones de terrorismo callejero de diferente significación -contra cargos públicos, sedes de partidos, instalaciones empresariales o medios de comunicación-, que han dejado daños materiales estimados en más de 350.000 euros, a un promedio de 3.300 euros al día.

En la entrevista que publicó el diario «Gara» el pasado 14 de mayo la banda terrorista justificaba tanto la «kale borroka» como la continuidad de la extorsión a los empresarios. Y precisamente, esta última ha afectado al menos a medio centenar de representantes de este colectivo mediante el envío de cartas amenazadoras en las que se les exigen pagos de entre 18.000 y 60.000 euros.

Estimación de ingresos. Aunque no hay datos completos de hasta dónde alcanza el «chantaje» en los meses de tregua, y también se desconoce cuántos de los empresarios amenazados han cedido, el Foro Ermua, en su último informe sobre la verificación del cese de la violencia, estima que la recaudación que obtendrá la banda terrorista por esta vía podrá ascender a una cifra del orden de los 250.000 euros. Un cálculo hecho a partir de aplicar las pautas que se han observado en ocasiones precedentes en función de la documentación incautada a ETA, según se detalla en el citado documento que fiscaliza el alto el fuego hasta el 29 de junio.

Al «impuesto revolucionario» se suma la campaña de recaudación de fondos entre sus simpatizantes con el apoyo de la red de «herriko tabernas» y la colaboración de Ekin, y por medio de la emisión de unos 1.200 bonos de 60 euros cada uno: los ingresos podrían ascender a más de 70.000 euros.

La «verificación» también deja otros significativos datos. ETA ha realizado actividades logísticas en Francia, como lo confirma que la gendarmería francesa ha informado del robo de 21 vehículos hasta mayo, que se hayan descubierto nueve refugios abandonados y que se haya producido la incautación de un arsenal de explosivos, munición y material para el montaje de artefactos.

Desde la Dirección General de Instituciones Penitenciarias se ha asegurado que el seguimiento y control de los 491 presos etarras «ha desvelado el apoyo, sintonía y aceptación de la decisión del alto el fuego». Un pronunciamiento que chirría con las desafiantes actitudes que han mantenido los procesados por los asesinatos de los concejales «populares» José Luis Caso y Miguel Ýngel Blanco; así como las que se vieron en la vista en la que comparecieron Jesús María Etxeberria y Ýngel Aramburu.

Las actitudes públicas de los reclusos etarras han coincidido en desmentir su voluntad de reinserción en la sociedad y de aceptación del marco institucional.

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"Las treguas" de Eta son así. POLITICOS CULPABLES