España

Las asociaciones de jueces son, oficialmente, colectivos de jueces que vendrían a representar el sentir de la judicatura. En la práctica no es así: son correas de transmisión de los partidos políticos. En Román Paladino, agrupan a los jueces según sus pareceres políticos. Sucede sin embargo, que la casi totalidad de jueces, no pertenecen a ninguna asociación. Como después veremos, con el modelo asociativo, se propician los pactos políticos y los enjuagues criminosos, con los cuales entran los jueces en el Consejo no por sus méritos, sino porque las catapultas asociativas los envían al Parlamento, para que este los nombre. Así sucede con los doce jueces. Entonces esto se hace por teatro, para enmascarar un poco la politicidad de los nombramientos, pero aun así, lejos de enmascararla, la refuerza más, ya que las asociaciones tienen marcado carácter político. Sigue siendo impropio de una Constitución liberal, ya que las Asociaciones político-judiciales, pueden negociar enjuagues criminosos vistos con anterioridad. Y una vez pasado este filtro, los partidos políticos pueden vetarlos y negociar tratos favorables para sus amigos y desfavorables para sus enemigos.

Ley Orgánica del Poder Judicial:

Artículo 112. Los doce miembros que conforme a lo dispuesto en el artículo 122 de la Constitución han de integrar el Consejo entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales serán propuestos para su nombramiento por el Rey de acuerdo con el siguiente procedimiento:
1. Podrán ser propuestos los Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales que se hallen en servicio activo y no sean miembros del Consejo saliente o presten servicios en los órganos técnicos del mismo.
2. La propuesta será formulada al Rey por el Congreso de los Diputados y el Senado, correspondiendo a cada Cámara proponer seis Vocales por mayoría de tres quintos de sus respectivos miembros, entre los presentados a las Cámaras por los Jueces y Magistrados conforme a lo previsto en el número siguiente.
3. Los candidatos serán presentados, hasta un máximo del triple de los doce puestos a proponer, por las asociaciones profesionales de Jueces y Magistrados o por un número de Jueces y Magistrados que represente, al menos, el 2 por 100 de todos los que se encuentren en servicio activo.
La determinación del número máximo de candidatos que corresponde presentar a cada asociación y del número máximo de candidatos que pueden presentarse con las firmas de Jueces y Magistrados se ajustará a criterios estrictos de proporcionalidad, de acuerdo con las siguientes reglas:
a) Los treinta y seis candidatos se distribuirán en proporción al número de afiliados de cada asociación y al número de no afiliados a asociación alguna, determinando este último el número máximo de candidatos que pueden ser presentados mediante firmas de otros Jueces y Magistrados no asociados; todo ello, de acuerdo con los datos obrantes en el Registro constituido en el Consejo General del Poder Judicial conforme a lo previsto en el artículo 401 de la presente Ley Orgánica y sin que ningún Juez o Magistrado pueda avalar con su firma más de un candidato.
b) En el caso de que el número de Jueces y Magistrados presentados con el aval de firmas suficientes supere el máximo al que se refiere la letra a), sólo tendrán la consideración de candidatos los que, hasta dicho número máximo, vengan avalados por el mayor número de firmas. En el supuesto contrario de que el número de candidatos avalados mediante firmas no baste para cubrir el número total de treinta y seis, los restantes se proveerán por las asociaciones, en proporción al número de afiliados; a tal efecto y para evitar dilaciones, las asociaciones incluirán en su propuesta inicial, de forma diferenciada, una lista complementaria de candidatos.
c) Cada asociación determinará, de acuerdo con lo que dispongan sus Estatutos, el sistema de elección de los candidatos que le corresponda presentar.

Ley Orgánica del Poder Judicial.

Artículo 112:

4. Entre los treinta y seis candidatos presentados, conforme a lo dispuesto en el número anterior, se elegirán en primer lugar seis Vocales por el Pleno del Congreso de los Diputados, y una vez elegidos estos seis Vocales, el Senado elegirá los otros seis entre los treinta candida-tos restantes. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el número 2 del artículo siguiente.

Ley Orgánica del Poder Judicial.

Artículo 113.1. Los restantes ocho miembros que igualmente han de integrar el Consejo, elegidos por el Congreso de los Diputados y por el Senado, serán propuestos para su nom-bramiento por el Rey entre abogados y otros juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio en su profesión, que no sean miembros del Consejo saliente ni presten servicios en los órganos técnicos del mismo.
2. El Pleno de cada Cámara elegirá cuatro Vocales, por mayoría de tres quintos de sus miembros, en la misma sesión en que se proceda a la elección de los seis Vocales a los que se refiere el artículo anterior e inmediatamente a continuación de ésta.

(Me reafirmo en el tema de la negociación y los enjuagues criminosos).

Y finalmente, los miembros del Consejo eligen, supervisan, inspeccionan, etc. según las conveniencias políticas a las que se atuvieron cuando negociaron su designación, lo cual significa que ellos, o sus designadores políticos, también (como es lógico y con más razón aún) negociarán enjuagues criminosos con los Magistrados de los Altos Tribunales, los que tienen la última palabra sobre todo y, también sobre la corrupción de los partidos que los nombraron. Para no repetirme, me remito a comentarios anteriores.

Ley Orgánica del Poder Judicial.

Artículo 127.
Será de la competencia del Pleno del Consejo General del Poder Judicial:
1. La propuesta de nombramiento por mayoría de tres quintos del Presidente del Tribu-nal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial y del Vicepresidente de este último.
2. La propuesta de nombramiento de miembros del Tribunal Constitucional, que habrá de ser adoptada por mayoría de tres quintos de sus miembros.
3. La propuesta de nombramiento de Presidentes de Sala y Magistrados del Tribunal Supremo y cualesquiera otros discrecionales.
4. La propuesta de nombramiento de Presidente de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas.
5. Evacuar la audiencia prevista en el artículo 124.4 de la Constitución sobre nombra-miento del Fiscal General del Estado.
6. Resolver los recursos de alzada interpuestos contra los acuerdos de la Comisión Per-manente, de la Comisión Disciplinaria y de las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia y de los órganos de gobierno de los Tribunales y Juzgados.
7. Resolver los expedientes de rehabilitación instruidos por la Comisión Disciplinaria.
8. Evacuar los informes previstos en la Ley y ejercer la potestad reglamentaria atribuida por la Ley al Consejo General del Poder Judicial.
9. Acordar, en los casos legalmente establecidos, la separación y jubilación de los Jue-ces y Magistrados en los supuestos no previstos en el artículo 131.3.
10. Elegir y nombrar los Vocales componentes de las Comisiones y Delegaciones.
11. Aprobar la memoria anual que con motivo de la apertura del año judicial leerá su Presidente sobre el estado de la Administración de Justicia.
12. Elaborar el presupuesto del Consejo General del Poder Judicial que se integrará en los Generales del Estado, en una sección independiente.
13. Dirigir la ejecución del presupuesto del Consejo y controlar su cumplimiento.
14. Cualesquiera otras funciones que correspondan al Consejo General del Poder Judi-cial y no se hallen expresamente atribuidas a otros órganos del mismo.

Ley Orgánica del Poder Judicial.

Artículo 132.
1. El Pleno del Consejo General elegirá, anualmente, por mayoría de tres quintos, de en-tre sus Vocales, a los componentes de la Comisión Disciplinaria, que estará integrada por cin-co miembros. Tres de ellos, elegidos entre los Vocales que pertenezcan a la Carrera Judicial, y los dos restantes, ajenos a ésta.
2. La Comisión Disciplinaria deberá actuar, en todo caso, con la asistencia de todos sus componentes y bajo la presidencia del miembro de la misma que sea elegido por mayoría. En caso de transitoria imposibilidad o ausencia justificada de alguno de los miembros, se procede-rá a su sustitución por otro Vocal del Consejo de idéntica procedencia, que será designado por la Comisión Permanente.

Artículo 133.
A la Comisión Disciplinaria corresponde la competencia para la instrucción de expedien-tes e imposición de sanciones a Jueces y Magistrados.

Esto supone, que los miembros del Consejo pueden tener pactado con el Poder, sancionar a Jueces incómodos para los Partidos, aun contra toda evidencia.

Ahí está lo malo,"reydavid22", en la reforma de 1985 introducida en la Ley Orgánica delPoder Judicial por uno delos Gobiernos socialistas de Felipe Gonzalez:la de que los doce miembros judiciales del Consejo General no fuesen nombrados exclusivamente ENTRE y POR Jueces y Magistrados, sino que el nombramiento de estos doce miembros- de un total de veinte-tambien fuese competencia de las Cámaras legislativas.Cuando se elegian entre y POR sus compañeros de Carrera, el sistema resultaba mas democrático puesto que eran propuestos, no por las Asociaciones, sino por los Jueces y Magistrados que los elegian, con independencia de aquellas, y eso era lógico, tratándose de un Gobierno de los Jueces.Pero,últimamente, se ha tratado de seguir un camino intermedio, que tampoco es bueno: el de la presentación de treinta y seis candidatos por las asociaciones e independientes, tal como apuntas en tu mensaje.Yo,decididamente, me inclinaria por el sistema que permitió el nombamiento del primer Consejo General del Poder Judicial, el mas independiente de hecho, que fue presidido por el Magistrado D.Federico C.Sainz de Robles, de la 2ª promoción de la Escuela Judicial, de feliz memoria.....

Y con esto cerramos el capítulo en que, como ha podido comprobarse, vemos que el Valor Justicia, aun siendo un valor negociable, no cotiza mucho en la judicatura... Falta el tema del historial, que es mucho más arduo... si cabe.

Se me olvidaba: el tema de la elección de los miembros del Supremo por el Consejo, es importante, por las competencias del Supremo, que son las siguientes:

Ley Orgánica del Poder Judicial.

Artículo 57.
1. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo conocerá:
1º De los recursos de casación, revisión y otros extraordinarios en materia penal que es-tablezca la ley.
2º De la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra el Presidente del Gobierno, Presidentes del Congreso y del Senado, Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo Gene-ral del Poder Judicial, Presidente del Tribunal Constitucional, miembros del Gobierno, Diputa-dos y Senadores, Vocales del Consejo General del Poder Judicial, Magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, Presidente de la Audiencia Nacional y de cualquiera de sus Salas y de los Tribunales Superiores de Justicia, Fiscal General del Estado, Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, Presidente y Consejeros del Tribunal de Cuentas, Presidente y Consejeros del Consejo de Estado y Defensor del Pueblo, así como de las causas que, en su caso, determinen los Estatutos de Autonomía.
3º De la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra Magistrados de la Audiencia Nacional o de un Tribunal Superior de Justicia.
2. En las causas a que se refieren los números segundo y tercero del párrafo anterior se designará de entre los miembros de la Sala, conforme a un turno preestablecido, un instructor, que no formará parte de la misma para enjuiciarlas.

Lo que implica que puede empitonar a un juez que resulte incómodo al Poder. Y me remito a lo de los enjuagues criminosos y la negociación,