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Puede que al Presidente y a sus amigos no se les haya ocurrido actuar de forma tan burda, pero así y todo es evidente que muchos jueces dan por descontado que les resultaría costoso no tomar muy en serio los puntos de vista del jefe de Estado aun cuando a su entender sean incompatibles con la ley. Bien que mal, el Presidente no es un ciudadano más. Cuando opina, muchos tiemblan.
Así las cosas, puede considerarse muy saludable el “conflicto de poderes” que desataron las vicisitudes más recientes de los casos de María Julia Alsogaray y de Chabán. Por “insensatos” o “autistas” que fueran los fallos de los camaristas, por lo menos sirvieron para que muchos otros jueces, encabezados brevemente por Eugenio Zaffaroni, reaccionaran frente a un intento desembozado por parte del Poder Ejecutivo de obligarlos a adaptar sus sentencias a lo que se supone es el clima de opinión imperante que hoy en día es llamativamente vengativo.
De todos modos, mientras que por razones patentes la prisión preventiva es necesaria cuando existen buenos motivos para creer que en libertad un acusado no tardará en volver a robar, violar o matar, la posibilidad de que Alsogaray y Chabán reincidan es nula. Tampoco parece muy grave el riesgo de que traten de huir. ¿Por qué, pues, provocaron tanta indignación sendos fallos? Porque la gente quiere verlos sufrir sin que le importen para nada los engorrosos detalles legales. Para muchos, tal actitud resultará comprensible, pero no tiene nada que ver con el respeto por la Justicia. Antes bien, refleja el desprecio que tantos, comenzando con algunos miembros del Gobierno nacional, sienten por la ley.
Entre los preocupados por el estado de las instituciones, se da un consenso en el sentido de que el sistema político argentino es demasiado presidencialista y que, por lo tanto, deberían fortalecerse los poderes Legislativo y Judicial. Sin embargo, entre los demás se da otro consenso, uno que es un tanto menos teórico, según el cual el eventual desmoronamiento del poder del presidente Kirchner abriría las puertas al caos, razón por la cual les corresponde a los legisladores y a “la corporación” judicial desistir de poner palos en la rueda del Ejecutivo. Los comprometidos con esta segunda postura suelen imaginarse realistas, pero lo que quieren muchos, acaso la mayoría, es que el presidente de turno monopolice las responsabilidades, ahorrándoles a los demás oficialistas la necesidad, a menudo desagradable, de asumirlas. Será por eso que como consecuencia de la gran crisis que se agravó con la desintegración del “modelo menemista”, el Congreso nacional parece haber optado por dar un paso al costado y los representantes del Poder Judicial sencillamente no saben qué hacer frente a la anarquía jurídica que fue causada por el default, la devaluación y la pesificación arbitraria.