Internacional

Fuentes de la Fiscalía General de Colombia efectúan investigaciones preliminares sobre la venta de información privada de cerca de 31 millones de colombianos por parte de la empresa Choice Point a agencias del gobierno de Estados Unidos.

Este viernes el representante a la Cámara Gustavo Petro solicitó a la Fiscalía que llame a "declarar al representante legal de la compañía Choice Point para que explique cómo obtuvo la información sobre los 31 millones de colombianos adultos que constituyen la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil".

Petro solicitó a la Fiscalía que llame a declarar al representante de Choice Point. Tal información contendría, al menos, el nombre, los números de identificación y las huellas digitales de los colombianos.

Los datos fueron a parar a entidades de EE.UU. como el Servicio de Naturalización e Inmigración, la Oficina Federal de Investigaciones, la Agencia Central de Información y el Departamento de Justicia.

Petro dijo a BBC Mundo que si Choice Point se rehúsa a informar a la Fiscalía cómo accedió a los documentos, "en la legislación colombiana esto se llama encubrimiento. Entonces se debería utilizar el tratado de extradición", e insistió en que "el tratado de extradición por el que se ha estado llevando a presuntos mafiosos a Estados Unidos es de doble vía".

Marco legal

Según el parlamentario existe un claro marco legal en Colombia que impide el manejo inadecuado de información íntima de los ciudadanos.
"En la Constitución Nacional está el derecho a la intimidad, que es un derecho fundamental de todos los colombianos", dijo Petro.

El código penal (...) dice que el funcionario público o el ciudadano que revele información reservada recibirá de acuerdo al caso desde una multa hasta seis años de prisión Gustavo Petro, parlamentario colombiano El representante agregó que "el código penal en fundamento de este artículo constitucional dice que el funcionario público o el ciudadano que revele información reservada recibirá de acuerdo al caso desde una multa hasta seis años de prisión".

Recientemente el diario colombiano El Tiempo señaló que diversos organismos estadounidenses han usado la información privada para llevar a cabo arrestos de nacionales colombianos.

Por su parte, la Registradora General, Alma Beatriz Rengifo, dijo hace poco que la institución que representa no habría entregado la información a Choice Point y que se estaba llevando a cabo una investigación interna para determinar si un funcionario a título personal proporcionó dichos datos.