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Un Año De Gobierno de K...
Enviado por el día 26 de Mayo de 2004 a las 21:08
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espero ke se hayan llenado... y no crean ke no es poko...
saludos
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espero ke se hayan llenado... y no crean ke no es poko...
saludos
Re: Un Año De Gobierno de K...
Enviado por el día 27 de Mayo de 2004 a las 16:39
Balance del primer año de gobierno de Kirchner
Editorial de El Militante Nº 7
Autor : El Militante
Fecha : ( 30-Abril-2004 )
Categoria : Editorial
--------------------------------------------------------------------------------
A un año del gobierno de Kirchner parece que estamos llegando a un tiempo de definiciones. La crisis de inseguridad junto a la crisis energética, no sólo han golpeado de alguna manera al gobierno. También han desnudado sus contradicciones, y su gran improvisación escondida hasta aquí detrás de su demagogia.
¿Cómo es posible que haya crisis energética, si la actividad industrial es igual a la de 2001, y entonces se contaba con menos producción de gas?
¿A quién le puede sorprender el estallido de una crisis de seguridad, si desde el caso Cabezas, los atentados de la Embajada de Israel y la AMIA, pasando por la represión policial de diciembre del 2001 y de Avellaneda en junio del 2002, terminando por el negocio de los secuestros y los desarmaderos, los delitos “por encargo” y el gatillo fácil de todos los días, se sabe que las policías del país son la máscara que utiliza la peor mafia del país? Y eso sin contar que no es novedad que la miseria más espantosa va empujando a multitudes a la marginalidad y la barbarie.
El carácter de clase del gobierno de Kirchner
Tras los acontecimientos revolucionarios del “Argentinazo”, la burguesía argentina sólo podía recomponer la situación política del país para garantizar la continuidad de su dominación con un gobierno que despertara expectativas en la población. Por eso Kirchner comenzó ofreciendo algunos gestos, discursos y actuaciones “radicales”, que aunque no cambiaban el fondo de la realidad le permitieron ampliar su base de apoyo en la sociedad.
Se puso límites al saqueo de los recursos de la nación y se aumentó la recaudación del Estado mediante impuestos a los sectores exportadores (agrícolas, hidrocarburos, etc) para mantener los planes sociales que sirvieran para alejar el fantasma de una nueva rebelión popular. A esto lo ayudó el repunte de la economía (un 8,7% en el 2003) y que se detuviera la sangría de puestos de trabajo destruidos, con un pequeño aumento del empleo. Aunque hubo algunas subas salariales y en las pensiones más bajas, éstas no permitieron recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años. Para el 45% de los trabajadores en negro y para los estatales no cambió nada.
Se dejó temporalmente el “garrote” (la criminalización de la protesta social), se metió presos a algunos corruptos, y se cumplió alguna histórica reinvindicación en derechos humanos (licenciamiento de una parte de la cúpula militar, anulación de las leyes de impunidad y expropiación del predio de la ESMA). En lo que se refiere a las privatizadas se “amenazó” con quitar concesiones a las empresas que prestan los servicios más sensibles a la opinión de los trabajadores, para que las mismas cumplieran, al menos en parte, con los exiguos contratos que firmaron. Frente al FMI adoptó un discurso duro y desafiante.
Después de 15 años de políticas antisociales y entreguistas con el FMI y el imperialismo, parecía que este gobierno era diferente a los anteriores, lo que creó lógicas y naturales expectativas entre millones de trabajadores y jóvenes.
Esta nueva situación dio confianza a los trabajadores en sí mismos e impulsó una cantidad importante de luchas para obligar a los empresarios y al gobierno a que estas promesas se llevaran a la práctica, particularmente el básico de $200 en los salarios, el blanqueo del empleo y otras demandas. La mayoría de estas luchas terminaron en victoria para los trabajadores o se siguen peleando (Subte, telefónicos, colectiveros, recolectores de residuos, bancarios, ferroviarios y muchas otras empresas y sectores). Estas luchas son vanguardia no sólo por sí mismas, sino por el avance en la conciencia y organización que representan.
Sin embargo, las medidas de fondo del gobierno de Kirchner fueron a favor de los empresarios, los bancos y las multinacionales.
Las antiguas empresas estatales privatizadas no se reestatizaron, aumentaron las tarifas y volvieron a contabilizar jugosas ganancias.
Se firmó el acuerdo con el FMI para reanudar el pago de la deuda externa a los banqueros y especuladores financieros nacionales e internacionales, que se llevarán al menos $12.000 millones del presupuesto cada año. Se pagaron miles de millones de pesos a los bancos en “compensación” por la pesificación. Se subsidia a multitud de empresas nacionales y privatizadas con miles de millones de pesos para garantizarles beneficios millonarios a sus dueños que no rinden en interés de las familias trabajadoras. Y todo eso mientras se mantienen congelados los salarios de los trabajadores estatales y las pensiones de hambre para los jubilados.
En el terreno de los derechos humanos, a pesar de las concesiones mencionadas, apenas se avanzó en el juicio y castigo de los militares genocidas, cuyos procesos se mantienen empantanados y paralizados por la maraña jurídica burguesa. Lo mismo ocurre con los juicios por la responsabilidad de los asesinatos del 19 y 20 de diciembre del 2001 y por la masacre del Puente Pueyrredón en junio del 2002.
Se aprobó una reforma laboral que salva lo fundamental de la ley anterior (reducción de aportes patronales, empleo precario, salarios bajos, etc.).
Se criminalizó al movimiento piquetero combativo para enfrentarlo a los trabajadores ocupados e impedir que éstos buscaran alternativas políticas por fuera del sistema, y para justificar recortes en los planes sociales.
Al chantaje de las petroleras que amenazan con cortes en el suministro de gas y electricidad se responde con aumentos de tarifas.
Desde hace meses se discute qué hacer con la plata “excedente” que se está logrando en el superávit fiscal conseguido en los últimos meses ($ 4.000 millones). El ministro de Economía, Lavagna, ya declaró que este dinero se dedicará fundamentalmente a pagar deuda externa y a eliminar el Impuesto al Cheque (lo que beneficia fundamentalmente a los sectores medios y altos de la población) ¿Cómo es que no se pone esta plata en un plan de obras públicas, cómo no se aumentan los sueldos a los trabajadores estatales, ni los recursos para alimentos, salud y educación? En un país donde el gasto social cayó un 29% desde el 2001 según el Banco Mundial, con el 52% de la población en la pobreza y el 19% en la indigencia, con una desocupación real del 22%, y con los salarios más bajos de Latinoamérica es lo menos que se debería hacer. Como una pequeña concesión vergonzante el gobierno está discutiendo la posibilidad de aumentar de $240 a $280 las jubilaciones más bajas, claramente insuficiente para escapar de la pobreza, y aun así ni siquiera es seguro que lo hagan.
Cuando Kirchner asumió, anunció que gobernaría para todos, sin exclusiones, afirmando que era posible gobernar al mismo tiempo a favor de los patrones y de los trabajadores. Desde El Militante afirmamos desde el principio que esto era imposible. Un gobierno que no cuestiona el capitalismo ni el control de la economía por los grandes empresarios y banqueros necesariamente termina claudicando ante los intereses de estos últimos.
Kirchner, como se preveía, ha elegido gobernar para los empresarios y el FMI aún a sabiendas de que el tiempo, la impaciencia de los trabajadores, la impaciencia de algunos sectores de la patronal y de derecha, y algunos traspiés mediáticos, pueden reavivar “el que se vayan todos”.
Si hasta ahora el gobierno pudo zafar más bien que mal se debió al repunte de la economía. Otra cosa será cuando las familias trabajadoras empiecen a notar el efecto de la suba de tarifas y de los recortes de los gastos estatales como consecuencia del pago de la deuda externa, y especialmente si se produce una caída de la actividad económica.
Vamos llegando a algo así como un cruce de caminos, a la hora de la verdad, y Kirchner va desnudando de qué lado está.
Editorial de El Militante Nº 7
Autor : El Militante
Fecha : ( 30-Abril-2004 )
Categoria : Editorial
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A un año del gobierno de Kirchner parece que estamos llegando a un tiempo de definiciones. La crisis de inseguridad junto a la crisis energética, no sólo han golpeado de alguna manera al gobierno. También han desnudado sus contradicciones, y su gran improvisación escondida hasta aquí detrás de su demagogia.
¿Cómo es posible que haya crisis energética, si la actividad industrial es igual a la de 2001, y entonces se contaba con menos producción de gas?
¿A quién le puede sorprender el estallido de una crisis de seguridad, si desde el caso Cabezas, los atentados de la Embajada de Israel y la AMIA, pasando por la represión policial de diciembre del 2001 y de Avellaneda en junio del 2002, terminando por el negocio de los secuestros y los desarmaderos, los delitos “por encargo” y el gatillo fácil de todos los días, se sabe que las policías del país son la máscara que utiliza la peor mafia del país? Y eso sin contar que no es novedad que la miseria más espantosa va empujando a multitudes a la marginalidad y la barbarie.
El carácter de clase del gobierno de Kirchner
Tras los acontecimientos revolucionarios del “Argentinazo”, la burguesía argentina sólo podía recomponer la situación política del país para garantizar la continuidad de su dominación con un gobierno que despertara expectativas en la población. Por eso Kirchner comenzó ofreciendo algunos gestos, discursos y actuaciones “radicales”, que aunque no cambiaban el fondo de la realidad le permitieron ampliar su base de apoyo en la sociedad.
Se puso límites al saqueo de los recursos de la nación y se aumentó la recaudación del Estado mediante impuestos a los sectores exportadores (agrícolas, hidrocarburos, etc) para mantener los planes sociales que sirvieran para alejar el fantasma de una nueva rebelión popular. A esto lo ayudó el repunte de la economía (un 8,7% en el 2003) y que se detuviera la sangría de puestos de trabajo destruidos, con un pequeño aumento del empleo. Aunque hubo algunas subas salariales y en las pensiones más bajas, éstas no permitieron recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años. Para el 45% de los trabajadores en negro y para los estatales no cambió nada.
Se dejó temporalmente el “garrote” (la criminalización de la protesta social), se metió presos a algunos corruptos, y se cumplió alguna histórica reinvindicación en derechos humanos (licenciamiento de una parte de la cúpula militar, anulación de las leyes de impunidad y expropiación del predio de la ESMA). En lo que se refiere a las privatizadas se “amenazó” con quitar concesiones a las empresas que prestan los servicios más sensibles a la opinión de los trabajadores, para que las mismas cumplieran, al menos en parte, con los exiguos contratos que firmaron. Frente al FMI adoptó un discurso duro y desafiante.
Después de 15 años de políticas antisociales y entreguistas con el FMI y el imperialismo, parecía que este gobierno era diferente a los anteriores, lo que creó lógicas y naturales expectativas entre millones de trabajadores y jóvenes.
Esta nueva situación dio confianza a los trabajadores en sí mismos e impulsó una cantidad importante de luchas para obligar a los empresarios y al gobierno a que estas promesas se llevaran a la práctica, particularmente el básico de $200 en los salarios, el blanqueo del empleo y otras demandas. La mayoría de estas luchas terminaron en victoria para los trabajadores o se siguen peleando (Subte, telefónicos, colectiveros, recolectores de residuos, bancarios, ferroviarios y muchas otras empresas y sectores). Estas luchas son vanguardia no sólo por sí mismas, sino por el avance en la conciencia y organización que representan.
Sin embargo, las medidas de fondo del gobierno de Kirchner fueron a favor de los empresarios, los bancos y las multinacionales.
Las antiguas empresas estatales privatizadas no se reestatizaron, aumentaron las tarifas y volvieron a contabilizar jugosas ganancias.
Se firmó el acuerdo con el FMI para reanudar el pago de la deuda externa a los banqueros y especuladores financieros nacionales e internacionales, que se llevarán al menos $12.000 millones del presupuesto cada año. Se pagaron miles de millones de pesos a los bancos en “compensación” por la pesificación. Se subsidia a multitud de empresas nacionales y privatizadas con miles de millones de pesos para garantizarles beneficios millonarios a sus dueños que no rinden en interés de las familias trabajadoras. Y todo eso mientras se mantienen congelados los salarios de los trabajadores estatales y las pensiones de hambre para los jubilados.
En el terreno de los derechos humanos, a pesar de las concesiones mencionadas, apenas se avanzó en el juicio y castigo de los militares genocidas, cuyos procesos se mantienen empantanados y paralizados por la maraña jurídica burguesa. Lo mismo ocurre con los juicios por la responsabilidad de los asesinatos del 19 y 20 de diciembre del 2001 y por la masacre del Puente Pueyrredón en junio del 2002.
Se aprobó una reforma laboral que salva lo fundamental de la ley anterior (reducción de aportes patronales, empleo precario, salarios bajos, etc.).
Se criminalizó al movimiento piquetero combativo para enfrentarlo a los trabajadores ocupados e impedir que éstos buscaran alternativas políticas por fuera del sistema, y para justificar recortes en los planes sociales.
Al chantaje de las petroleras que amenazan con cortes en el suministro de gas y electricidad se responde con aumentos de tarifas.
Desde hace meses se discute qué hacer con la plata “excedente” que se está logrando en el superávit fiscal conseguido en los últimos meses ($ 4.000 millones). El ministro de Economía, Lavagna, ya declaró que este dinero se dedicará fundamentalmente a pagar deuda externa y a eliminar el Impuesto al Cheque (lo que beneficia fundamentalmente a los sectores medios y altos de la población) ¿Cómo es que no se pone esta plata en un plan de obras públicas, cómo no se aumentan los sueldos a los trabajadores estatales, ni los recursos para alimentos, salud y educación? En un país donde el gasto social cayó un 29% desde el 2001 según el Banco Mundial, con el 52% de la población en la pobreza y el 19% en la indigencia, con una desocupación real del 22%, y con los salarios más bajos de Latinoamérica es lo menos que se debería hacer. Como una pequeña concesión vergonzante el gobierno está discutiendo la posibilidad de aumentar de $240 a $280 las jubilaciones más bajas, claramente insuficiente para escapar de la pobreza, y aun así ni siquiera es seguro que lo hagan.
Cuando Kirchner asumió, anunció que gobernaría para todos, sin exclusiones, afirmando que era posible gobernar al mismo tiempo a favor de los patrones y de los trabajadores. Desde El Militante afirmamos desde el principio que esto era imposible. Un gobierno que no cuestiona el capitalismo ni el control de la economía por los grandes empresarios y banqueros necesariamente termina claudicando ante los intereses de estos últimos.
Kirchner, como se preveía, ha elegido gobernar para los empresarios y el FMI aún a sabiendas de que el tiempo, la impaciencia de los trabajadores, la impaciencia de algunos sectores de la patronal y de derecha, y algunos traspiés mediáticos, pueden reavivar “el que se vayan todos”.
Si hasta ahora el gobierno pudo zafar más bien que mal se debió al repunte de la economía. Otra cosa será cuando las familias trabajadoras empiecen a notar el efecto de la suba de tarifas y de los recortes de los gastos estatales como consecuencia del pago de la deuda externa, y especialmente si se produce una caída de la actividad económica.
Vamos llegando a algo así como un cruce de caminos, a la hora de la verdad, y Kirchner va desnudando de qué lado está.
Re: Re: Un Año De Gobierno de K...
Enviado por el día 27 de Mayo de 2004 a las 17:24
Actualidad
A un año del Gobierno K: Lejos de un país en serio
Agustina Leonardi
Al cumplirse un año del gobierno de Nestor Kirchner, resulta apropiado hacer un balance de su gestión para poder ver qué rumbo ha tomado el gobierno para nuestro país.
Al haberse retirado Carlos Menem de la carrera presidencial, Kirchner asumió la presidencia con sólo el 22% de los votos y bajo un contexto económico - social difícil. Sin embargo, el flamante presidente consiguió inmediatamente el apoyo de la mayoría de los argentinos, y logró tener una imagen positiva tal como lo han demostrado diversas encuestas. Sin lugar a dudas, la recuperación de la economía argentina a partir del año 2003 fue un factor crucial en este apoyo de la ciudadanía al gobierno. No obstante esto, dicha recuperación sería principalmente la consecuencia de un rebote de la economía luego de cuatro años de recesión y colapso total en el año 2002 acompañada por un contexto internacional favorable.
Ahora la pregunta es ¿cuáles han sido las medidas llevadas a cabo por el gobierno del presidente Kirchner en este contexto lleno de oportunidades para hacer un país en serio tal como lo anunció en su campaña electoral? Veamos:
El problema de la renegociación de la deuda no se hizo esperar y apareció ni bien el primer mandatario iniciaba su gestión. El gobierno firme en su quita del 75% mostró, como lo hicieron gobiernos anteriores, falta de voluntad para asumir los compromisos generando un total enfrentamiento con los acreedores. Hasta ahora, el único resultado es que nadie encuentra incentivos para invertir en un país donde no se respetan los contratos, no se protegen los derechos de propiedad y donde no existen reglas claras y estables.
Ante la crisis del sistema previsional desatada como consecuencia de la reestructuración de la deuda, el gobierno delegó la totalidad de la culpa a las AFJPs cuando en realidad éstas habían sido obligadas a comprar bonos públicos. En el medio de esta crisis, el gobierno veía como solución volver al sistema de reparto, justamente la causa del colapso de nuestro sistema de pensiones y que los jubilados actualmente tengan tan magros haberes. Hoy, el sistema previsional sigue bajo estado crítico y no se ha encarado una reforma seria sobre el mismo.
Agotadas las demás fuentes de financiamiento (emisión, privatización y deuda) los impuestos siguen siendo la fuente principal de financiamiento del gasto público. Y, aunque la coyuntura fiscal (superávit primario) se muestre favorable, la misma no tiene bases sólidas. Las retenciones y el impuesto a las transacciones financieras, dos impuestos sumamente distorsivos, se han convertido en pilares de la recaudación, afectando el funcionamiento del libre mercado, ahuyentando inversiones y limitando el potencial de crecimiento del país.
La suba de salarios por decretos ha provocado más empleo en negro y que los incentivos a aportar a un sistema poco transparente e ineficiente sean nulos. Concretamente, los individuos encuentran que los obstáculos del gobierno ya sean en materia de impuestos o de regulación aumentan sus costos de transacción y optan por operar en un mercado extralegal. Para solucionar esto, el presidente aplicó un plan de regularización del trabajo en vez de apuntar a cobrar menos impuestos y hacer un uso más eficiente de los recursos públicos.
El gasto público sigue siendo ineficiente en los tres niveles. Ni en el área de la educación, ni de la salud, ni de la seguridad (por nombrar solo los más importantes) se han implementado reformas dirigidas a una mayor competencia y transparencia. En el área de salud, el sistema de obras sociales (OS) sigue prestando paupérrimos servicios, la mayoría de las OS son deficitarias y están dominadas por sindicatos. En educación, un sistema burocrático y carente de incentivos deteriora día a día la calidad educativa de nuestro país. Por último, la inseguridad está en sus mayores niveles, basta ver cuántos secuestros, asaltos y demás tipos de violencias se producen en nuestro país por día.
La recientemente desatada crisis por escasez de gas y electricidad ha mostrado la falta de previsión del gobierno (también de los anteriores), por querer congelar un precio cuando el mercado y los contratos indicaban otro provocando una crisis de grandes dimensiones para la productividad de nuestro país. La solución del gobierno ha sido implementar un sistema de premios y castigos además de la creación de una empresa estatal, claramente estas son medidas costosas y de muy corto plazo; por lo tanto no aportan solución de fondo al problema.
De esta manera, queda comprobado que durante este año no se han encarado reformas estructurales que conduzcan a la Argentina por la senda del crecimiento. Ahora la pregunta es, ¿por qué el gobierno no ha aprovechado esta oportunidad?
Hay básicamente dos razones por las cuales esto no se ha llevado a cabo. En primer lugar, existen grandes costos políticos de implementar reformas basadas en un menor intervencionismo y en una mayor libertad de mercado, porque no sólo generarían un alto descontento social sino que además, los resultados podrían visualizarse recién en el mediano y/o largo plazo pero no bajo el gobierno de Kirchner, lo que obviamente no incentiva al primer mandatario.
En segundo lugar porque Kirchner como lo ha demostrado tanto en su plan de gobierno, en sus discursos como en sus acciones cree, equivocadamente, que los patrones del crecimiento y desarrollo están basados, en mayor intervencionismo, cobro de mayores impuestos, existencia de empresas estatales, redistribución de ingresos, industria nacional y sustitución de importaciones, subsidios a determinados sectores, control de precios y la fuerte presencia de un estado empresario y creador de empleo. Este camino no es el del éxito sino que lleva a un crecimiento de la pobreza, del desempleo y por lo tanto de un empeoramiento del bienestar de todos los argentinos. La historia argentina ha demostrado fracaso tras fracaso de seguir estas medidas.
Por lo tanto, es importante que quede claro que el motor de la reactivación no es el producto de medidas adoptadas por el gobierno sino que es el resultado de un rebote de la economía luego de una estrepitosa caída. Esta coyuntura acabará pronto, momento que quedará destapada la inexistencia de medidas que conduzcan a la Argentina hacia un país en serio y las que, sin lugar a dudas deberán empezar a tomarse lo antes posible si lo que se desea es cambiar el rumbo de nuestro país.
A un año del Gobierno K: Lejos de un país en serio
Agustina Leonardi
Al cumplirse un año del gobierno de Nestor Kirchner, resulta apropiado hacer un balance de su gestión para poder ver qué rumbo ha tomado el gobierno para nuestro país.
Al haberse retirado Carlos Menem de la carrera presidencial, Kirchner asumió la presidencia con sólo el 22% de los votos y bajo un contexto económico - social difícil. Sin embargo, el flamante presidente consiguió inmediatamente el apoyo de la mayoría de los argentinos, y logró tener una imagen positiva tal como lo han demostrado diversas encuestas. Sin lugar a dudas, la recuperación de la economía argentina a partir del año 2003 fue un factor crucial en este apoyo de la ciudadanía al gobierno. No obstante esto, dicha recuperación sería principalmente la consecuencia de un rebote de la economía luego de cuatro años de recesión y colapso total en el año 2002 acompañada por un contexto internacional favorable.
Ahora la pregunta es ¿cuáles han sido las medidas llevadas a cabo por el gobierno del presidente Kirchner en este contexto lleno de oportunidades para hacer un país en serio tal como lo anunció en su campaña electoral? Veamos:
El problema de la renegociación de la deuda no se hizo esperar y apareció ni bien el primer mandatario iniciaba su gestión. El gobierno firme en su quita del 75% mostró, como lo hicieron gobiernos anteriores, falta de voluntad para asumir los compromisos generando un total enfrentamiento con los acreedores. Hasta ahora, el único resultado es que nadie encuentra incentivos para invertir en un país donde no se respetan los contratos, no se protegen los derechos de propiedad y donde no existen reglas claras y estables.
Ante la crisis del sistema previsional desatada como consecuencia de la reestructuración de la deuda, el gobierno delegó la totalidad de la culpa a las AFJPs cuando en realidad éstas habían sido obligadas a comprar bonos públicos. En el medio de esta crisis, el gobierno veía como solución volver al sistema de reparto, justamente la causa del colapso de nuestro sistema de pensiones y que los jubilados actualmente tengan tan magros haberes. Hoy, el sistema previsional sigue bajo estado crítico y no se ha encarado una reforma seria sobre el mismo.
Agotadas las demás fuentes de financiamiento (emisión, privatización y deuda) los impuestos siguen siendo la fuente principal de financiamiento del gasto público. Y, aunque la coyuntura fiscal (superávit primario) se muestre favorable, la misma no tiene bases sólidas. Las retenciones y el impuesto a las transacciones financieras, dos impuestos sumamente distorsivos, se han convertido en pilares de la recaudación, afectando el funcionamiento del libre mercado, ahuyentando inversiones y limitando el potencial de crecimiento del país.
La suba de salarios por decretos ha provocado más empleo en negro y que los incentivos a aportar a un sistema poco transparente e ineficiente sean nulos. Concretamente, los individuos encuentran que los obstáculos del gobierno ya sean en materia de impuestos o de regulación aumentan sus costos de transacción y optan por operar en un mercado extralegal. Para solucionar esto, el presidente aplicó un plan de regularización del trabajo en vez de apuntar a cobrar menos impuestos y hacer un uso más eficiente de los recursos públicos.
El gasto público sigue siendo ineficiente en los tres niveles. Ni en el área de la educación, ni de la salud, ni de la seguridad (por nombrar solo los más importantes) se han implementado reformas dirigidas a una mayor competencia y transparencia. En el área de salud, el sistema de obras sociales (OS) sigue prestando paupérrimos servicios, la mayoría de las OS son deficitarias y están dominadas por sindicatos. En educación, un sistema burocrático y carente de incentivos deteriora día a día la calidad educativa de nuestro país. Por último, la inseguridad está en sus mayores niveles, basta ver cuántos secuestros, asaltos y demás tipos de violencias se producen en nuestro país por día.
La recientemente desatada crisis por escasez de gas y electricidad ha mostrado la falta de previsión del gobierno (también de los anteriores), por querer congelar un precio cuando el mercado y los contratos indicaban otro provocando una crisis de grandes dimensiones para la productividad de nuestro país. La solución del gobierno ha sido implementar un sistema de premios y castigos además de la creación de una empresa estatal, claramente estas son medidas costosas y de muy corto plazo; por lo tanto no aportan solución de fondo al problema.
De esta manera, queda comprobado que durante este año no se han encarado reformas estructurales que conduzcan a la Argentina por la senda del crecimiento. Ahora la pregunta es, ¿por qué el gobierno no ha aprovechado esta oportunidad?
Hay básicamente dos razones por las cuales esto no se ha llevado a cabo. En primer lugar, existen grandes costos políticos de implementar reformas basadas en un menor intervencionismo y en una mayor libertad de mercado, porque no sólo generarían un alto descontento social sino que además, los resultados podrían visualizarse recién en el mediano y/o largo plazo pero no bajo el gobierno de Kirchner, lo que obviamente no incentiva al primer mandatario.
En segundo lugar porque Kirchner como lo ha demostrado tanto en su plan de gobierno, en sus discursos como en sus acciones cree, equivocadamente, que los patrones del crecimiento y desarrollo están basados, en mayor intervencionismo, cobro de mayores impuestos, existencia de empresas estatales, redistribución de ingresos, industria nacional y sustitución de importaciones, subsidios a determinados sectores, control de precios y la fuerte presencia de un estado empresario y creador de empleo. Este camino no es el del éxito sino que lleva a un crecimiento de la pobreza, del desempleo y por lo tanto de un empeoramiento del bienestar de todos los argentinos. La historia argentina ha demostrado fracaso tras fracaso de seguir estas medidas.
Por lo tanto, es importante que quede claro que el motor de la reactivación no es el producto de medidas adoptadas por el gobierno sino que es el resultado de un rebote de la economía luego de una estrepitosa caída. Esta coyuntura acabará pronto, momento que quedará destapada la inexistencia de medidas que conduzcan a la Argentina hacia un país en serio y las que, sin lugar a dudas deberán empezar a tomarse lo antes posible si lo que se desea es cambiar el rumbo de nuestro país.