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Bitácora de Juan Fernando Carpio

La gente se sorprende aquí de saber que comparte el dudoso honor de estar al fondo del Indice de Libertad Económica de la fundación Heritage, con la China Comunista.

Para que no quede duda de la causa de ello, enfoquémonos en la última arbitrariedad colectivista del Estado ecuatoriano.

La resolución 722 de la Junta Bancaria (JB) del 15 de diciembre del 2004 dispuso que los bancos, cooperativas, sociedades financieras y las emisoras de tarjetas de crédito usen metodologías o sistemas internos para asignar montos y demás condiciones crediticias. Es decir, según el perfil de los clientes y no de sus ingresos totales.

Eso significa que los cupos o montos de los préstamos ya no se darán solamente según los ingresos de los usuarios sino mediante una evaluación de variables como la zona de residencia, propiedades, historial crediticio, estabilidad laboral, cuentas bancarias entre otras.
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El objetivo es que los deudores no destinen más del 50 por ciento de sus ingresos al pago de sus obligaciones y así evitar riesgos de morosidad.

Esto es insultante: un grupo de políticos, burócratas y en el mejor de los casos, tecnócratas, se atribuye la capacidad de dictaminar la forma en que los bancos, financieras y emisoras de tarjetas de crédito deben calcular el monto y pagos periódicos de un crédito.

La justificación que estos sabios platónicos deben darse a sí mismos es que 'están velando por los intereses de la banca y a la vez de los sujetos del crédito'. El pastor cuidando del rebaño. En otras palabras, la disposición atrabiliaria sobre la propiedad y la vida ajena: decir a unos cuánto y cómo prestar, y a los otros en cuánto y hasta dónde pueden endeudarse.

Lo más patético es que el propio Estado no se coloque ninguna regla a sí mismo sobre límites y plazos de endeudamiento. Estado libre, ciudadanos reglamentados. Incluso los conceptos más elementales del imperial derecho romano, proponen lo contrario.