Algunos liberales han caído en la trampa de asegurar que el liberalismo es de izquierdas en lo político, y de derechas en lo económico. Según este enfoque, la izquierda, el PSOE, vendría a defender las libertades civiles o políticas y la derecha, el PP, las económicas.

En mi opinión esta definición concede demasiado a la política; el liberalismo no es necesariamente un movimiento político, y mucho menos un movimiento que recoja su inspiración de lo mejor de cada partido político. El PP no es liberal en lo económico; quizá durante un corto período consideró desplazarse hacia semejantes posiciones, pero pronto las desechó. Y el PSOE tampoco es liberal en lo político. Por mucho que algunos crean que la legalización de los matrimonios homosexuales constituye un paso en la dirección correcta hacia la libertad matrimonial, están harto equivocados. Y es que su mera aceptación del Estatuto del Periodista debería servir como prueba de la ausencia absoluta de respeto a la libertad de expresión y, por ende, a las denominadas libertades civiles (otro tema de discusión sería la endiablada manipulación que se esconde detrás de la separación entre libertad civil y libertad económica; cómo si la libertad de prensa pudiera asegurarse con la industria del papel nacionalizada)

Hay, sin embargo, otro asunto en el que la hipocresía "progre" es todavía más evidente: la prohibición y persecución de las mal llamadas drogas. En principio, la izquierda suele mostrarse más favorable con los "excesos" juveniles. Tierno Galván y su "A colocarse y al loro" son ejemplos paradigmáticos. Los drogadictos, asegura la izquierda, no son parias sociales. Y, en efecto, no lo son. En ocasiones se olvida que las drogas son medios para fines dispares; no sólo se usan para la diversión, sino también la meditación, el aletargamiento o la mejora de la percepción. Alguno se sorprendería de la cantidad de preclaras mentes que han llegado a consumir marihuana con regularidad o a esnifabar cocaína en momentos de depresión.

Lo que convierte a alguien en un paria social no es la sustancia en sí, sino la finalidad a la que se dedique. El opio es el mejor tranquilizante conocido. Un uso intenso puede ciertamente causar adicción y tolerancia; sin embargo, nada impide su uso en momentos puntuales (o incluso en bajas cantidades durante la tercera edad) como sustituto de los somníferos u otras drogas legales. La heroína ha sido denigrada como la peor de las drogas existentes, cuando, en su forma no adulterada, sólo constituye un derivado del opio con importantes propiedades analgésicas, mucho mejor que la morfina. ¿Qué tiene, pues, de intrínsecamente malvado e infernal la heroína? Ni siquiera sus niveles de adicción son particularmente elevados; la realidad es que la heroína constituyó en España una droga mortal, tanto fisíca como socialmente, no tanto por la sustancia, sino por el llamado "culto de la aguja" (algunos experimentos con heroinómanos pusieron de manifiesto que la sustitución de la heroína por un placebo retrasaba la aparición del síndrome abstinencial siempre que el sujeto creyera que se trataba de heroína y que la inyectase por vía intravenosa) Los heroinómanos habían adquirido un modus vivendi del que resultaba muy difícil desprenderse; ese modo de vida pasaba por la inyección habitual de heroína en ambientes marginales. No mataba la heroína, sino el fin que con ella se perseguía.

El consumidor de drogas no es, por tanto, un elemento peligroso y corruptor de las sociedades. Los socialistas están en lo cierto en este punto; no obstante, sus acciones no se concilian con las palabras. Uno tiende a pensar que la defensa de los drogadictos no pasa de una campaña de marketing por aparentar "modernidad" y "juventud", más que representar una convicción de fondo; el socialismo es tan primitivo y ensimismado como los conservadores a los que acusa de reaccionarios. ¿Cuántas iniciativas o propuestas ha planteado el PSOE para desilegalizar algo tan inocuo como el cannabis? Y por desilegalizar no me refiero a su venta cuasi clandestina en farmacias. Si la marihuana tiene efectos terapéuticos positivos que nos dejen beneficiarnos a todos.

No sólo eso, la Ministra de Sanidad no ha perdido el tiempo en apelar a la prevención como eje fundamental de la política de drogas. Es curioso cómo los socialistas han terminado abrazando la doctrina de la acción preventiva, pero nada que no estuviera ya latente en su ideología.

La última propuesta en esta "prevención", consiste en la restauración de la Ley Seca a partir de las nueve de la noche. En palabras de Francisco Vázquez, el socialista presidente de la FEMP: pedimos al Gobierno central que la nueva ley antibotellón impida que se comercialice alcohol a partir de las nueve de la noche como método para erradicar el consumo callejero. Uno todavía recuerdas cómo los socialistas criticaron al PP por pretender prohibir el botellón "sin ofrecer ninguna alternativa a los jóvenes" ¿Qué alternativa les ofrecen ustedes?, cabría preguntar (si bien, mejor no hacerlo, no sea que se impliquen en absurdos proyectos de promoción de actividades "alternativas")

Las medidas provocan un fuerte sonrojo. Primero, porque el PSOE, nuevamente, pretende moralizar a la sociedad mediante la coacción; segundo, porque restringe la libertad de todos los ciudadanos. Y tercero, por su absoluta ineficacia propia de las planificaciones políticas.

No queda claro en la propuesta si los bares podrán vender alcohol, en cuyo caso asistiríamos ante un traslado de rentas desde los supermercados a estos últimos. En caso contrario, bastaría con adquirir el alcohol antes de las nueve de la noche para saltarse cualquier restricción legal. Y es aquí donde encontramos el epicentro del error de esta planificación.

Si pretende ser efectiva, la ley deberá ampliarse. Ello supondrá extender la prohibición más allá de las nueve de la noche y, por supuesto, multiplicar los controles sobre los establecimientos. Pero es que,los efectos no intencionados de la ley van mucho más allá. Algo parece comprender Francisco Váquez cuando, a reglón seguido, señala: Y, es más, también habrá que pedir que se vigile la venta de agua mineral, porque muchos jóvenes la van a comprar en grandes cantidades para luego consumir éxtasis. ¡Controlar el agua! La famosa cita de Trostky en Camino de Servidumbre empieza a materializarse y hacerse posible: El antiguo principio "quien no trabaja no come", es reemplazado por este otro: "Quien no obedezca no come". ¿Alguien calcula los riesgos que un control sobre la venta de agua podría tener sobre nuestras libertades?

Y es que, precisamente, el intervencionismo destapa una serie de consecuencias imprevistas por su ignorancia sobre los procesos sociales. Dificultar el acceso al alcohol estimulará el consumo de otras drogas. Si se ilegaliza el alcohol los riesgos y la dificultad para adquirirlo serán similares a los de comprar marihuana, la cocaína, el éxtasis o los hongos alucinógenos; ante esa disyuntiva, puede que los jóvenes decidan sustituirlo por cualquiera de esas otras drogas. No sólo eso, ¿alguien ha pensado que algunas de las sustancias que se venden en farmacias sin recetas médicas también son susceptibles de ser usadas para obtener un buen "colocón"? O se controlan todas las sutancias (incluida el agua), o la prohibición sólo provocará un efecto substitutivo. El alcohol actúa hoy como una válvula de escape para todos aquellos jóvenes que no quieren introducirse, por los motivos que sean, en el mercado negro; su ilegalización de facto supondrá un empujón adicional para que entren, y una vez que se entra en un mercado, se elige entre todas las drogas que haya en ese mercado.

Por tanto, esta medida intervencionista, como todas, ocasionará nuevos problemas que, seguramente, los políticos juzgarán más graves que las anteriores (a no ser que me sorprendan diciendo que la proliferación del consumo de marihuana o de sustancias alucinógenas es preferible a la del alcohol). Estos nuevos problemas podrán permanecer como tales o, previsiblemente, querrán ser solucionados por el político (por ejemplo intensificando la vigilancia policial, prohibiendo totalmente el alcohol, o expidiendo carnés para adquirir sustancias de las que puedan derivarse drogas químicas) lo cual, a su vez, provocará nuevos conflictos y problemas (como el contrabando o las mafias y grupos terroristas que surgen para garantizar esa necesaria provisión y que luego pretenden subrogarse en la posición del Estado). Al final, o el político renuncia a intervenir o habremos adoptado de pleno el socialismo.

El pecado original de este cúmulo de despropósitos hacia el socialismo es la prohibición de ciertas sustancias, la guerra contra las drogas y los drogadictos. El PSOE se ha situado a la vanguardia de esta guerra. Su retórica prodrogas se desvanece, si es que alguna vez estuvo en pie. Si cabe su iluminismo estatalista los convierte, en este asunto, en más peligrosos que el conservador PP. Cierto que para muchos simpatizantes del Partido Popular los "drogadictos" son unos apestados y que en la ideología del Partido, hoy por hoy, se encuentra la moralización de la sociedad y la completa erradicación de las drogas.

Sin embargo, esta situación no difere mucho del PSOE, y a éste partido se le añade la fe absoluta en el intervencionismo, así como una peculiar aversión al empresariado y a la responsabilidad individual. Sólo así podemos entender las aseveraciones de Vázquez: Ahora no se puede impedir consumir en la calle y muchos supermercados, hipermercados e hipercores, a los que no puedes negarles la licencia, hacen su agosto vendiendo botellas a los grupos de jóvenes, siempre, eso sí, con bolsas blancas o de papel, sin los logos de la empresa. La culpa del consumo de drogas no la tienen los jóvenes, ¡sino los que se la venden! Uno que siempre había creído en que la decisión de beber alcohol era anterior y posterior al hecho de comprarlo. Pero parece que los adolescentes sean víctimas del ánimo de lucro del malvado empresario que les obliga a drogarse.

Es este mesianismo antiempresarial el que me resulta particularmente peligroso e inquietante. Cierto que este análisis puede extenderse para cualquier otra actividad humana; pero que el socialismo abniegue de la responsabilidad individual cuando es el punto de partida del consumo de drogas, sólo me lleve a augurar un crecimiento del mismo, y, lo que es preocupante, entre personas irresponsables que no sepan valorar el alcance de su decisión. Si se desresponsabiliza el consumo de drogas, si se culpa al empresario, si se vacía de contenido moral el consumo, el resultado será que los jóvenes delegarán la responsabilidad moral en los empresarios, mientras ellos querrán quedarse con las consecuencias favorables del consumo. La analogía equivaldría a pretender endosar a otro la resaca de una borrachera, quedándose con la exitación alcohólica.

La diferencia es que ese traslado de la responsabilidad es sólo ficticio, con lo que los jóvenes sufrirán unas consecuencias imprevistas. Todo ello en un ambiente de represión creciente tanto hacia el empresario cuanto, previsiblemente, hacia los consumidores irresponsables. Una bomba de relojería cuya única solución se encontrará en más Estado y mayor coacción.

En estos temas es donde se comprueba de manera más sangrante las nefastas consecuencias del anticapitalismo, el intervencionismo, la carrera hacia la irresponsabilidad, la partitocracia antiliberal en la que se ha convertido el Estado español y la soledad en la que nos encontramos los liberales. Soledad frente a los moralizadores y a los estatalistas, frente a los progres laicistas y a los políticos confesionales. El odio a la libertad que destilan unos y otros se deja entrever, cada vez más, en todos y cada uno de los ámbitos de nuestra vida. Por eso, la oposición al poder del Leviatán no puede delegarse absolutamente en ningún político; la defensa de la libertad es nuestra primera responsabilidad.

Dos meses después de una de las mayores catástrofes que ha conocido nuestra reciente historia se impone, si queremos minimizar los daños de eventuales nuevos tsunamis, reflexionar, aún brevemente, sobre la nociva actuación de los Estados y los movimientos izquierdistas.

Las dos fenómenos culpable del magno desastre sucedido en el sureste asiático -más de trescientos mil muertos- son, por un lado, el terremoto y consecuente Tsunami, y la pobreza extrema en la que viven los países implicados.

Y si bien el Tsunami es un fenómeno natural contra el que poco puede hacer el hombre, la pobreza es una lacra social que hay que denunciar desde cualquier foro. Si la ola gigante asoló casas y edificios enteros fue debido a su precaria construcción; los hoteles a primera línea de playa no sólo resistieron el envite, sino que incluso actuaron como pantalla protectora, reduciendo la fuerza destructora del Tsunami.

Así, pues, una primera conclusión se impone: si el sureste asiático hubiera gozado de un nivel de vida occidental, la tragedia hubiese sido prácticamente nula. ¿Qué necesita, por tanto, el sureste asiático para blindarse ante futuros rugidos naturales? Más prosperidad, lo que equivale a decir mayor libertad y mayor respeto a la propiedad privada, esto es, más capitalismo.

La retórica altermundista que pretende conseguir un "comercio justo", manipulando arbitrariamente los términos de las transacciones y aplicando políticas proteccionistas, en una suerte de institucionalización del neomercantilismo, sólo contribuye a empobrecernos a todos. Una vez más, hay que recordar que Free Trade is Fair Trade. Sobran restricciones políticas a la voluntad de los individuos, se exprese donde se exprese. El altermundismo, la antiglobalización, es la primera ideología culpable del subdesarrollo asiático y, por ende, de lo acaecido tras el Tsunami.

Tampoco la doctrina ecologista sale bien pertrechada. Preocupados por un falaz y lejano cambio climático, sus ultraintervencionistas recetas, como el infame Protocolo de Kyoto, sólo sirven para restringir la producción y la creación de riqueza en aras de un "desarrollo sostenible" (un revival de algunas teorías económicas de los años 70 que propugnaban un "crecimiento 0"). El terremoto que ocasionó el Tsunami nada tenía que ver con el fantasioso cambio climático; hubiera ocurrido con o sin Kyoto. La diferencia es que con Kyoto la gente será más pobre y estará más expuesta a los avatares naturales y sin Kyoto dispondrá de mayores medios (casas más resistentes, mejores coches, ciencia más avanzada...) para afrontarlos. Por tanto, el ecologismo resulta ser nuestra segunda ideología culpable.

Por último, nos encontramos con el intervencionismo económico que irrumpió en la escena después del Tsunami. En teoría, los Estados occidentales debían conceder ayudar a los países afectados por el desastre natural, ya que la caridad constituye un bien público de imposible provisión por el mercado. En otras palabras, si el Estado no obligaba a la gente a ayudar a los surasiáticos mediante transferencias de impuestos, nadie lo hubiera hecho.

De hecho, incluso pudimos contemplar como los noticiarios españoles confeccionaban rankings de "países solidarios". Parecía una competición por ver qué gobierno occidental esquilmaba más a sus ciudadanos. España, se dijo, colaboró casi tanto como el riquísimo y egoísta EEUU. La realidad es que España concedió 68 millones de dólares en concepto de créditos (es decir, el ojizarco ZP no donó 68 millones, sino que endeudó a los surasiáticos), mientras que EEUU donó 350 millones. Pero esto es indiferente para que el rojerío tache a Bush de malvado y a ZP de altruista.

En cualquier caso, ¿por qué los gobiernos deben robar dinero a sus ciudadanos a través de los impuestos y entregarlo forzosamente a terceras personas, en este caso los surasiáticos? ¿Es que acaso los individuos no son capaces de darlos por ellos mismos, en un acto de generosa caridad?

La izquierda, refugiada en sus cavernícolas fabulaciones sobre los bienes públicos, responderá que no, que nadie dará dinero "suficiente para la caridad". Sin embargo, la realidad desmiente una y otra vez a los socialistas. Cruz Roja y Médicos sin Fronteras, asociaciones privadas, concluyeron hace justamente un mes su solicitud de ayudas para el Tsunami porque ya tienen "bastantes fondos para planificar nuestra respuesta y cumplir los programas de los próximos diez años"

Es falso que los ciudadanos no puedan ayudar a sus semejantes; rotundamente falso. De hecho, Cruz Roja ya ha recaudado aportaciones privadas por más de 930 millones de dólares, esto es, casi tanto como todos los gobiernos del mundo juntos. Baste este dato para refutar, de una vez por todas, la mitología del "bien público" que impregna de socialismo todas las facultades de Economía.

El tema de la voluntariedad de las donaciones privadas, como las de Cruz Roja, frente a las coactivas redistribuciones estatales no es banal. Mientras las primeras serán destinadas a proyectos que aliviarán la precaria situación de los afectados, las segundas servirán para corromper gobiernos y emprender proyectos inútiles. Los gobiernos no necesitan gastar su dinero de forma eficiente porque para obtenerlo sólo tienen que recurrir a la fuerza policial (impuestos). Si la Cruz Roja u otra organización privada despilfarra los recursos obtenidos de manera voluntaria, nunca más volverá a ser acreedor de la confianza de la gente; ergo, desaparecerá. Este cruento intervencionismo estatal es la tercera ideología culpable.(y no deja de resultar irónico que como culpable último del subdesarrollo de esas regiones, se sienta obligado a donar los restos y despojos de su presupuesto a esos países: los fallos del intervencinosmo engendran nuevas necesidades a ser tuteladas)

Ahora bien, insisto, la mayor ayuda y solidaridad que pueden recibir los países pobres no proviene de las voluntariosas donaciones de los ricos occidentales, sino de permitirles comerciar sin aranceles (eliminando nuestra asesina Política Agraria Común) y de consolidar instituciones que respeten su libertad y su propiedad privada.

Para ello resulta apremiante refutar y criticar el altermundismo, el ecologismo y el intervencionismo; detrás de su demagógica retórica de igualdad y solidaridad sólo esconden violencia estatal y generación de pobreza. Y esto es, precisamente, lo que el sureste asiático -o cualquier otra zona del mundo- no necesita. Esta vez han sido trescientos mil muertos; pero, si el capitalismo no medra, ¿cuántos serán la próxima vez?

Como sabrá cualquier persona que lea con regularidad esta bitácora no suelo mostrar reparos a deshacerme en halago ante dos de los mayores activos con los que el liberalismo cuenta ahora mismo, Gabriel Calzada y D. Jesús Huerta de Soto. Se comprenderá, pues, que no pueda dejar de enlazar esta exquisita crónica de Gabriel relatando como Huerta de Soto recibió el pasado 18 de febrero el Adam Smith Award: El premio, que concede el Centro para la Nueva Europa (CNE) –el mayor think tank europeo– tras consultar a un extenso número de institutos de investigación sobre economía y políticas públicas, es otorgado al pensador o investigador europeo que más méritos haya acumulado a lo largo de su carrera en la profundización y la difusión del pensamiento liberal y en el estudio del funcionamiento del mercado libre.

Y es que, efectivamente, como apunta Gabriel, al profesor Huerta de Soto méritos no le faltan. Méritos no sólo referidos a la difusión del liberalismo austriaco, sino a la integración de las diversas corrientes. No en vano, mientras los hayekianos y los rothbardianos se tiran los tratos en los EEUU, en España, gracias a la impagable labor de Huerta de Soto, la lectura libertaria de Hayek, o la liberal de Rothbard, no suponen grandes problemas. Las distintas visiones austriacas se perfilan y complementan bajo el pulido prisma del profesor Huerta de Soto.

Pero sus contribuciones no terminan ahí. Sólo por su notabilísimo tratado monetario, por sus continuación, profundización y mejora del debate sobre la imposibilidad del cálculo en una economía socialista, o por su encomiable difusión del pensamiento de la Escuela de Salamanca (que no pudo reprimirse en volver a exponer durante la recepción del premio) ya merecería recibir el premio. Si a todo ello le sumamos un enorme entusiasmo que exhibe tanto si brilla el sol como si llueve, sólo podemos pensar que, por muy grandes que hayan sido los méritos de Huerta a fecha de hoy, lo mejor está todavía por llegar.

Nota al margen merece la "aversión" que Huerta de Soto siente por Adam Smith y su teoría del valor, en la más pura línea rothbardiana. No deja de ser gracioso contemplar a un gran liberal recibir el premio de quien muchos consideran el padre del liberalismo y, otros -entre ellos el receptor del premio- el del marxismo.

En todo caso, como titula Gabriel con un renovado entusiasmo y y un verosímil optimismo estamos ante un nuevo siglo de oro español en la economía. Ellos dos, son la prueba fehaciente.

...Pero el NO a la libertad individual.

En todo caso, si el cálculo económico es imposible en un sistema socialista, sólo podemos concluir que después del día de hoy, el desmoronamiento de la Unión Europea está un poco más cerca. Y es que si generalmente puede sacarse algo positivo de cada situación, del referendum plebiscitario de hoy no se me ocurre nada más.

No es que el resultado me haya sorprendido, dudo que a alguien lo haya hecho. Una participación insuficientemente baja como para concluir nada, pero con un relativamente numeroso SÍ que permite al gobierno obtener el refrendo consultivo que necesita para aprobar el engendro constitucional en el Parlamento.

Por lo demás, mantengamos un cauto optimismo. Niza sigue vigente hasta el 2009, y los próximos retos que deberá atravesar la Constitución, como Gran Bretaña o Polonia no serán tan sencillos como en el caso de España. Ahora bien, permítanme efectuar unas breves reflexiones a vuelapluma sobre nuestra estrategia en este referendum.

Por un lado, hemos intentado convencer a la gente de que la Constitución Europea no es la adecuada para la Unión Europea, cuando, en realidad, la Unión Europea no es la adecuada para la libertad. En un país que cree que cualquier cosa que llegue de Bruselas supone un afianzamiento de nuestra libertad y de nuestra democracia, cualquier mensaje en contra del deforme documento de la Convención habrá caído mayormente en saco roto.

Dado que el peligro de la Constitución sigue acechando, hoy con más fuerza que ayer, la lucha ideológica no puede detenerse. Si ayer suponía una amenaza, tanto más lo hace hoy. Como dijo Kantor, la lucha contra la Unión Europea debe continuar. Y remarco "contra la Unión Europea". Hay varios mitos que merecen desaparecer: España ha crecido, no por sus empresarios y ahorradores, sino por integrarse en la Unión Europea (por los políticos europeos); la Unión Europea (el Estado) es equivalente a Europa (sociedad); el antiunioneuropeísmo equivale a antieuropeísmo; la Unión Europea es el destino histórico de España; la Unión Europea representa los valores de la paz y la libertad.

Por otra parte, los liberales gozamos de una posición en Internet que, si bien no podemos tildar de hegemónica, sí resulta harto numerosa. Nuestra campaña en contra de la Constitución aparecía entre los primeros hallazgos de google y Libertad Digital es el segundo periódico de Internet. No puede decirse que lo estemos haciendo precisamente "mal" en este ámbito; puede que las zonas más libres sean en las que más se extienda el liberalismo.

Sin embargo, hoy por hoy la influencia de Internet es despreciable. Sería interesante conocer qué porción del 17% de noes suponía un NO liberal; en todo caso, a buen seguro no será muy elevado. En su mayoría ha sido un NO comunista, un NO conservadoramente antisocialista y un NO nacionalista. Si queremos aspirar a algo más, se hace imprescindible tanto ir más allá de la Red cuanto seguir creciendo en ella, mejorando la calidad de los Blogs (a cuyo respecto Manel tiene bastante que decir)

En todo caso, en días como hoy, conviene recordar la frase de Virgilio que Mises convirtió en su propio lema: Tu ne cede malis, sed contra audentior ito. Es decir, nunca cedas ante el mal, sino combátelo con mayor audacia. O como también afirmaba el maestro austriaco, si ellos siguen repitiendo la mentira, nosotros tendremos que seguir repitiendo, aún más fuerte, la verdad. Es lo que toca; después de hoy se comprueba que la expansión burocrática y el la restricción de la libertad no tienen por qué conocer límites. El pueblo no se opondrá sólidamente. Puede ser un paso más hacia el abismo totalitario, pero el combate continúa.

Excelentes análisis, como siempre, de Gabriel Calzada en Libertad Digital. El primero poniendo de manifiesto el compotente dictatorial de este engendro constitucional, el segundo desarrollando las ideas más perniciosas que contiene la Constitución socialdemócrata. No, por principio, señala Gabriel. Pero también por el principio del final de la Unión de Repúblicas Socialistas Europeas. Un NO dinamitará esta Constitución, marcando la estela a seguir por el resto países miembros.

Hoy toca votar NO. No caben excusas. La blogosfera liberal se ha convertido en un clamor antisocialista. Por primera vez, aún con nuestras diferencias, estamos casi unánimemente de acuerdo en algo. Manel, Golan, Happy Butcher, Freelance con su enorme trabajo (I, II, III, IV, V, VI), Ajopringue, el Halcón Liberal, Batiburrillo, Carmelo Jordá, Laissez Faire, Coase (y aquí) y, por supuesto, nuestra página en contra de la Constitución Europea.

Pero por encima de todo, hay un argumento sucinto, claro y contundente: nuestra libertad. Algo que esta Constitución no respeta al vilipendiar una y otra vez la propiedad privada.

Por tanto, NO, NO y NO. Será una de las pocas veces en la que los liberales podamos consecuentemente votar orgullosos.

A pocas horas del referendum, conviene recordar que el eventual rechazo de la Constitución vendrá determinado por la movilización del NO y la abstención del SÍ. Esto que supone una abierta perogrullada no representa más que un recordatorio a todos aquellos liberales que practiquen el abstencionismo como una forma subsidiaria de colaboración. La abstención que nos interesa es la del SI, en ningún caso la del NO.

Por ello, quisiera animar a los liberales abstencionistas a que mañana voten NO. Si el objetivo es evitar la aprobación plebiscitaria de la Constitución el mecanismo no puede ser la abstención. La abstención del NO no contribuye a nada.

Ya hemos expuesto con cierta profusión por qué debemos votar NO; supongo que muchos liberales convenirán en los motivos, pero, aún así, creen que el rechazo de la Constitución puede acarrearnos ciertos problemas políticos internos a medio plazo. Considerando pros y contras, muchos liberales se quedarán en casa. Se trata, pues, de leyendas urbanas políticas que conviene desmentir para animar a votar NO. Ahora bien, no olvidemos que, en todo caso, se trataría de problemas circunstanciales, mientras que la Constitución generará un grave PROBLEMA estructural.

a) La izquierda radical y los nacionalismos capitalizarían la victoria del NO: En ningún caso podrá suceder esto. Si prevemos una participación del 30%, la victoria del NO tendrá lugar, en todo caso, superando los 4'5 millones de votos, cifra que, en ningún caso, acumulan IU, ERC y el BNG. Forzosamente, todos los analistas tendrían que concluir que la derecha española ha sido decisiva en el triunfo del NO. Se interpretará, más bien, como un rechazo a ZP, pero nunca como un triunfo del comunismo. Es más, irónicamente la izquierda sólo podrá atribuirse los votos del NO si parte de la derecha se queda en casa. Si el NO llegara a la honrosa cifra de 2 millones de votos es evidente que queda un cierto margen para que Llamazares y Carod se los apropien.

b) La Constitución Europea detendrá el secesionismo y, en concreto, el Plan Ibarreche (o la nueva versión del "España antes roja que rota"): El desafío de Ibarreche se producirá en un par de meses. Aún faltan varios años para que la Constitución Europea entre realmente en vigor. Los que voten SI -o no voten NO- esperando que la unidad de España se mantendrá gracias a Europa se pueden encontrar con la sorpresa de que la Unión Europea postconstitucional comience una vez España ha sido troceada. Por otro lado, la Unión Europea no podría impedir que nuestro Parlamento aprobara la modificación de la Constitución Española, en caso contrario nuestra soberanía se extinguiría en la Constitución Europea. Prueba de todo ello es que el PNV apoya el SÍ, sabe que la Constitución no supone, en modo alguno, un obstáculo para sus aspiraciones.

c) La abstención deslegitimará suficientemente el resultado del referéndum: Obviamente no será así, el referéndum es consultivo. Aún ganando el NO podría darse el caso de que ZP se obcecara en aprobar la Constitución. Si gana el SÍ, a pesar de una enorme abstención, no caben dudas de que ZP se sentirá suficientemente legitimado como para aprobar la Constitución en el Parlamento. Los grandes politólogos españoles asegurarán que la gente no estaba suficientemente movilizada porque la victoria del SÍ era previsible, por lo que no habrá duda de que la voluntad popular mayoritaria va en ese sentido. Es más, ZP ya ha dado grandes muestras de aceptación de bajas participaciones.

d) El PSOE culpará al PP del resultado: En cualquier caso lo hará. Si gana el SÍ con la enorme abstención prevista y si gana el NO por mandar el mensaje velado de oponerse a la misma. Una cosa es clara, ZP se atribuirá todos los votos del SÍ, dada que la derecha o se quedará en casa o votará NO.

e) La Unión Europea sufrirá un enorme desgaste: A pesar de que no veo cuál es el problema de que ello sucediera, el rechazo a esta Constitución sólo supone un rechazo a ESTA constitución. Es dudoso que toda la burocracia europea ya creada empiece a retirarse por el rechazo de un país a un proyecto de la Convención. Otras cabezas rodarán, pero no la de los políticos rentistas.

f) El voto legitima el sistema: Una opinión excesivamente extendida entre los liberales, y en especial entre los anarocapitalistas, es que votar supone legitimar el sistema electoral y, en definitiva, el Estado. La postura liberal correcta, en mi opinión, es el NO por principio. En realidad, el Estado, si algún día se desmorona, no será ante la falta de "legitimidad" de su asentamiento. Que nadie dude que ante un fracaso de la participación (imaginemos que sólo el 1% o 2% de la población votara) el Estado encontraría otros mecanismos legitimadores sobre los que basar su existencia. El fin del Estado ocurrirá cuando la ficción en la que se asienta toque a su fin, es decir, cuando la inmensa mayoría de las personas empiecen a comprender que el Estado sólo sirve para hacer el mal. Los liberales, en concreto los libertarios, hemos entendido ese razonamiento, con independencia de que aprovechemos los mecanismos que el propio sistema coercitivo ofrece para rechazar un mal mayor. En definitiva, al Estado le importa poco que participemos o no en su juego, su subsistencia no se asienta en un proceso electoral, sino en la idea que la gente tenga hacia él. Idea que no surge ni se destruye por participar o no en unas elecciones.

Supongo que la derecha tendrá más excusas para quedarse en casa en lugar de votar que NO mañana. Están son, creo, las más populares y las que merecían una pronta respuesta. Los beneficios de oponerse (evitar el socialismo radical europeo) superan con muchos los costes o, como hemos visto, supuestos costes. Mañana tenemos que votar NO, las excusas en casa, el voto en las urnas.

Dice Amparo Rubiales en la tertulia de la Campos que existe un argumento definitivo para votar que SÍ a la Constitución Europea: por fin se establece la no discrimianción en el acceso al poder. "Las mujeres queremos tener el mismo poder que los hombres"

Pretender imposibilitar la discriminación es equivalente a imponer una decisión unívoca y universal para todo el mundo. Elegir significa discriminar, y sin elección no hay libertad. El resultado de la acción, del proceso valorativo, se haya predeterminado. La igualdad formal se abandona en la búsqueda de una represiva igualdad material; será el Estado quien manejando nuestras vidas como guste, edificará un monumento a la mísera uniformidad. Igualdad como pretexto para la coacción.

Con todo, prefiero llamar la atención en la obsesiva atracción por el poder de nuestros políticos. Amparo Rubiales, como mujer, quiere "tocar poder", le molesta que, hasta ahora, sólo los hombres hayan accedido a las altas esferas. La discriminación es mala porque establece una barrera objetiva a su entrada en la política, en la gestión de los medios legítimamente criminales o criminalmente legítimos. ¿Se imaginan a una feminista protestando porque la mayoría de ladrones o asesinos son hombres? ¿Se imaginan a un político clamando porque el Estado elimine las barreras tradicionales a la feminidad de los criminales?

Este hecho, cuasi anecdótico, denota cuál es la única función de esta Constitución: ampliar el poder de los gerentes de la mafia monopolística, crear un nuevo Estado, con toda su comparsa de burócratas, asesores y alguaciles. Lo único que quieren -lo único que siempre han querido- es poder. Estamos ante una excusa formal y pomposa que debe ser rechazada sin paliativos. La obsesión de la ex política Rubiales demuestra el trasfondo constitucional. Ni más Europa, ni más libertad ni más individuo. Solamente, más tiránicos holgazanes que alimentar con nuestro esfuerzo.

Gracias al siempre genial Agados he llegado a esta interesantísima entrevista a Philip Stott, precisamente el día en que ha entrado en vigor el nauseabundo Protocolo de Kyoto. Me cuesta destacar algunas partes de la entrevista, ya que merece la pena ser leída en su integridad. Aún así, hay algunos puntos muy interesantes a resaltar.

Después de explicar que la característica inescindible del clima es su continuo cambio y que, en una pequeña parte, ese cambio puede deberse a la influencia humana, Stott recuerda algo, en mi opinión, absolutamente fundamental: la idea de que podremos controlar el clima, y éste el término importante, de una forma "predecible", tratando de gestionar en los márgenes un solo factor entre los millones que controlan el clima, va a resultar un error muy grande.

Esta absurda mitomanía -el poder omnímodo y semidivino de los gobiernos para modificar las sociedades y la naturaleza- se encuentra en el fondo del actual socialismo estatal. No tanto porque la coacción política no influya en el clima o en los procesos sociales, sino porque no influye de la manera esperada o prevista. Toda intervención origina efectos no anticipados ni esperados que, en definitiva, hacen imposible la consecución del objetivo que se pretendía lograr. Como ya nos advirtió Bastiat: El mal economista sólo ve lo que se advierte de un modo inmediato, mientras que el buen economista percibe también más allá. El primero tan sólo contempla las consecuencias directas del plan a aplicar; el segundo no desatiende las indirectas y más lejanas.

Y es que, como explica Stott: En un sistema como ése, perder el tiempo en un solo factor, las emisiones de dióxido de carbono, en los márgenes, es muy impredecible, bien sea para emitir o para detener las emisiones. (...) Sí hay un calentamiento, pero se trata de algo normal, por así decirlo. Lo que les preocupa es el calentamiento que ven en los modelos que tienen en sus computadoras. Es problema es que estos modelos son muy imperfectos y no pueden trabajar adecuadamente con tantos factores, incluyendo factores relativos a la influencia humana sobre el clima.

Esta impredecibilidad y el característico cambio del clima nos permiten conectar con la necesidad de que la acción del ser humano no se vea paralizada. Ayer apareció un artículo sobre el tema en Lewrockwell.com: Una naturaleza viva necesita de los seres humanos, o al menos de algún tipo de inteligencia (...) capaz de controlar los caprichos de las partes inertes de la naturaleza. Los ecosistemas deben protegerse de las Glaciaciones y del efecto invernadero.

Y es que si los humanos desaparecen, ¿quién protegerá la tierra, y por tanto las especies animales y vegetales que en ella habitan, de los meteoritos y de los súbitos cambios de temperatura? No sólo eso, el profesor Stott plantea otra cuestión compartida con Reisman; ante las variaciones de la naturaleza debemos tener los medios adecuados para protegernos. Ya dije que ante los Tsunamis debemos proveernos con mejores y más resistentes casas; ante las subidas de temperaturas, generalizando los aires acondicionados y ante las glaciaciones con más potentes calefacciones.

Es estúpido creer que deteniendo el proceso de industrialización que nos permite obtener semejantes inventos -con la excusa de evitar el "cambio climático"- estaremos más seguros: Tenemos que aceptar que el cambio es la norma y lo que debemos hacer es mantener economías fuertes, flexibles y adaptables, que puedan hacer frente a estos cambios, ya se trate de calor, de sequía, de frío, de lo que sea, o, de hecho, como suele suceder en el mundo, de cambios diferentes en diferentes lugares.

Destruir la base de nuestra riqueza, de nuestro progreso y de nuestra fortaleza no parece la mejor manera de afianzar la seguridad ante las fuerzas naturales. Aún así, en opinón de Stott:Con el "calentamiento global" surgieron elementos políticos, como las ideas contra Estados Unidos, contra las grandes industrias y el capitalismo. Era una especie de ciencia que legitimó esa posición. Creo que todo esto se ha convertido en un mito tan grande que, aún cuando en un futuro surjan evidencias científicas concretas desmintiéndolo, la gente no lo creerá.

La propaganda política y progre ha sido insuflada de tal manera en nuestras cabezas que no es posible ni que la ciencia seria y rigurosa llegue a extinguir nunca. Algo similar sucedió con la malvada explotación capitalista popularizada por Marx y que se ha convertido en parte de nuestro vocabulario corriente. El empresario SIEMPRE explota al trabajador, quien se haya necesariamente en una posición de desventaja.

Por eso, el último consejo de Stott me parece particularmente relevante: Como individuos, debemos dejar de aterrorizarnos para poder mirar esto con un poco de sentido común, como hizo el Rey Canuto y no decir que podemos controlar las fuerzas de la naturaleza. La soledad individual, el miedo a lo inabarcable y la erótica del poder, llevan a muchos individuos a reclamar la aplicación de la fuerza y coacción del Estado frente a lo que no comprenden ni pueden controlar. Es ese pánico el que estimula el crecimiento y la expansión de los gobiernos; la desconfianza en el individuo, en la división social del trabajo y el conocimiento, en la libertad.

El próximo domingo se nos ofrece votar en un plebiscito no vinculante sobre si aceptamos la Constitución de la Unión de Repúblicas Socialistas Europeas, esto es, si queremos ampliar el número de cadenas que rodean nuestro cuello y que amenazan, cada vez más, con estrangularnos impíamente.

No es necesario habla de las prisas y las burlas con las que se convoca esta consulta ciudadana. Sobra con tener presente que nos encontramos ante un refrendo populista a un gobierno mediocre con ínfulas autocráticas. Y es que, en realidad, la ratificación de ZP a través del referéndum es un problema secundario y cortoplacista. La cuestión de fondo es, en definitiva, la propia Constitución, un texto que instituye el panteísmo estatal y que se olvida de la libertad individual y de la propiedad privada.

Se trata de un documento que pretende planificar nuestras vidas, nuestros proyectos, nuestro futuro, nuestra felicidad; de la carta de naturaleza a la expansión sin límites de la burocracia, de los políticos y de los controles europeos; de un compendio de políticas keynesianas que sólo servirán para incrementar el paro, la pobreza y los precios de los productos más básicos; de un documento que atribuye a los gobernantes la capacidad para decapitar nuestra libertad.

No es casualidad que la partitocracia española, los partidos mayoritarios, los chupópteros estatalistas que viven a costa de nuestros impuestos -esto es, del trabajo y del sudor ajeno- hayan apoyado la Constitución. Es una constitución de y para los Estados, de y para los eurócratas, de y para los parásitos.

Ya está bien de chupasangres institucionalizados que sólo sirven para promover guerras, atracar fiscalmente al individuo, generar problemas donde no los había, empobrecer al Tercer Mundo mediante severos aranceles y atacar sistemáticamente nuestra propiedad, nuestra libertad y nuestros modos de vida. Ya basta de aprovechados chamanes de la nueva religión del Leviatán europeo cuya única función es sacrificar a los borregos ciudadanos.

Nos sobra y nos basta con la losa política española. No es necesario redoblar el nivel de abuso y gorronería con una nueva y adicional casta política europea.

Por todo ello, todo aquel que estime su libertad y deplore la coacción y la violencia, es decir, todo aquel que, aún sin saberlo, sea de hecho un liberal, debe rechazar enérgicamente este invento socialista denominado Constitución europea. Por todo ello, es necesario y apremiante votar NO este domingo: NO a la servidumbre, SI a la libertad.

El magnífico libro de Bastiat, Lo que se ve y lo que no se ve, en el que está basada La Economía en una Lección -posiblemente el mejor libro divulgativo de economía del s.XX- está traducida al español. Ignoro cuánto tiempo hace que la tradujeron, pero no creo que sea mucho. De imprescindible lectura; antológico su capítulo del cristal roto.

Aunque eso sí, siempre puede adquirirse en papel, aquí.

Cuando un liberal defiende de manera insistente la nazionalización de un servicio deberían encenderse todas las luces de alarma. La reiterada petición de que el Estado nazionalice las redes de Internet, que algunos liberales se placen en capitanear, sólo puede ser calificada de mayúscula barbaridad. Y no veo por qué la propuesta debiera merecer un calificativo distinto dependiendo de si procede de Izquierda Unida o de algunos sectores liberales.

Antes de empezar con la crítica, conviene hacer una consideración previa. Cuando una persona propone nacionalizar un servicio está, al mismo tiempo, considerando ese servicio más importante que otros. En cierto modo, considera legítimo el uso de la coacción estatal para imponer a los demás su jerarquía de preferencias. Se trata de una fatalísima arrogancia en muy pocas ocasiones percibida. El sujeto extrapola sus gustos a los de la sociedad entera: Internet constituye una prioridad para todos.

Sin embargo, esta pretensión no casa muy bien con la realidad. Si para todos es una prioridad Internet, ¿por qué es necesaria su nazionalización? Y aquí encontramos los pretextos más manidos de la cienciología económica; si todo el mundo no tiene Internet puede ser por tres motivos, a) no pueden pagarlo, b) pudiendo pagarlo, las personas no se ponen de acuerdo (caso de los bienes públicos) y c) lo quieren, pero no saben que lo quieren (metapreferencias)

La posibilidad a) demuestra la profunda incomprensión de la acción humana. Señalar que alguien no disfruta de un bien porque no puede pagarlo es una nadería monumental. Por ejemplo, todos podríamos adquirir un yate al cabo de 50 años si decidiéramos comer tan sólo las calorías mínimas, dormir al raso y trabajar 18 horas diarias. El caso es que casi nadie está dispuesto a renunciar a 50 años de satisfacciones diversas para comprarse un yate. La cuestión, por tanto, no es si alguien tiene suficiente dinero para comprar un bien, sino a qué tiene que renunciar para comprarlo. Evidentemente, si la renta de todos se multiplicara por 10000 resulta casi seguro que todos tendríamos Internet; la razón es que por muy poco que lo valoremos, su coste de oportunidad sería despreciable. Por tanto, cuando se plantea una nazionalización lo que pretendemos es ofrecer un bien o servicio a unas personas que no lo valoran, hoy por hoy, suficientemente (es decir, lo valoran por debajo de sus otros cursos de acción)

La posibilidad b) la trataremos más adelante, sin embargo, recordemos que los bienes públicos se caracterizan por la no rivalidad en el consumo y por la imposibilidad de exclusión. Pues bien, a priori, se me antoja extraño que en Internet no haya posibilidad de exclusión.

El último pretexto justificativo de las nazionalizaciones es el más peligroso y se corresponde con una crítica de Isaiah Berlín, a la que en varias ocasiones me he referido, de "reprimirme por mi bien". Dado que otros son más sabios, más cultos o más refinados que yo, es legítimo que civilicen al salvaje; que lo repriman hasta el punto de que se vuelva como ellos. En el caso de Internet, justificaría la imposición de un servicio a costa de otros porque, en realidad, es lo que la gente quiere.

Pues bien, las tres excusas se basan en el equívoco común de la pretensión del conocimiento; el intervencionista cree saber más de lo que sabe. Y ese conomiento supremo lo capitacia para dirigir las vidas errabundas del vulgo.

Pero vayamos a analizar el artículo de Enrique Gómez. Su primer argumento refleja el punto a): hay muchas zonas, principalmente rurales y barrios de renta baja en grandes ciudades, donde no llega ni adsl ni cable ni nada de nada, puesto que a muchas empresas no les resulta rentable prestar sus servicios allí. En estos lugares la poca gente que utiliza Internet se ve obligada a acceder mediante un modem y les resulta sumamente difícil conseguir un servicio de alta velocidad. De todas formas, aunque existieran ofertas de acceso de calidad poca gente las podría contratar, por ser áreas de poca implantación de nuevas tecnologías y de bajo poder adquisitivo.

La perversión del término "rentabilidad" es equivalente al que hace la izquierda. Transmite la imagen de unos pobres campesinos sollozantes porque las pérfidas empresas capitalistas no encuentran rentable ofrecerles el servicio. Ahora bien, analicemos el término "rentabilidad". La rentabilidad consiste en ingresar más de lo que se gasta para ingresarlo, es decir, de obtener unos ingresos por Internet mayores de los costes de proveer el servicio. Como tal, la rentabilidad depende más del consumidor que de la empresa, mejor dicho, depende totalmente del consumidor y no de la empresa.

Me explico. La rentabilidad depende de los ingresos y de los costes. Los ingresos dependen en última instancia del máximo precio que esté dispuesto a pagar un consumidor por un servicio (que a su vez depende de las oportunidades de elección a las que tendrá que renunciar, como vimos antes). ¿Y los costes? Los costes son el precio de los bienes con los que ofrecemos esos servicios (es decir, de los factores de producción) Unos precios elevados indican que esos factores de producción se requieren para producir otros bienes; otros bienes que, en tanto sean rentables, deberán ser capaces de cubrir los costes de esos factores de producción. Y si esos otros bienes sí son capaces de cubrir los costes (es decir, son rentables), mientras que Internet no lo es, ello significa que esos otros bienes son más prioritarios que Internet. ¿Pero quién decide si esos otros bienes son más prioritarios? Sin duda, los consumidores. Ellos son los que establecen los precios y, por tanto, los costes.

Si no resulta rentable proveer Internet en los pueblos rurales significa que los habitantes de esos pueblos no están dispuestos a pagar lo necesario para compensar los otros bienes y servicios a los que otra gente tendrá que renunciar. Es decir, que existen otros usos prioritarios para esos factores productivos.

Por si fuera poco, Enrique Gómez reconoce que no existe un total desabastecimiento de Internet en esos lugares, sino que tienen que contentarse con "líneas lentas". En estos casos, aún es más patente que la diferencia de bienestar entre una línea rápida y una línea lenta no justifica movilización de factores productivos que obligue a otros consumidores a renunciar a otros bienes.

Ahora bien, el siguiente párrafo del artículo de un giro al razonamiento inicial: Las redes de telecomunicaciones sin cables permiten dotar de accesos de calidad a cualquier lugar con un coste bajo y sin necesidad de realizar costosas obras de cableado o de cambio de líneas. En los últimos tiempos han aparecido algunos ayuntamientos, empresas y particulares que ofrecen acceso inalámbrico con un precio bajo o incluso gratuito. Esto está produciendo que cada vez más ciudadanos de estas zonas tecnológicamente desfavorecidas puedan acceder a la red y a todas las posibilidades formativas, de información, de negocio y de ocio que esta ofrece.

Entonces, si el mercado y la empresarialidad han resuelto como proveer de redes de alta velocidad de bajo coste a los pueblos rurales, ¿cuál es el problema? Enrique Gómez lo explica en el párrafo siguiente: la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones dictaminó recientemente que para dar acceso a Internet hay que estar registrado como operadora. El gobierno exige que se cierren los puntos de acceso ilegales que hay en España.

Y aquí nos topamos con un problema típicamente político. Los lobbies empresariales asociados con el Estado restringen el mercado, incrementan los precios y reduciendo la cantidad producida. Enrique Gómez, como liberal, critica, obviamente, esta obstrucción política. De acuerdo, entonces, ¿cuál es la razón por la que debamos nacionalizar las redes? o, mejor dicho, ¿cuál es la razón por la que parte de las redes deban ser públicas?

Aunque en el artículo no se explique de manera explícita, parecen destacarse varias razones: a) Son buenas para el desarrollo económico (unas redes amplias, baratas y libres generan un avance considerablemente más rápido de la sociedad), b) el bajo coste de crear un servicio público universal (Las redes de telecomunicaciones sin cables permiten dotar de accesos de calidad a cualquier lugar con un coste bajo y sin necesidad de realizar costosas obras de cableado o de cambio de líneas), c) la imposibilidad del mercado para proveer un bien universal por el fenómeno de los free riders.

La primera crítica carece de sentido. Los empresarios no producen aquellas cosas que consideren globalmente adecuadas para el desarrollo económico; más bien ofertan productos que la gente desea y mejoran los métodos productivos de esos productos. Esto (productos que la gente quiera y mejores métodos) es el desarrollo económico. No debemos confundir desarrollo con crecimiento económico, con mejoras de la productividad o con abundancia de mercancías. No debemos creer que la economía es finalista y se dirige a incrementar la producción per se; la economía se dirige a satisfacer a las personas, independientemente de cómo se plasme esa satisfacción.

Por tanto, los pretendidos empujones estatales para mejorar nuestro bienestar, ofreciendo bienes y servicios que la sociedad no necesita pero que se consideran abstractamente adecuados al desarrollo (multiplicación de las redes carreteras, incluso por lugares intransitados, satélites espaciales, trenes de altísima velocidad...), constituyen un retroceso en nuestro bienestar y, por tanto, una merma en eld esarrollo económico. Estimular el uso de redes porque contribuyan supuestamente al desarrollo significa olvidarse de que el desarrollo se consigue satisfaciendo a los consumidores y no hipertrofiando la producción, sea ésta cual sea.

De la misma manera, el segundo argumento carece de base. Que un servicio sea universalizable mediante bajo coste no significa, per se, que deba producirse. La muerte y la destrucción mediante el lanzamiento de bombas atómicas también son universalizables a un relativo bajo coste, y a nadie se le ocurriría pedir su provisión por el Estado. De la misma manera, también resulta absurdo pedir la construcción pública de un faro en medio de la montaña, aunque resulte universalizable, o solicitar la construcción masiva de carreteras, a pesar de que puedan usarlas todo el mundo.

Parece más bien que Enrique Gómez esté sugiriendo que todo el mundo quiere Internet y que los empresarios son incapaces de ofrecer esta infraestructura. Es decir, parece que, implícitamente, Enrique Gómez defienda la nazionalización, o provisión pública de parte de las redes, por el siempre recurrente sofisma de los bienes públicos.

No es necesario entrar en una refutación de fondo del concepto, más que nada porque, aunque normalmente no se diga, los bienes públicos requieren de una tercera condición: el elevado coste del proyecto. Es decir, para que existan incentivos al free-riderismo (a no contribuir a un proyecto porque, una vez emprendido, todo el mundo se beneficiará de él, esto es, escaquearse de pagar) el coste del proyecto debe ser elevado. Si su coste es reducido los free riders tendrán menos razones para no pagar (existe una mayor predisposición a pagar precios reducidos) y, sobre todo, a los que de verdad deseen el bien o servicio, no les importará que algunas personas se escaqueen, dado que el coste del proyecto es bajo.

Si se según Enrique Gómez las redes sin cables suponen un bajo coste, ¿qué impedirá a las empresas su provisión? Aún en el supuesto de que esas redes sin cables fueran capaces de abastecer con el servicio de Internet a todo un pueblo sin gastos adicionales, las empresas de Internet pasarían de ser suministradoras a constructoras. Es decir, se les pagaría por construir las infraestructuras de Internet: como quien construye un edificio, una presa, o una central eléctrica. Económicamente no tiene mayor importancia; actualmente Internet constituye un servicio provisto por una empresa, en el futuro Internet podría considerarse el servicio que se deriva de un bien de capital. Por tanto, las empresas se dedicarían a ofertar esos bienes de capital: más baratos y de mayor calidad.

Esos bienes de capital también podrían ser arrendados a las empresas, de manera que se generarían unas rentas de alquiler. El único problema de esta alternativa sería si existe una posibilidad real de discriminación entre usuarios. Admitiendo que mi ignorancia sobre este tema es reconocida, sí me atrevo a señalar, como ya ha dicho, que se me antoja extraño que las empresas sean incapaces de discriminar entre usuarios de Internet (no digo que hoy sea posible la discriminación, sino que me extraña que las empresas no puedan descubrir e inventar métodos de discriminación) Y en tanto sea posible la discriminación, el argumento de los bienes públicos, incluso desde su lógica interna, no se sostiene.

Claro que, quizá, tales infraestructuras no supongan un bajo coste, pero en ese caso, deberíamos preguntarnos con qué legitimidad un gobierno puede emprender proyectos que él considera prioritarios, aún cuando sus ciudadanos no lo creen, como ya hemos analizado. Y en esta línea, cabría preguntarse por qué sólo puede meter la mano en las redes. ¿Por qué, si defendemos la imposición gubernamental en Internet, no hacemos lo propio con cualquier otro bien o servicio? Bastaría con que el gobierno lo calificara de prioritario para que se dedicara a su producción y distribución. Así pues, ¿nazionalizamos la economía entera? Si el gobierno conoce nuestras necesidades y las provee mejor que los empresarios, ¿por qué no lograr una igualdad de oportunidades efectiva y real en todos los aspectos de la vida?

Y, por último, sí querría añadir una crítica adicional a la nazionalización de las redes -crítica que, tradicionalmente, se calificaría de no ecónomica. El liberalismo siempre se ha caracterizado por limitar la influencia y el poder del gobierno; ha mostrado una cierta desconfianza y aversión hacia el Estado, aún cuando los clásicos lo hayan considerado indispensable. El intervencionismo económico se basa en la pretensión de poder utilizar ese poder para el bien. Pero olvidamos que nuestro bien no tiene por qué coincidir con el bien ajeno. Cuando expandimos el poder del Estado, aún cuando lo hagamos con buena intención -eso sí, con visionaria buena intención-, se sientan las condiciones para una serie de violaciones futuras a la libertad individual. La nacionalización del correo postal permitió controlar las comunicaciones entre personas, eliminando y persiguiendo a quienes conspiraban contra el orden político establecido. Aunque el argumento para nazionalizar el correo postal hubiera sido de eficiencia (por ejemplo, aludiendo a economías de escala internas) el resultado fue, en todo caso, el de permitir el abuso político.

Nazionalizar la red en una época donde, día a día, encontramos ejemplos de deseos censores, significa otogarle a los Estados un poder y unas capacidades a las que nunca deberían tener acceso. Significa abrir los diques al Estado orwelliano que tanto aborrecemos, con razón, los liberales. Aunque sólo fuera por eso, ya deberíamos oponernos frontalmente a cualquier nazionalización. Pero es que, aparte, no es sólo por eso.

Los progres están indignados: El Deutsche Bank aumenta beneficios en un 86% y anuncia despidos, en concreto, el Banco alemán planea despedir a 6400 personas, a pesar de haber obtenido el mejor resultado desde el año 2000. ¿Cómo es posible? ¿Es que acaso cuando una empresa funciona bien no debería mantener el número de trabajadores e incluso aumentarles el salario? ¿Cómo pueden los gobiernos tolerar semejante explotación?

La ciencia económica está tan sumamente distorsionada e influida por el marxismo que asuntos tan evidentes cómo las decisiones empresariales acerca de cómo emplear los recursos se someten a un régimen de inspección y de prensunción de dolo.

Clamar que los empresarios explotan a los trabajadores cuando se desvinculan de ellos es tan absurdo como pretender que puedo comer un helado cuando no tengo ninguno. La explotación se basa en el uso y el abuso del trabajo, intrínsecamente valorable, en el robo del auténtico producto del trabajador; quien despide a un obrero simplemente no se relaciona con él, ni para explotarlo, ni para darle condescendientes palmaditas en la espalda.

Por otra parte, algunos progres han llegado a creerse la estrafalaria retórica de que todo despido es necesariamente beneficioso. El objetivo de los empresarios es despedir al mayor número de trabajadores para que así mueran en las calles, mientras los orondos burgueses queman los billetes de cien dólares. El empresario iría acumulando más y más beneficios a medida que engañara al Estado y fuera capaz de despedir trabajadores. En su simple mente esta operación se comporta como una competición: cuando el Estado es poderoso los empresarios pierden ya que no se les permite despedir a los trabajadores y, además, se ven obligados a pagarles enormes sueldos; cuando el Estado es débil (ultracapitalista) los empresarios tienen libertad para ir despidiendo a las masas obreras y así engordar su cuenta de ganancias.

Recordemos antes de empezar un asunto esencial: si los empresarios tienen alguna obligación social, ésta debe ser la de obtener los mayores beneficios posibles. Los empresarios, en tanto productores, están subordinados a los consumidores; producen aquello que maximiza su felicidad. Un empresario que pierda dinero es un empresario que está despilfarrando recursos escasos, está impidiendo que los consumidores sean satisfechos correctamente. Si los beneficios desaparecen, la labor del empresario se extingue. ¿De qué serviría un empresario que se empecinara, todavía, en producir masivamente máquinas de escribir o candiles de aceite? Dicho de otra manera, si todos los trabajadores se dedicaran al cultivo de patatas, ¿seríamos los consumidores más felices que ahora?

Los empresarios tienen, por tanto, que usar su ingenio para adaptarse continuamente a las nuevas demandas. Si un empresario sigue produciendo máquinas de vapor y emplea para ello a 10000 trabajadores, cientos de miles de bienes más necesitados no serán producidos. ¿Cómo se soluciona este desajuste entre los deseos de los consumidores y las malas decisiones empresariales? Sencillamente, el precio de las máquinas de vapor se hundiría hasta el punto de que el empresario se quedaría sin ingresos. Mientras tanto, otros sectores que necesitan trabajadores para ampliar su producción (imaginemos el sector de las telecomunicaciones), intentarán contratar a esos 10000 trabajadores a los que el empresario de las máquinas de vapor, por insuficiencia de ingresos, no podrá pagar su salario.

La producción de máquinas de vapor desaparecerá y la de móviles se incrementará. Al final, los consumidores obtendrán satisfacción. Nada puede permanecer en el mercado sin beneficios, esto es, sin servir al consumidor.

Ahora bien, volvamos al caso del Deutsche Bank, ¿por qué una empresa con beneficios, esto es, que sirve bien a los consumidores, despide trabajadores? Intuitivamente podemos hallar una respuesta; si una empresa despide a 6400 empleados es porque no cree necesitarlos para mantener sus beneficios, en caso contrario, sería absurdo que dilapidara su actividad. Al despedirlos, esos trabajadores quedan libres para producir otros bienes y servicios. Con toda probabilidad serán contratados a un salario menor al que tenían en el banco, pero ahora, a partir de ese momento, los consumidores (entre los que también se encuentran esos 6400 trabajadores) serán mejor servidos; contarán con una gamma superior de productos (serán más ricos)

En realidad, una empresa puede despedir a una persona por dos motivos: o bien porque su salario es superior a su productividad marginal (esto es, o bien porque el gobierno le impone un salario mínimo o bien porque la innovación tecnológica hace innecesario que ese trabajador se perpetúe en esa ocupación), o bien porque otra persona está dispuesta a realizar el mismo trabajo por un menor salario. ¿Y por qué cualquier persona pudiera estar dispuesta a realizar un mismo trabajo por un salario menor que el de su compañero?

Imaginemos que el trabajador A trabaja en la empresa X donde percibe un sueldo de 1000 euros; por otro lado, el trabajador B está en la empresa Y donde cobra 500 euros. Lógicamente, B estará muy deseoso de trabajar en X por un salario de 600. ¿Por qué debe el gobierno impedir que B mejore su situación laboral? ¿Por qué debemos condenar a B a percibir un salario de 500 cuando puede pasar a cobrar 600?

Y es que precisamente éste es el trasfondo de la reestructuración del Deutsche Bank. Por lo visto, una parte de los despidos (unos 1200) serán trasladados a Asia y Europa del Este, otros 5400 simplemente desaparecerán.

Cuando los intervencionistas se quejan de estas medidas están implícitamente señalando que preferieren que los asiáticos y los ciudadanos de Europa del Este sigan percibiendo salarios más bajos a los que pasarán a percibir con la reestructuración de Deutsche Bank. Tanto quejarse que en el norte consumimos el 80% de la riqueza, pero cuando se trata de reducir el diferencial de salarios, se rasgan las vestiduras.

No lo olvidemos, Deutsche Bank NO creará 1200 empleos en Asia y Europa del Este; más que nada, porque todas las personas tienen alguna ocupación (dependiente o autónoma). El Deutsche Bank mejorará las condiciones laborales y la vida de 1200 personas. No se trata de que los desnutridos asiáticos tendrán que agarrarse a las migajas del Deutsche Bank, muy al contrario, el banco deberá ofrecer unas condiciones laborales más atractivas (en salarios, horarios, completos...) que las que anteriormente tenían esas personas (si no lo hace, no conseguirá contratar a 1200)

Por otra parte, 5400 empleos desaparecerán. Volvemos al ejemplo anterior, ¿conviene que aunque nuestras necesidades de patatas estén suficientemente satisfechas -empleando a menos del 0'5% de la población en su producción- empleemos toda la fuerza laboral del país en cultivar más patatas? Se trataría de una decisión muy irracional, en tanto, muchas otras de nuestras necesidades siguen insatisfechas. Por ello, ¿qué sentido tiene que 5400 personas sigan trabajando en un servicio que no produce NADA? Porque éste es el significado de la eliminación de los 5400 puestos de trabajo; los servicios que ofrece el banco no sufrirán variación alguna con o sin ellos.

Socialmente resulta mucho más conveniente que esos 5400 trabajadores se dediquen a producir otros bienes y servicios para que continúen sirviendo a los consumidores. Cierto que es muy probable que esa reincorporación laboral se haga en líneas productivas en las que perciban un menor salario (en caso contrario, ya hubieran abandonando voluntariamente su puesto en el Deutsche Bank), pero nuevamente debemos repetirnos la pregunta de si es tolerable y conveniente que 5000 personas no contribuyan en absoluto a la felicidad general, percibiendo parasitariamente unas rentas laborales por no hacer nada. Y es que esos 5000 trabajadores cuya productividad era 0, seguían cobrando un salario y demandando productos (que por tanto no podemos adquirir el resto de consumidores) sin aportar nada a cambio; no producían y consumían. Por ello, el despido y su recolocación resultaba apremiante.

Y sí, es posible que el Deutsche Bank se haya equivocado en sus cálculos, de manera que empiece a resentir el despido de 5000 trabajadores extraordinariamente productivos. Podría haberse equivocado, sí; pero en ese caso lo pagará severamente. En el mercado las decisiones empresariales que no favorecen el bienestar de los consumidores se penalizan con gravedad. Algo que parecen no haber entendido los progres, quienes siguen clamando por que el Estado meta mano, e impida despedir a esos 5000 empleados. Parecen olvidarse que no todos vivimos en abundancia y la multiplicación de la producción sigue conformando un objetivo prioritario... aún a costa de quienes quieren permanecer en su puesto de trabajo sin hacer nada.

Pues sí, reinciden en el error de Ignacio Escolar al pedir la nacionalización de las tarjetas de débito, promoviendo la expansión crediticia de los bancos comerciales, la inflación y las crisis económicas. Se trata de un negocio redondo que ya intenté destapar aquí.

Otro caso particular de cómo las consecuencias no planificadas de las acciones políticas superan, con mucho, los iniciales y primitivos beneficios económicos.

Dado que parece que las sugerencias ya han terminado, acabo de confeccionar el cuestionario que enviaré a los diputados (y quizá senadores) españoles. Lo pongo a continuación; espero que os guste, aún se admiten sugerencias y cambios.

1. ¿Qué opina del capitalismo?

2. ¿Considera usted que una mayoría legitima medidas que restringen la libertad a un individuo? ¿Qué funciones considera que le son propias a un Gobierno?

3. ¿Qué opina sobre el tipo único en impuestos adoptado recientemente en Rumania? ¿Favorecería la adopción de una medida similar en España?

4. ¿Ha considerado que su trabajo, declaraciones y acciones llevan a que los ciudadanos se enfrenten entre sí, generándo conflictos de nación, región, religión, económicos y de propiedad?

5. ¿Cómo y bajo qué criterios piensa medir el impacto de las leyes propuestas o aprobadas por usted?

6. ¿Podría usted estar de acuerdo en que las políticas económicas de Keynes han resultado ser dañinas para las economías?

7. ¿Qué opina usted sobre los economistas Ludwig von Mises y Friedrich von Hayek?

8. ¿El dinero recaudado a través de impuestos mejora la calidad de vida del contribuyente en mayor medida que si este permaneciese en su poder? Si la respuesta es afirmativa ¿por que no recaudar el 100% de lo que el contribuyente posee?

9. ¿Deberíamos avanzar hacia la desestatalización o liberalización de la sanidad o la educación cuando servicios aún más básicos y fundamentales (como la producción y venta de pan) son privados y funcionan perfectamente?

10. ¿Por qué cultivar una planta de marihuana en mi jardín y venderle unas hojas a mi vecino constituye un delito? ¿Es favorable a des-ilegalizar las drogas?

11. ¿No cree que todas las asociaciones (partidos políticos, sindicatos, confesiones religiosas…) debieran financiarse exclusivamente con el dinero de sus asociados? ¿Por qué tiene uno que financiar, a través de sus impuestos y contra su voluntad, a asociaciones de las que no forma parte?

12. ¿A qué se debe, en su opinión, que las películas españolas con subvención sean una ruina, mientras que las producciones españolas de televisión sin dinero público triunfen en los rankings de audiencia?

13. ¿Por qué la Unión Europea, y antes España, impone aranceles a los productos agrícolas del Tercer Mundo, impidiendo su desarrollo y forzándoles a ser pobres? ¿Por qué mil millones de personas en el mundo viven con menos de un dólar al día y las vacas europeas reciben una subvención diaria de dos dólares?

14. ¿Es favorable al Homeschooling? ¿Por qué en España es ilegal?

15. ¿Conocía liberalismo.org y redliberal.com? ¿Qué opinión le merecen?

ZP no pudo resistir la enfermedad populista que padece la izquierda desde la francesa Revolución de la guillotina -populismo perfilado y mejorado por socialistas tan insignes como Lenin, Münzenberg, Mussolini o Goebbels- y tuvo que sacar a relucir la guerra de Irak y la Constitución Europea durante el debate contra el Plan Ibarreche.

Si lo primero ya raya el hastío antiamericano y el infantilismo ridículo, lo segundo se enmarca dentro de la propaganda política más obscena; no sólo por parte de ZP, sino también de un Rajoy que, si bien excelente en su discurso, tampoco pudo evitar contraponer la Constitución Europea al Plan Ibarreche.

Parece como si los proponentes del SI a la mal llamada Constitución Europea, en especial ZP, hubieran pedido el apoyo a la misma como un plebiscito antiPNV. Parece que votar NO a la Constitución Europea supone darle alguna clase de alas o impulso al nacionalismo.

Que quede una cosa clara, la Constitución Europea no obstaculiza en ningún caso el Plan Ibarreche. Quien piense votar SI el 20 de febrero para frenar la desmembración de España, simplemente se está equivocando de pedal. Precisamente, el PNV ha pedido el voto favorable a la Constitución alegando que su plan secesionista no se verá obstruido. Y aunque lo obstruyera, ¿por qué debería el PNV acatar los supuestos mandatos antisecesionistas de la Constitución Europea cuando no respeta los de la Constitución española?

Uno tiene la impresión que intenta reeditarse el "España antes roja que rota", pero con el sujeto europeo. Hoy por hoy, la unidad de España es deseable porque salvaguarda unas libertades, sobre todo en el País Vasco, que serían sustituidas por un estamentalismo barroco, en caso de que el etnonacionalismo triunfara con su solución final. En otras palabras, la defensa de España se fundamenta en que, por ahora, una España rota sería una España roja.

Ahora bien, rubricar la Europa roja que nos propone esta liberticida Constitución, con el único pretexto de que ahuyentaremos los vernaculismos y consolidaremos el Estado-nación, se me antoja una dislocación de medios y fines. ¿Qué sentido tiene enfrentarse al nacionalismo por antiliberal mediante un texto que recorta nuestras libertades? ¿Qué sentido tiene enfrentarse a una eliminación regional de las libertades universalizando esa eliminación?

Si queremos seguir defendiendo alguna libertad frente a las pretensiones nacionalistas debemos votar NO el día 20. En caso contrario, Giscard D'Estaing y su tropa de colectivistas, le habrán hecho por adelantado el trabajo sucio al nacionalismo.

Hoy se cumplen los 100 del nacimiento de Ayn Rand. Uno de los mayores especialistas de España sobre la materia, nuestro querido Toni Mascaró, ha escrito este magnífico homenaje.

Por cierto, espero -creo que con fundamento- que mis reiteradas peticiones para que vuelva al mundo de las bitácoras pronto se vean satisfechas.